L. Carreño

Fiscales siguen en pie de lucha por excesivo trabajo

Gremio rechazó una propuesta que, dice, no soluciona las dificultades de trabajadores del interior ni tampoco de las oficinas que acumulan casos que continúan bajo el anterior Código

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06 de diciembre de 2017 a las 05:00

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La Asociación de Fiscales definió este martes en asamblea rechazar la propuesta presentada por la Fiscalía General de la Nación que tenía como objetivo reducir la carga laboral de los fiscales de flagrancia -aquellos que atienden delitos en momento en que ocurren y llevan a juicio cuando ya hay detenidos-, según informaron fuentes judiciales a El Observador. La próxima semana transmitirán esta postura en el marco de una negociación tripartita en la que participa el Ministerio Público, el gremio de fiscales y el Ministerio de Trabajo.

Desde que entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, el gremio advierte que los fiscales de flagrancia están obligados a trabajar en turnos de 12 horas, que se extienden a 24 si quieren llevar a juicio los casos que trabajan, lo que "violenta elementales derechos laborales", según indicaron en un comunicado.

Esto ocurre debido a que los fiscales de flagrancia de Montevideo trabajan en dos turnos semanales de 12 horas. Luego, tienen 48 horas para llevar a juicio los casos que atienden, ya que vencido ese plazo deben liberar a las personas detenidas.

En Montevideo hay dos fiscales para atender todos los delitos denunciados en el departamento durante el día y apenas uno en la noche. Debido a eso, reciben cientos de llamadas por turno de parte de efectivos policiales .

La propuesta presentada por la Fiscalía implicaba una reestructura del sistema de trabajo de modo que haya cuatro fiscales de turno las 24 horas del día, uno por cada zona en la que se divide la acción policial en el departamento. Los funcionarios trabajarían de turno durante una semana y luego tendrían libre la siguiente. Este régimen de trabajo es el mismo que mantenían los jueces de la capital antes de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal.

Para lograr eso, la propuesta implicaba convertir las fiscalías de otros delitos -que atienden aquellos casos en los que no hay detenidos- en fiscalías de flagrancia. Sin embargo, se mantendrían las fiscalías especializadas como la de Delitos Económicos y Complejos, Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género, la de Drogas, Homicidios, y Derechos Humanos.

El argumento para rechazar la propuesta de la Fiscalía General de la Nación es que no soluciona el trabajo de los fiscales del interior del país, que en ocasiones deben hacer turnos permanentes -ya que no hay otros funcionarios designados para la zona-, y están obligados a trabajar con los casos que rigen bajo el nuevo y el anterior código.

Además, la propuesta no tiene en cuenta la situación de los fiscales que en la capital concentran todos los casos iniciados antes del 1º de noviembre y que se rigen con el Código anterior. Actualmente, cuatro fiscalías concentran el trabajo que antes realizaban 24.

La solución tampoco implica agregar más funcionarios, un reclamo que el gremio considera vital para que los fiscales puedan cumplir con su tarea.

Mientras que los jueces contaban con hasta 15 personas ocupados en tareas administrativas, los fiscales apenas tienen a dos adscriptos o adjuntos, por lo que suelen verse obligados a llenar formularios, lo que a juicio del gremio los debía de su tarea principal que es perseguir el delito.
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