El Frente Amplio quiere volver a suavizar una de las iniciativas que el gobierno tenía previsto aplicar en su plan de seguridad y convivencia. La comisión bicameral que desde hace meses analiza los seis proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, logró ayer un principio de acuerdo para no imponer la pena mínima de un año a los menores que cometan delitos gravísimos en grado de tentativa. La tentativa se configura cuando el delito se intenta pero no se llega a consumar.
De esta forma, una vez más los legisladores moderan las intenciones del gobierno, que inicialmente se había mostrado más duro en la batería de proyectos de seguridad. Días atrás anunciaron que harán una nueva redacción del proyecto de internación compulsiva porque no concuerdan con la idea de la internar a los adictos en forma obligatoria.
Las tentativas –en este caso de homicidio, violación, rapiña y secuestro– están penadas en el Código de la Niñez y la Adolescencia a discrecionalidad del juez, con un máximo de cinco años. La idea del Poder Ejecutivo era que tuvieran igual pena mínima que esos mismos delitos consumados, pero en el FA no se acepta esa postura.
Según dijo a El Observador el diputado Nicolás Pereira (CAP-L) en la reunión mantenida ayer por la tarde “hubo un acuerdo general” para eliminar las tentativas del proyecto, que seguirán penadas en el Código pero no se les aplicarán los doce meses previstos inicialmente, sino que el juez seguirá manteniendo la discrecionalidad para decidir. Pereira dijo que la idea es eliminar la pena mínima sobre la tentativa para diferenciarla del delito consumado, que de lo contrario tendría el mismo castigo.
El acuerdo aún no se cerró por la ausencia de algunos senadores en la reunión, pero la postura general es de llevar adelante la iniciativa. El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) indicó que “se está avanzando en esa posibilidad”, aunque prefirió no confirmar el acuerdo. El jueves próximo volverán a reunirse para cerrar las modificaciones y avanzar en otros proyectos del paquete de medidas de seguridad.
De la reunión participaron también el director de secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, y uno de sus asesores legales. Según Pereira, manifestaron su acuerdo con las futuras modificaciones, luego de consultar con el ministro Eduardo Bonomi.
El original
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 27 de junio establecía el aumento de penas a un año de nueve delitos considerados gravísimos. A su vez, señalaba que la tentativa y la complicidad de cuatro de estos delitos se penarían igualmente con, al menos, un año de prisión. La iniciativa del Ejecutivo proponía que “las medidas privativas de libertad tendrán una duración no inferior a los doce meses” para quienes cometan tentativa de las siguientes infracciones gravísimas con violencia contra las personas: “homicidio intencional con agravantes especiales”, “violación”, “rapiña” o “secuestro”.
Además de aumentar las penas para estos delitos, el proyecto del Ejecutivo establece una modificación más, de orden procesal. “La siguiente modificación tiene que ver con el procedimiento en general. Y atiende a los escenarios donde la infracción no es gravísima, y la situación procesal aparece como muy clara. Así, cuando hay conformidad expresa de las partes, se pueda abreviar el trámite y pasar directamente al dictado de sentencia definitiva (…). Se trata de una solución de economía procesal”, expresa la argumentación.
