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Frente Amplio se ausenta de sesión sobre denuncias contra Carrera y denuncia presión a la Justicia
Cuarenta y ocho horas después de haber sido interpelado, el ministro del Interior Luis Alberto Heber volverá este miércoles al Parlamento. Lo que cambiará es su rol –y sus interlocutores–. Por un lado, su comparecencia tendrá como objeto una denuncia contra un integrante de la oposición. Por otra parte, su exposición será únicamente ante legisladores del oficialismo, ya que el Frente Amplio decidió no participar.
El jerarca irá a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado para aportar documentación oficial sobre la denuncia por presuntas irregularidades cometidas por el senador frenteamplista Charles Carrera.
La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió no asistir a la sesión, según confirmó a El Observador su coordinadora, Liliam Kechichian.
La decisión venía siendo analizada en los últimos días y en su confirmación indicieron varios factores. El primero, según señalaron desde el Frente Amplio, es que vienen de "retirarle la confianza" al mismo Heber en su calidad de ministro. Este lunes, la oposición promovió sin éxito una moción de censura en contra de Heber al considerar insatisfactorias sus explicaciones en torno al polémico caso del pasaporte del narco Sebastián Marset.
Pero como razón de fondo para ausentarse de la sesión respecto a Carrera, el Frente Amplio sostiene que el caso que involucra a su senador está en la órbita judicial. "Si Heber quiere denunciar algo allí es el lugar", señaló el senador Enrique Rubio, quien señaló incluso que la acción del ministro y del oficialismo constituye una vía para presionar a la Justicia.
El tercer motivo está vinculado a lo político y pasa por el respaldo absoluto a su correligionario ante los cuestionamientos. Rubio dijo que el oficialismo está desplegando una "política de escrache" en contra de Carrera a través de las redes sociales y de los medios de comunicación.
El senador es cuestionado por el caso que involucra a Víctor Hernández, un hombre que en 2012 recibió un disparo proveniente de la casa del entonces subcomisario de Policía de La Paloma, que lo dejó parapléjico y que a instancias de Carrera, por entonces director general del Ministerio del Interior, recibió "atención excepcional" en el Hospital Policial, sin ser funcionario. El caso, divulgado por Santo Seña (Canal 4) desató una investigación sobre el acccionar del actual legislador frenteamplista y motivó que el Ministerio del Interior retomara investigaciones internas.
La información de Heber, que ya fue aportada en una reunión con legisladores del Partido Nacional, señala que Hernández estuvo internado durante casi tres años y medio en ese hospital, con su hermano como acompañante y con el grado de suboficial, requisito indispensable para que poder recibir atención en ese lugar, pese a que ni ellos ni ninguno de sus familiares tienen algún tipo de vínculos con la Policía.
Carrera, según las actuales autoridades, ordenó además entregarles tickets de alimentación por $ 20 mil, equivalentes entonces al salario promedio de un agente. Heber estimó que todo esto significó un perjuicio de US$ 260 mil para las arcas del Estado. En el oficialismo entienden que los hechos tienen apariencia delictiva.
Un nuevo error
El Frente Amplio cuenta con cuatro de los nueve senadores que integran la Comisión de Seguridad y Convivencia. Además de Rubio está el propio Carrera que, como vicepresidente, fue el primero en adelantar que se ausentaría. El motivo alegado fue que no pensaba "exponerse" a lo que considera una maniobra política orquestada por el ministerio, según habían informado sus allegados a El Observador. Los otros dos senadores frenteamplistas son Mario Bergara y Oscar Andrade.
La presencia de Heber en la comisión responde a un pedido expreso de la coalición de gobierno, que a principios de este mes pidió que el tema tomara estado parlamentario para que el Poder Legislativo pudiera contar con información oficial sobre esta situación. Así se lo dijo a El Observador el senador nacionalista Jorge Gandini, quien lamentó la decisión de sus colegas frenteamplistas que perderán así la "oportunidad" de contradecir la denuncia.
Gandini consideró errónea la actitud del Frente Amplio, sobre todo cuando está en juego la conducta de uno de sus senadores. "No le aporta nada al senador, y menos al Frente Amplio", afirmó.
El dirigente nacionalista apuntó que la oposición incurre en el mismo error que el que cometió en noviembre del año pasado, cuando decidió no asistir a la interpelación que el oficialismo había promovido al ministro de Industria, Omar Paganini, relacionada a los sobrecostos de la construcción del Antel Arena. "Debió haberles servido de experiencia", sostuvo Gandini. El Frente Amplio también se retiró de la comisión investigadora sobre irregularidades en las licencias sindicales de docentes, al entender que se incurría en un "circo mediático".
Heber, que a mediados de este mes puso en antecedentes a la bancada del Partido Nacional, presentará este miércoles la documentación oficial correspondiente y algunos nuevos elementos vinculados al caso.
Interior insiste en que no existe ningún marco legal que respalde el accionar del actual senador frenteamplista. "Buscamos y rebuscamos y no encontramos nada", dijo en esa reunión el subsecretario Guillermo Maciel. Los únicos documentos que existen, reafirmaron las autoridades, son las autorizaciones directas en las que Carrera, como director general, habilitaba mes a mes a Tesorería a desembolsar esos fondos.
Los jerarcas del ministerio plantearon como algo imposible que un civil pueda recibir atención de ese tipo en el Hospital Policial. Si bien se contemplan excepciones ante casos de manifiesta emergencia, se trata de una posibilidad que siempre deberá estar vinculada a un funcionario policial, algo que no se cumplía en este caso. Al presentarlo como "suboficial", los dos hermanos recibieron habitaciones particulares, un beneficio que no le corresponde el personal subalterno.
Desde el Frente Amplio, por su parte, allegados al senador Carrera dijeron que no hubo una resolución habilitante sino que se trató de una "decisión política". "No vas a encontrar una resolución escrita que lo habilite", afirmaron a El Observador desde la izquierda.
Pocos días después de desatarse la polémica, Carrera había dado su versión a Radio Sarandí. Allí sostuvo que a Hernández nunca se le dio ningún "grado policial" para que pudiera recibir atención médica. Según Carrera, fue ante la solicitud de la familia –algo que contradice la versión de los damnificados– que se buscaron opciones y lo que se definió en su momento fue asistirlo en el Policial. "No es ilegal, porque se puede autorizar a que un civil, de forma excepcional, reciba allí atención", afirmó.
Al ser consultadas sobre este punto, fuentes del Frente Amplio allegadas al legislador explicaron que se trató de una "definición política". Más allá de detalles legales, los dirigentes de la coalición de izquierda consultados para esta nota señalaron que se trata de una prerrogativa de las autoridades ministeriales y que además registra antecedentes en otras administraciones, aunque no aportaron pruebas de ello.
En la entrevista con Informativo Sarandí, Carrera insistió en que Hernández nunca recibió ningún salario ni otro tipo de prestaciones por estar ingresado en el hospital con ese código y subrayó que lo que se le entregó fueron tickets alimentación para sostener la situación familiar.
Descartó además que con su accionar buscara “encubrir” a los policías: “Estoy absolutamente tranquilo por lo que se hizo en aquel momento; se actuó con responsabilidad y con humanidad”. Sobre el episodio puntual recordó que “en aquel momento todo indicaba, y en mi opinión sigue indicando hoy, que existió responsabilidad del comisario Martínez, que era el comisario de La Paloma. Desde esa casa, que es en la que vive el oficial que tiene que dar seguridad al pueblo, sale un disparo que impacta a esta persona, y la responsabilidad indicaba que era de los funcionarios policiales”.
