Guido Manini Ríos caminaba ligero por la calle Reconquista en dirección a su auto. Salió del juzgado antes que los periodistas, que lo corrían una cuadra atrás, junto a Rivera Elgue –hombre de confianza del senador electo y jefe de campaña de Cabildo Abierto–. Al ser consultado en ese momento por El Observador sobre cómo evaluaba la audiencia a la que había asistido minutos antes para ser imputado por la fiscalía, respondió que “muy bien”.
El fiscal Rodrigo Morosoli pretendía imputar este viernes al excomandante en jefe del Ejército por no haber denunciado o avisado a las autoridades cuando el represor José Nino Gavazzo admitió ante el Tribunal de Honor en abril de 2018 que había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973. La jueza del caso, Marcela Vargas, y los defensores del general retirado, Juan Carlos Fernández Lecchini, Marcos Pacheco, y el diputado elector por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, esperaban el pedido de la fiscalía.
Pero todos se sorprendieron con la postura de Morosoli, que planteó de inmediato que consideraba que Manini Ríos ya gozaba de la protección de los fueros parlamentarios, de modo que serán los senadores elegidos por la ciudadanía este 27 de octubre los que deberán resolver por dos tercios de los votos si corresponde el desafuero del militar retirado, a partir del 15 de febrero, cuando se inicie el nuevo período legislativo.
Y lo hizo pese a que no hay consenso respecto al momento en el cual comienzan a regir los fueros de los legisladores, porque la Constitución establece que es “desde el día de su elección hasta su cese”, una expresión inexacta que da lugar a al menos tres interpretaciones: a que la inmunidad parlamentaria rija a partir del día en que se llevan a cabo los comicios; cuando la Corte Electoral proclama a los legisladores –que suele ser en enero–; o cuando los mismos sesionan por primera vez.
Morosoli eligió la primera de las opciones “sin perjuicio de que la Corte Electoral aún no efectuó la proclamación de rigor (momento en que la doctrina mayoritaria entiende que comienzan a regir los fueros parlamentarios)”, y aseguró que no desconoce “las diversas opiniones doctrinarias relativas al momento en que se le aplica a un candidato el estatuto”.
Y sobre el final de su exposición, expuso que lo hacía para respetar el “principio de separación de poderes”, para darle garantías a Manini Ríos, y para evitar que la causa fuera anulada luego por el Parlamento, en el entendido de que había un integrante del Poder Legislativo que había sido sujeto a proceso cuando tiene protección constitucional.
Cuando la jueza Vargas tomó la palabra, luego de que Fernández Lecchini dijera que estaba de acuerdo con la posición de Morosoli, admitió que la postura de la fiscalía la tomó por sorpresa.
“Yo pensé que el Ministerio Público iba a tomar la posición de que los fueros comenzaban a correr desde la proclamación; que todavía no lo han proclamado a Manini”, sostuvo. En efecto, la Corte Electoral todavía no terminó el escrutinio departamental, y el exjefe castrense no fue proclamado.
“Inclusive tenía a Justino Giménez de Aréchaga en esa posición, pero no la tomó”, seguía diciendo sorprendida la jueza Vargas, al citar a uno de los juristas más importantes de Uruguay, para quien los fueros empiezan a regir luego de la proclamación del órgano electoral.
“Ahora que entró acá no entró solo”, afirmó Vargas entonces, dirigiéndose a Manini. “Entró usted y entró el Parlamento. Simbólicamente. Y esto es la República. Y celebro que el Ministerio Público haya tomado esa posición”.
A continuación Morosoli leyó la fundamentación de su dictamen y argumentó por qué entiende que el líder de Cabildo Abierto es responsable del delito definido por el artículo 177 del Código Penal, que castiga al funcionario público que omitiera denunciar delitos, con una pena de tres a 18 meses de prisión
Para el fiscal, Manini Ríos tuvo intención de no hacerlo y citó para ello entrevistas en las que el entonces jefe castrense aseguró que lo hizo para no demorar el proceso, entre otras pruebas y testimonios que indican que nunca comunicó a sus superiores sobre la confesión.
Luego de la discusión de los fueros, Fernández Lecchini dijo que el fiscal “no tiene pruebas para iniciar una formalización” y que va a demostrar que su cliente puso al tanto del tema al exministro de Defensa, Jorge Menéndez.
Manini Ríos había dicho días antes en una entrevista que contaba con documentos que confirmaban esa comunicación.
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