El presidente José Mujica tiene decidido cerrar el expediente por el cual la Dirección General de Impositiva (DGI) pretendía cobrarle al empresario Francisco Casal
US$ 10 millones por una presunta evasión tributaria. La solución más probable es aplicar la avocación del sumario. Ese recurso se aplica cuando un órgano jerárquico toma una decisión por el subordinado. En este caso, el Poder Ejecutivo (el presidente con el ministro del ramo) se avoca y resuelve revertir una resolución administrativa tomada por la Impositiva.
Mujica decidió clausurar el expediente de la DGI a Casal
Astori pretende que el empresario firme un acuerdo en el que se comprometa a no litigar al Estado