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Se trata de un expediente de 2019, entregado por reclamo de Fiscalía.

Nacional > Puerto de Montevideo

FA acusa al presidente de ANP de ocultar documento clave que rechazaba demanda de Katoen Natie

Investigación de Fiscalía sacó a relucir un expediente que a juicio de la izquierda fue "ocultado" a senadores y al Tribunal de Cuentas; Curbelo niega la acusación y dice que otros documentos encontrados dan la razón al gobierno

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01 de abril de 2022 a las 05:04

El Frente Amplio prepara una denuncia contra el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, al que acusa de haber ocultado en forma "deliberada" información clave en torno al polémico proceso que derivó en la extensión de la concesión, hasta 2081, de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo a la multinacional Katoen Natie.

Se trata de un expediente que salió a luz en el marco de la investigación que el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, abrió a partir de una denuncia penal que la oposición presentó el año pasado, y en la que se reclaman una serie de responsabilidades a varios jerarcas del Poder Ejecutivo que actuaron en el caso. El documento, a juicio del Frente Amplio, implica un claro antecedente que el Estado pudo usar para oponerse a los reclamos efectuados por la empresa, que amenazaba con un juicio internacional.

Uno de los principales reclamos de Katoen Natie estaba relacionado con su interpretación del artículo 72 del decreto 183/94. Allí se establece, en forma literal, que las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en instalaciones especializadas en ese fin. En base a eso, la firma insistió en que hubo un incumplimiento por parte del Estado, lo que la llevó a transitar una negociación previa a un arbitraje internacional, saldado finalmente con el acuerdo de ampliación de la concesión de la terminal de contenedores en febrero del año pasado. 

Los belgas, que desde 2001 controlan la terminal a través del 80% accionario de Terminal Cuenca del Plata SA, alegaron que distintas medidas de la ANP favorecieron a lo largo de los años a su principal competidora, Montecon, permitiéndole entre otros temas dar servicio de refrigeración de contenedores en los muelles públicos.

Su interpretación, tanto de ese decreto como de las condiciones establecidas en la licitación que le adjudicó la terminal, era que todos los barcos tenían que ser derivados en forma prioritaria a la terminal especializada bajo su control y no ser operados por otras empresas. 

En mayo del año pasado tres senadores del FA habían efectuado un pedido de acceso a la información pública en el que, entre otros aspectos, reclamaron todos los informes jurídicos relativos a la interpretación y vigencia de esa normativa; en particular según lo indicado en la ley de Urgente Consideración aprobada durante el gobierno de Jorge Batlle, que autorizó al ente portuario a asociarse con privados en terminales de ese tipo.

Pero la aparición del nuevo documento, al que accedió El Observador, revela que el Poder Ejecutivo omitió informar en esa instancia sobre un expediente en el que la ANP ya se había expedido sobre el reclamo del Katoen Natie.

Fue en octubre de 2019, pocos días después de que los belgas realizaran su petición. La respuesta del ente fue precedida de un informe del gerente de la División Jurídica de la ANP, Edgardo Amoza, en el que se rechazó el reclamo de la compañía. Esa respuesta fue aprobada por el directorio, entre ellos por Curbelo, que en ese momento era representante por la minoría y que se abstuvo sin fundamentar su posición.

En su análisis, Amoza sostenía que la postura de Katoen Natie implicaba desconocer la normativa portuaria como un sistema, que no puede ser interpretados en forma aislada. También señalaba que la propia ley de Puertos establece que en ningún caso el uso de los muelles podrán constituir un monopolio de hecho en manos de agentes privados y que, además, la tarea del Estado es vigilar la vigencia de la libre competencia. 

Para el gerente de la División Jurídica de la ANP resulta especialmente relevante el decreto 137/001, que fue el que estableció el régimen de gestión de la terminal de contenedores, a cargo precisamente de Terminal Cuenca del Plata SA. Entre otros aspectos, allí se indica que "la terminal será pública" y que "brindará servicios en condiciones de libre competencia con otros operadores que actúen en otros muelles del Puerto de Montevideo". 

Mientras que se allanan a los argumentos de Katoen Natie señalan que esa mención a las "condiciones de libre competencia" hace mención a otro tipo de servicios, como los intrapuerto, en sus conclusiones Amoza sostuvo que la ANP se mantuvo dentro de la normativa al permitir actuar a Montecon, y por lo tanto recomendó desestimar la petición de la multinacional.

