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Jueza envía pedido de imputación a Manini al Parlamento por fueros
La jueza Marcela Vargas y el fiscal Rodrigo Morosoli coincidieron este viernes que el senador electo por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ya cuenta con los fueros parlamentarios, pese a que la Corte Electoral todavía no lo proclamó.
Por eso, tras escuchar los argumentos del fiscal y de la defensa del excomandante en jefe del Ejército, la jueza dispuso enviar el caso al Senado para que la cámara se pronuncie sobre el pedido de desafuero a Manini. "Se celebra la visión republicana del Ministerio Público y de los señores defensores", dijo Vargas al dar por concluida la audiencia.
El fiscal Morosoli dijo que si bien reconoce que puede haber otras interpretaciones prefiere la "posición más garantista". De esta manera, aseguró que aunque aún no hubo una "proclamación de rigor" la fiscalía, "sin desconocer las aristas a este punto tan delicado", entendió que aplica el criterio del artículo 114 de la Constitución que establece que los fueros se obtienen el día de la elección.
"En base a este razonamiento creemos que desde el domingo goza de privilegios constitucionales", afirmó Morosoli, que pidió imputar al excandidato por la omisión de denunciar delitos, algo que es obligatorio para los funcionarios públicos.
El audio de la sesión será enviado a la Cámara de Senadores para que resuelva, por 2/3 del total, si vota el desafuero de Manini. La nueva legislatura asume el próximo 15 de febrero.
A la salida del juzgado, el senador electo afirmó que le había parecido "muy bien" la conducción del caso por parte de la jueza. "Me pareció (la audiencia) normal y ajustada totalmente a lo que tiene que ser. Venía con intención de no ampararme en ningún tipo de fueros pero lo que determinó la jueza y el fiscal fue otra cosa", agregó en conferencia de prensa.
Manini era comandante en jefe del Ejército Nacional cuando sesionó el tribunal de honor militar en el que José Nino Gavazzo confesó haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973. Esa confesión se dio el 10 de abril de 2018.
Sin embargo, el exministro de Defensa, Jorge Menéndez, tomó conocimiento de esa admisión luego de que Manini Ríos le dejara el expediente de ese caso en su escritorio el 14 de febrero de este año.
Lo supo exactamente al otro día, cuando uno de sus asesores –Alfredo Maeso– le envió un correo electrónico con conclusiones de una primera lectura del expediente, advirtiéndole que estaba ese tema y otros relativos a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Menéndez –fallecido en abril– se reunió el 19 de ese mes con el presidente Tabaré Vázquez –quien declaró ante Morosoli que ese día se enteró de la confesión de Gavazzo y que ordenó dar pase a la denuncia– y al día siguiente lo supo Toma, al reunirse con el entonces titular de la cartera de Defensa.
Morosoli archivó las investigaciones en relación a los demás involucrados en el caso, entre ellos el presidente Tabaré Vázquez y el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma.
La defensa de Manini –compuesta por los abogados Marcos Pacheco y Juan Carlos Fernández Lecchini– se opone al envío al Parlamento de la audiencia y, por ende, al desafuero del senador electo, ya que entiende que para ello debe haber motivos y que no hay razones para iniciar una investigación penal.
"El fiscal no tiene prueba de lo que afirma acerca de la actitud de Manini", dijo Fernández Lecchini en su exposición, en relación a la supuesta omisión del general retirado.
"No hay más remedio que decir que en la investigación a la fiscalía le falto objetividad", dijo el abogado, al tiempo que afirmó que las "únicas personas" indagadas fueron "militares" y "nunca un civil". Sin embargo, el secretario de Presidencia declaró como indagado, aunque después Morosoli archivó la investigación sobre él.
