Nacional > Polémica decisión

Exdirector de DGI asegura que repetiría el proceso que embargó a Casal pero Mujica perdonó

Nelson Hernández aseguró que un juicio por daños y perjuicios de parte de Casal hubiera tenido “pocas posibilidades de éxito”
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05 de septiembre de 2018 a las 14:20

El exdirector de la Dirección General Impositiva (DGI), Nelson Hernández, aseguró que si tuviera que a repetir el proceso que derivó en el embargo al empresario Francisco “Paco” Casal y de la tipificación de una deuda de US$ 100 millones por defraudación tributaria, volvería a hacer exactamente lo mismo que hizo en aquel entonces pero que finalmente el Poder Ejecutivo, encabezado por José Mujica, perdonó. 

Hernández compareció ante la comisión investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos que funciona en la Cámara de Diputados convocado por el diputado colorado Adrián Peña para conocer el trabajo de la DGI, que él encabezaba, en este caso. Hernández fue quien en 2009 había firmado la resolución que ordenó el embargo e iniciar acciones legales por la evasión. En tanto, Casal accionó por su parte una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

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“Si yo me encontrara al frente de una situación como esta, en otro momento, volvería a hacer exactamente lo mismo que hice. No hubiera hecho nada distinto. A veces, uno puede reconsiderar sus actos y decir: 'Bueno, me confundí acá o esto lo habría hecho de esta forma u otra', pero en este caso tengo la absoluta certeza de que volvería a hacer exactamente lo mismo”, dijo según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador

El exdirector de la DGI aseguró que no entendió la razón por la que el gobierno decidió perdonar al empresario, según publicó el portal Ecos este lunes. En 2013 Mujica decidió presentar un recurso de avocación y desconoció la resolución de la DGI por la posibilidad de un juicio de parte del empresario debido, según el expresidente, a los errores cometidos durante el proceso. Este tipo de recurso se presenta cuando un órgano jerárquico toma una decisión por el subordinado. Esta decisión generó un fuerte cruce entre Mujica y el entonces vicepresidente Danilo Astori. 

Para Hernández un posible juicio por daños y perjuicios tenía "pocas posibilidades de éxito". “La Dirección General Impositiva con todos sus servicios había determinado que sí había defraudación tributaria; no solamente infracción de defraudación, sino defraudación penal”, dijo el exjerarca y agregó que no recuerda otro caso en el que un presidente haya incidido de esa forma o en el que se haya presentado un recurso de avocación. 

El trabajo de la DGI tenía que ver con la intermediación en la comercialización de derechos federativos de jugadores de fútbol. La actuación de la administración se refirió a determinar los tributos que gravan las utilidades derivadas de esa intermediación. El argumento que siempre plantearon los contribuyentes, según Hernández, fue que esa era una actividad íntegramente realizada en el exterior y no estaba alcanzada por los tributos nacionales. “A mi entender, esa posición carece de fundamento porque existía una inversión realizada por los titulares que adquirían esos derechos en el país”, dijo. 

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En la comisión, Hernández recordó que la decisión de tipificar la defraudación fue resuelta por una mesa de técnicos de la DGI y no por una sola persona. Sobre los posibles errores en el expediente, uno de los argumentos de Mujica para justificar su decisión, el exdirector aseguró que desconocía a qué errores se refería pero recordó que el Poder Judicial había fallado a favor de la administración en todas las objeciones presentadas por el empresario. “Todas las objeciones que pudiera haber realizado el contribuyente ya las había hecho ante el Poder Judicial y habían sido resueltas a favor de la administración”, dijo ante la comisión. 

Además, Hernández recordó que la resolución de la DGI había sido confirmada en primera instancia por el Poder Ejecutivo pero luego se quiso corregir la tipificación de defraudación y, cuando Mujica tomó la resolución, solo faltaba que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se expidiera al respecto. 

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