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FA ampliará denuncia penal por concesión en el Puerto ante "abuso" del Ministerio de Economía
Varios senadores del Frente Amplio presentarán en los primeros días de febrero una ampliación de la denuncia penal por la extensión de la concesión de la terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo, que apunta como responsables a cuatro jerarcas del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Mientras esperan que se levante la feria judicial y se retome la causa, en la oposición ya tienen pronto un escrito que será elevado el 9 de febrero ante el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, que añade a la denuncia dos nuevos elementos surgidos en las últimas horas, según explicó a El Observador el senador Charles Carrera (MPP).
Uno de ellos es la “injerencia indebida” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al interrumpir una investigación que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia venía realizando a instancias de la empresa Montecon, en torno al acuerdo firmado con Katoen Natie que le extendió a la multinacional belga el control de la terminal de contenedores hasta 2081 y al que la oposición señala como “ilegal” e “inconstitucional”.
La nota del MEF –consignada el martes por La Diaria y a la que accedió El Observador–, firmada el 21 de enero por el ministro interino Alejandro Irastorza, revocó una decisión por parte de la comisión el pasado 17 de setiembre, en la que se hacía lugar a una denuncia que había presentado la empresa Montecon contra el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos.
En esa denuncia de Montecon ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, también se demandó a Terminal Cuenca del Plata SA, integrada en un 80% por los belgas y en 20% por Estado, así como a las subsidiarias Seaport Terminals NV, Seaport Terminals Montevideo SA y Nelsury SA.
Esas firmas interpusieron luego un recurso de revocación y jerárquico contra la decisión de la comisión, que según había informado en su momento el semanario Búsqueda, advirtió “la existencia de las prácticas anticompetitivas” denunciadas por Montecon, sin por eso acceder al pedido de suspensión del acuerdo.
Montecon argumentó que a raíz del acuerdo ya no rige la libre competencia en la carga y descarga de contenedores en la terminal portuaria capitalina.
Sin embargo, la resolución del Ministerio de Economía firmada por Irastorza consideró que de los antecedentes administrativos “no surge la fundamentación que ampare la denuncia”, cuya admisión “carece de motivación suficiente”. El titular interino del MEF ordenó así el retorno de las actuaciones a la comisión.
“Nos parece un abuso la práctica utilizada por el Poder Ejecutivo”, apuntó Carrera, que cuestionó que se esté “impidiendo que un órgano como la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia pueda investigar el caso”. A su juicio, el asunto pone en evidencia “el nivel de complicidad” que existe en el gobierno para mantener un “acuerdo ilegal cercenando la autonomía de sus propios organismos”.
La directora de la ANP en representación del FA, Alejandra Korch, también cuestionó la decisión del MEF, que a su juicio “erosiona” la fortaleza institucional del Estado y su rol como rol del Estado como protector de la libre competencia frenando la investigación.
La jerarca remarcó que, en el marco de la investigación de la comisión, solo Katoen Natie interpuso recursos contra la denuncia. Ni el Poder Ejecutivo y ni el Ministerio de Transporte, consignó, comparecieron o aportaron pruebas.
Plan de negocios
Por otra parte, el Frente Amplio logró acceder al plan de negocios que Katoen Natie había presentado en 2002, luego de que la multinacional belga ganara la licitación para invertir en la construcción de una plataforma especializada en contenedores en el puerto y operarla por 30 años, asumiendo el 80% de las acciones de Terminal Cuenca del Plata.
En ese plan, según Carrera, la empresa “reconoce que estará bajo un régimen de libre comercio” y, por lo tanto, sabía que “iba a estar en competencia con los muelles públicos” y que no iba tener la exclusividad en el manejo de los contenedores. Para el senador se trata de una prueba más de que el gobierno actuó en este tema de forma "inconstitucional" y favoreció un "monopolio de hecho" en la terminal portuaria.
Carrera apuntó además que el gobierno no está aplicando en todo su vigor el decreto que instauró el “monopolio” en favor de consorcio belga, vigente desde el 1 de enero. Desde la oposición afirman que el Ejecutivo lo hará recién luego del referéndum del 27 de marzo contra la ley de Urgente Consideración (LUC). La razón, según el senador, es que en el oficialismo se teme por una “incidencia negativa” en el resultado, habida cuenta del "perjuicio" que el acuerdo implicará sobre los puestos laborales de 700 trabajadores.
Cuatro jerarcas implicados
La denuncia penal que había presentado el FA a fines de setiembre del año pasado apunta directamente a la presunta responsabilidad del entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, del subsecretario Juan José Olaizola,el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y del presidente de la ANP, Juan Curbelo.
La tesis de la oposición señala que el acuerdo con la multinacional configura la comisión de delitos “muy graves” y actuaciones “ilegítimas”, además traerán una serie de perjuicios al Estado. La denuncia habla de "usurpación de funciones" y "falsificación ideológica", entre otros aspectos, a raíz de una serie de decisiones que se tomaron al margen de los organismos competentes.
