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Concesión del puerto: gerentes de Katoen Natie declararon este martes en fiscalía
El gerente general de Katoen Natie, Vincent Vandecauter, y el de Relaciones Institucionales, Fernando Correa, fueron los primeros en declarar en Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos por la denuncia del Frente Amplio a raíz de la concesión del puerto. Tanto Vandecauter como Correra declararon en calidad de testigos y está previsto que este período de citaciones a fiscalía sea extenso y sean muchos los actores comparecientes.
El interrogatorio que lideró el fiscal Gilberto Rodríguez comenzó sobre las 13 horas y se extendió hasta casi las 17. Los gerentes se presentaron en la sede de Cerrito y Misiones sin abogado y contestaron todas las preguntas. Se les consultó sobre cómo intervinieron en el acuerdo y qué participación tuvieron.
En la sala también estuvieron presentes Paul Pereira Schurmann (abogado del gobierno) y Eduardo Florio (abogado del Frente Amplio). Este miércoles declarará la vocal por el Frente Amplio en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alejandra Koch, y el jueves Daniel Loureiro (vicepresidente de la ANP) y el gerente del área Jurídico Notarial, Edgardo Amoza. Él es autor del “documento clave” que según el FA, el presidente de la ANP Juan Curbelo “ocultó “. El escrito, al que tiempo atrás accedió El Observador, revela que el Poder Ejecutivo omitió informar en esa instancia sobre un expediente en el que la ANP ya se había expedido sobre el reclamo del Katoen Natie.
Fue en octubre de 2019, pocos días después de que los belgas realizaran su petición. La respuesta del ente fue precedida de un informe del gerente de la División Jurídica de la ANP, Amoza, en el que se rechazó el reclamo de la compañía. Esa respuesta fue aprobada por el directorio, entre ellos por Curbelo, que en ese momento era representante por la minoría y que se abstuvo sin fundamentar su posición.
En su análisis, Amoza sostenía que la postura de Katoen Natie implicaba desconocer la normativa portuaria como un sistema. También señalaba que la propia ley de Puertos establece que en ningún caso el uso de los muelles podrán constituir un monopolio de hecho en manos de agentes privados y que, además, la tarea del Estado es vigilar la vigencia de la libre competencia.
Las acusaciones del FA y la respuesta del gobierno
La denuncia penal que el Frente Amplio presentó ante la Justicia en dos etapas pide que Curbelo, el entonces ministro de Transporte Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, sean indagados por su responsabilidad en los eventuales perjuicios que generó si accionar al interés público.
La oposición entiende que se utilizó una "excusa infundada" para evitar un supuesto juicio millonario contra el Estado y así firmar el acuerdo con Katoen Natie en el que los negociadores, "de manera absurda, inverosímil e inexplicable", le otorgaron a la empresa un monopolio privado sobre el puerto. Algo que representa una violación al numeral 17 del artículo 85 de la Constitución, que implica que una iniciativa de ese tipo requiere mayorías parlamentarias especiales.
En el proceso, se afirma, también se violó el artículo 51 de la Carta Magna. Allí se indica que, en el caso de las concesiones de servicios públicos, el Estado debe homologar el establecimiento y la vigencia de nuevas tarifas por parte del concesionario. Un aspecto que tampoco se cumple en este caso, al entenderse que la multinacional belga puede actuar a voluntad.
Según el estudio del FA, el equipo negociador del gobierno violó también varios pasajes de la de la ley de Puertos. El artículo 7, que pone en manos del Estado la definición de la política portuaria y el control de su ejecución, además de tener que velar por el respeto al principio de la libre competencia entre diversos operadores y la libertad de elección de los usuarios para elegir el que consideren mejor para sus intereses.
La tesis del Frente Amplio es que un cambio en las políticas portuarias debe ser establecido también a través de una ley. El foco está puesto además en la ley 17.243, la primera “ley de urgencia” aprobada en el gobierno de Jorge Batlle, que en su artículo 20 establece la posibilidad de que el Estado se asocie con capitales privados para la explotación de una terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo, pero que limita el plazo a 30 años.
La denuncia apunta también a la firma de dos decretos, 114/021 y 115/021, vinculados al acuerdo firmado con Katoen Natie. El primero, publicado el 21 de abril, establece un nuevo contrato de gestión de la terminal de contenedores. El segundo, de la misma fecha, incluye el nuevo reglamento de atraques de buques. Allí, cualquier modificación a esos decretos requiere el aval de Katoen Natie, lo que configura una “cesión de soberanía”.
El eventual juicio sería un diferendo alegado por la empresa en cuanto al tratamiento que estaría recibiendo por parte del Estado, en un reclamo que había sido estimado en febrero del año pasado en US$ 1.500 millones. Ese fue el argumento que utilizó Lacalle Pou cuando anunció el acuerdo con Katoen Natie.
