A diez años de la despenalización, en dos de cada diez policlínicas la mayoría de los ginecólogos se niegan a practicar el aborto

Un escenario similar viven las mujeres de la capital de Colonia, las usuarias del Círculo Católico de Montevideo o aquellas del Hospital Militar, las de la principal mutualista de Paysandú y de otros 16 centros de salud del país que están habilitados y registrados para que las uruguayas gocen de un derecho que la ley les dio hace una década.

Según los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, a los que accedió la organización Mujer y Salud Uruguay mediante una solicitud de acceso a la información pública, en el 21% de los centros de salud la mayoría de los ginecólogos —léase la mitad o más— presentó su objeción de consciencia por la que se niega a practicar los abortos legales.

A diez años de la despenalización del aborto en Uruguay, “la objeción de consciencia de los médicos termina siendo un obstáculo y una barrera para los derechos consagrados por ley”, dice la activista feminista Lilián Abracinskas, directora de MySU.

No es la impresión aislada de una ONG. El Estado uruguayo ya recibió dos tirones de orejas de comisiones de Naciones Unidas por este mismo problema. En 2016, el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer pidió que se incorporen criterios más estrictos de justificación de la objeción de consciencia de los ginecólogos. Y un año después, en Ginebra, el Comité de Derechos Sociales le recomendó al Estado que “se asegure que el ejercicio de la objeción de consciencia no sea un obstáculo”.

Sucede que la objeción de consciencia es un derecho también consagrado en la ley, pero que, según la normativa, no debe limitar el derecho de las usuarias: eso supone la derivación en tiempo y forma, la justificación de por qué el profesional se niega y un largo etcétera.

Cuando la nómina de ginecólogos que se niegan a practicar un aborto (o a una fase del proceso) era pública, previo a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la declarase confidencial, pudo detectarse que en Paysandú había un ginecólogo que objetaba consciencia en el prestador público en el que trabajaba, pero no en el privado. “¿Cómo es posible que la consciencia de una misma persona cambie según el centro de salud en el que trabaje?”, se pregunta Abracinskas.

No es el único ejemplo. Cuando una mujer que estaba en el proceso de aborto fue a la etapa de consulta luego de haber tomado las pastillas abortivas —etapa que se conoce como IVE 4—, la ginecóloga detectó que todavía había embrión vivo y, pese a estar en plazo legal, le dijo que no había nada que hacer… tenía que tener al hijo.

Esa misma médica, que era objetora de consciencia en el IVE 3 —etapa anterior en que se da la medicación u otro método—, acabó siendo tiempo después la directora de la red de policlínicas de ASSE para Montevideo.

El presidente del directorio de ASSE, Leonardo Cipriani, es contrario a la despenalización del aborto. Como no es ginecólogo, tampoco está obligado a formalizar ningún tipo de objeción. Pero cuando integraba el Círculo Católico fue uno de los que incidió para que la institución (al igual que el Evangélico) tuviesen objeción como centro y no a título de cada ginecólogo. 

“Lo que yo piense a título personal no tiene ni debe incidir en nada en el cumplimiento de la ley”, aclaró Cipriani a El Observador. Como ejemplo, citó, “en Mercedes tenemos un problema por la cantidad de objetores de consciencia y en ese caso ASSE se hace cargo de todo para la derivación a Dolores, a 30 kilómetros”.

Abracinskas reconoce que “existe un vacío” sobre qué ocurre cuando, por objeción de consciencia, la paciente es derivada a otro centro asistencial. “En teoría su prestador de salud debe pagar todos los gastos, el traslado, la medicación… pero no siempre es tan claro. Tampoco queda claro cómo justifica la mujer el motivo por el que se ausenta del trabajo y pide licencia médica, eso es especialmente difícil con las mujeres policías. Y tampoco está muy claro qué pasa cuando el médico al que fue derivado prescribe una medicación que no funciona o causa problemas, porque el ginecólogo de su pueblo que objetó consciencia debería igual dar una solución en el momento”.

La Red de Acompañamiento Feminista en Aborto, Lila, recibe decenas de llamadas de mujeres en Uruguay a las que, pese a estar comprendidas en la ley, no se les da la información suficiente o la debida atención. Pasa con muchas inmigrantes recientes o con adolescentes a las que el ginecólogo se les negó a practicar el aborto y quedan a la deriva.