En el Frente Amplio se señala que el ente omitió anexar este expediente al pedido de acceso a la información pública que la oposición realizó sobre todas las actuaciones del proceso.

Según la oposición, el informe fue expedido en respuesta a una actuación preparatoria de la empresa ante las negociaciones con el gobierno. "Debió integrar los antecedentes del acuerdo y, sin embargo, fue ocultado", señala un análisis legal en poder de los senadores frenteamplistas. 

La respuesta, se agrega, fue recurrida por Katoen Natie y revocada por la ANP por razones de forma, al no haber dado vista previa. Luego el ente corrigió el procedimiento y la asesoría jurídica le indicó al directorio que debía volver a dar la misma respuesta. Según los asesores legales del Frente Amplio, Curbelo (aún vocal de la oposición) pidió allí la suspensión del expediente para su reconsideración. "Días después asumió como presidente de la ANP y nunca más sometió a consideración del directorio la resolución proyectada por el organismo, que no hacía lugar a la petición" planteada por los belgas. 

El planteo del FA, que pedirá al fiscal Rodríguez que considere este nuevo antecedente, recordó que el Poder Ejecutivo le terminó dando la razón a Katoen Natie en mayo de 2020, fecha que en la que se firmó la primera acta de negociación. Para ese entonces el informe se conocía desde seis meses antes, entre ellos por el propio Curbelo. "Es imposible que no tuviera presente su existencia", se afirma. Para los demandantes el tema es fundamental ya que, al contrario de lo que indicó el gobierno en su momento, había por lo menos un informe rechazando el reclamo de la multinacional. 

Un informe que, se agrega, debió haber sido incluido también en la información que pidió la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, cuando en abril del año pasado se decidió interpelar al entonces ministro Luis Alberto Heber.

"La ANP le ocultó a los senadores este informe, violando la ley de Acceso a la Información Pública, que determina que negar dicha información constituye una falta grave", se afirma. Su ocultamiento, se reclama, impidió que los legisladores accedieran a antecedentes fundamentales  a la hora de la interpelación al ministro, lo que configuró una "obstrucción al control parlamentario". 

El informe, se indica, debió haber sido enviado también al Tribunal de Cuentas, que este miércoles, con una mayoría dividida y sin este antecedente, optó por no objetar la actuación del gobierno en el proceso de extensión de la concesión de la terminal. 

Más allá de las consecuencias sobre su implicación en el proceso que investiga el fiscal Rodríguez, los asesores legales del FA señalan que la conducta de Curbelo incurre en lo previsto por el artículo 31 de la ley de Acceso a la Información Pública. Allí se indica que, sin perjuicio de eventuales responsabilidades civiles o penales, constituirá una "falta grave" la denegación de información que no esté clasificada como confidencial o reservada, así como la omisión o el suministro parcial de la información requerida, actuando con negligencia, dolo o mala fe. 

Otro reglamento

Consultado por El Observador este jueves, Curbelo negó en forma terminante las acusaciones y reivindicó la transparencia con la que actuó la administración al entregar toda la información disponible. El presidente de la ANP dijo desconocer el expediente al que se refiere el análisis del Frente Amplio. 

Curbelo informó además de la aparición de otro nuevo elemento, a partir de un relevamiento sobre toda la normativa vigente en la materia que fue encargado por las autoridades. Se trata de un régimen de atraques que fue aprobado por el ente portuario en 1993 y que, a su entender, reafirma la postura del actual Poder Ejecutivo en torno al asunto.

En ese documento, en su artículo 7, se establece que estando ocupado el muelle de escala ocupado y habiendo disponibilidad de muro en dársena, se podrá otorgar atraque precario a un buque portacontenedor para adelantar operaciones, no perdiendo sin embargo el turno de atraque con el muelle de escala. En caso de que el buque decida completar la operación en dársena, deberá comunicarlo oficialmente . 

Según Curbelo, esta disposición está totalmente alineada con el dispuesto en el artículo 72 del decreto de 1994 al que aludió Katoen Natie. "No hay mucho que interpretar", concluyó el presidente de ANP. 

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