Acuerdo con Katoen Natie: fiscal archivó denuncia del FA por concesión en el puerto, pero cuestionó a Curbelo

Rodríguez no halló suficiente evidencia para que las conductas de los jerarcas del gobierno puedan ser tipificadas como delito, aunque sí puso en tela de juicio el accionar del presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. El Frente Amplio, por su parte, aseguró a El Observador que pedirá la revisión de esta decisión. 

La denuncia fue presentada por el Frente Amplio (FA) en 2021 por presuntos delitos graves y apuntaba contra cuatro jerarcas que participaron del acuerdo "perjuicioso" a juicio de la oposición. Esas autoridades eran Luis Alberto Heber –ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se firmó el acuerdo–, Juan Curbelo –presidente de la ANP–, Rodrigo Ferrés –prosecretario de Presidencia– y Juan José Olaizola –subsecretario de Transporte y Obras Públicas–. 

Según el dictamen de archivo de 185 páginas al que accedió El Observador, el fiscal Rodríguez sostuvo que la información recabada lleva a concluir "que las conductas que se pretenden imputar carecen de relevancia jurídico penal, no encontrando elementos para la configuración objetiva ni subjetiva del tipo requerido". 

"Pese a ello; reitero que, en mi opinión, el asesoramiento no fue correctamente brindado en el plano formal", afirmó el fiscal en referencia a que el presidente de la ANP prescindió del directorio a la hora de asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria, lo que a su entender "no resulta válido". 

Sin embargo, Rodríguez matizó que "resulta necesario tener en cuenta que la omisión (de Curbelo) de noticiar a los demás directores de las gestiones que venía cumpliendo, debe leerse en el contexto de la confidencialidad que también había sido dispuesta" por parte del Poder Ejecutivo. "Estos aspectos deciden la consideración de elementos subjetivos como el dolo típico y la exigibilidad de un comportamiento alternativo, aunque puedan existir válidos cuestionamientos a la forma de gestionar el acuerdo celebrado" con Katoen Natie. 

El fiscal opinó que los indagados “no han cometido delito alguno” y particularmente el “abuso innominado de funciones”, y agregó que el abuso exige el ejercicio de un “abuso del cargo” (actuación con separación, abuso o exceso del poder público funcional) el ordenamiento o comisión de “un acto arbitrario” realizado “en perjuicio de la Administración o los particulares” con el carácter residual aludido antes. Y para obrar “con dolo de realización” debe el agente conocer conscientemente que realiza la conducta prohibida".

Para archivar el caso, el fiscal Rodríguez tuvo en cuenta también el testimonio del exsecretario de la Presidencia, Miguel Toma, quien "además de actuar en nombre del entonces presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, era la persona encargada de llevar adelante los litigios y negociaciones vinculadas a arbitrajes internacionales, mucho de los cuales dio cuenta en su deposición en todos los que intervino; pero además, recibió el planteo de KNG lo analizó y conversó con el presidente entre octubre y diciembre del 2019; y fue el nexo de transición en tal extremo; con las nuevas autoridades que irían a asumir y a quienes recomendó negociar, puesto que la petición de la empresa, gozaba de los requisitos que la hacían verosímil de poder obtener éxito en un futuro proceso arbitral; pero también recomendó porque así se había actuado en el gobierno, que se llevaran a cabo las negociaciones con carácter “confidencial” ya que era propio de dichas negociaciones", evaluó el fiscal quien añadió que Toma lo habló con el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber y con el prosecretario Rodrigo Ferres, "marcando así las condiciones en que se gestaba dicho clima de consultas amistosas".

Por este caso fueron  declararon varios integrantes del gobierno, como Heber, Ferrés, Curbelo y Olaizola. También representantes de la empresa belga. El presidente Luis Lacalle Pou había defendido la actuación de sus jerarcas una vez que la oposición presentó la denuncia en Fiscalía.