¿Falta de transparencia? Uno de cada seis pedidos de información pública es rechazado o denegado

“Cuando se aprobó la ley de acceso a la información pública, hace 15 años, Uruguay estaba en la vanguardia regional. Lamentablemente, el país se fue quedando atrás, la normativa vigente no está actualizada si quiera a los estándares básicos que exige la Organización de Estados Americanos y en la práctica se nota que Uruguay perdió pie”, dice el periodista Daniel Lema, representante de la sociedad civil ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UIAP).

El Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo, no respondió el año pasado el 85% de las solicitudes de acceso a la información pública que recibió. De los 763 pedidos que llegaron a la cartera, 290 fueron rechazados (en su mayoría eran preguntas de educación obligatoria sobre las cuales el MEC afirma que es competencia de la ANEP). Y otros 355 fueron denegados por “inexistencia” de la información. Así resulta de los datos abiertos que publicó la Unidad de Acceso a la Información Pública.

En este sentido, dice Lema, “está habiendo un abuso del artículo 14 de la ley por parte de los organismos”. Refiere a que por ese artículo la institución puede negar la información incluso cuando la posee pero no la tiene en una base de datos pronta, o cuando cuenta con la información y dice que no la procesó (como suele argumentar Salud Pública con los registros de muertos y nacidos vivos que recibe a diario). El periodista explica que “urge la necesidad de acotar las excepciones por las cuales los organismos pueden denegar las solicitudes", ya que entiende debe ser "la excepción y no la regla”.

En la misma línea, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública pidió al Parlamento una mayor precisión conceptual de las causas por las que declara la reserva y que están incluidas en el noveno artículo de la ley vigente, “en especial aquellas que refieren a seguridad pública, la defensa nacional o el daño a la estabilidad financiera, económica o monetaria del país”. El Ministerio del Interior es, a juzgar por la UIAP, uno de los organismos que más se ampara en este artículo: el último año denegó uno de cada seis pedido por “confidencialidad” o “reserva”, aduciendo, por ejemplo, que brindar la cantidad de vuelos del helicóptero policial pone en riesgo la seguridad pública.

Los abusos, dice Lema, “también se ponen de manifiesto en aquellas empresas públicas que están en competencia y niegan la información con la excusa de que esos datos podrían beneficiar a su competencia; pasa mucho con Antel”.

Otras instituciones que sí responden toda la información, a veces piden determinados datos de los solicitantes que escapan a la ley. Por ejemplo, jamás es necesario dar una explicación de los motivos por los cuales se solicita la información. El espíritu detrás de la transparencia es que la información es de la esfera pública, no es una propiedad del organismo, y punto.

Y otros organismos dejan que el plazo se venza porque saben que no existe sanción. OSE, por ejemplo, respondió el año pasado cuatro de cada diez pedidos fuera de plazo (210 en 511 solicitudes).

El senador frenteamplista Daniel Caggiani había presentado un proyecto de ley para acortar los plazos de respuesta, dado que Uruguay es uno de los países que permite más días, pero el proyecto no se aborda desde hace más de un año y está estancado en una comisión de Diputados.

Lema, quien había sido invitado a dar su opinión sobre el proyecto, reconoce que “en la comisión de Diputados le dieron sepultura” y que no es la única “pésima señal” que están dando los políticos sobre el tema. 

Ocurre que, por unanimidad, el consejo consultivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública le solicitó al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, que se incluyera en el actual proyecto de Rendición de Cuentas un artículo para facultar a la unidad la capacidad de observar, apercibir y multar a los organismos que incumplan la ley.

“Pero no hubo respuesta de Presidencia, no se incluyó el artículo y es una muy mala señal para la transparencia del país”, insiste Lema, quien aclara que la idea del artículo contaba con el apoyo “incluso de integrantes del gobierno”.

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública también había pedido que la UIAP goce de mayor presupuesto e independencia, dado que ahora está supeditada al Ejecutivo y al gobierno de turno. Pero tampoco hubo eco a esa petición.

Otros posibles cambios, generan más controversia: ¿por qué se necesita solicitar la información con nombre y apellido si los datos que se piden son (o deben ser) públicos y no importa quién ni para qué los demanda? En varios países, por ejemplo, no es necesario identificarse. En México, el Pato Donald es el personaje que más solicita información pública. La lógica es que al no identificarse se evita el rechazo de información, que puede ocurrir cuando se conoce quién la demanda, y que esto sirve como resguardo (sobre todo en países en los que organismos públicos están corrompidos por el crimen organizado y hay temor de pedir información identificándose).

Lema concluye que “pese a que los gobernantes hablan siempre de transparencia, hay pocas ganas de cambiar lo que está mal”.

Cuando era presidente, Julio María Sanguinetti dijo: “Fuimos avanzando con transparencia, ante la vista del periodismo y de la ciudadanía”. Luego vino Jorge Batlle y señaló: “Haremos todos los esfuerzos para lograr la total transparencia”. Más tarde llegó Tabaré Vázquez y argumentó: “Este gobierno se caracteriza por la austeridad republicana, la transparencia y el compromiso de mejorar la vida de los ciudadanos”: Mujica agregó: “El país ha operado con decisión y transparencia”. Y Luis Lacalle Pou insistió: “Yo soy garantía de transparencia”.

Pero en Uruguay, la sexta parte de las solicitudes de acceso a la información pública siguen siendo rechazadas o denegadas.