El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, declaró este martes en la fiscalía por la causa Katoen Natie y reclamó que durante 10 años el gobierno del Frente Amplio "permitió a una empresa operar en el puerto sin un titulo habilitante de la ley de puertos", dijo. Fue "en desmedro del Estado uruguayo, por fuera de la ley. Es una vergüenza, y eso vinimos a decirle al fiscal", señaló, en declaraciones a la prensa.
"Cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación ilegal e irregular (...) A todas luces ha sido una vergüenza", añadió.
El jerarca defendió el acuerdo que el gobierno de Luis Lacalle Pou alcanzó con la empresa belga Katoen Natie. "Celebramos un acuerdo muy bueno para el país, ajustamos la operativa portuaria a derecho. Se había violentado en administraciones anteriores la ley de puertos y se había permitido funcionar a una empresa, fuera de la ley", insistió.
Para Ferrés, "las autoridades anteriores deberían hacer una autocrítica, mirarse para adentro y decir: que pasó, por qué llegamos a esta situación". Sostuvo que el actual gobierno prorrogó las concesiones portuarias en cumplimiento de la ley.
"Venimos a darle un testimonio al fiscal de lo que sucedió en administraciones anteriores con una ilegalidad manifiesta", reclamó.
Ferrés compareció ante el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez por la denuncia del Frente Amplio sobre el contrato de concesión de la terminal especializada en contenedores que firmaron el gobierno y Katoen Natie en 2021.
Ferrés asesoró jurídicamente al gobierno durante las negociaciones del contrato, desde marzo de 2020. "Acá el que asesoró fui yo. Realicé un informe jurídico interno que fue una hoja de ruta de trabajo que después la entregamos en la Comisión de Transporte del Senado. Allí explico toda la legitimidad del acuerdo, desde la extensión del plazo hasta las normas que se violentaron", dijo el prosecretario en entrevista con El Observador.
El equipo de trabajo del gobierno para la negociación de la concesión estuvo conformado por Ferrés; el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el subsecretario del MTOP, Juan José Olaizola; y el presidente de la ANP, Juan Curbelo.
La intención principal del gobierno fue evitar un juicio de US$ 1.500 millones con el que Katoen Natie había advertido al gobierno por incumplimientos en el contrato firmado en 2001, debido a la actividad de la empresa chilena Montecon en los muelles públicos de la terminal.
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