Fiscalía comenzó la "dura" negociación por más recursos para hacer frente a la LUC

La escasez de recursos de este organismo descentralizado ha sido un reclamo permanente del fiscal de Corte, Jorge Díaz, así como de la Asociación de Fiscales del Uruguay, desde que se puso en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal (en noviembre de 2017). Desde entonces, la Fiscalía asumió un rol más preponderante que el que tenía antes, porque los fiscales pasaron a ser los encargados de llevar adelante las investigaciones penales, tarea que antes desempeñaban los jueces. La necesidad de crear más fiscalías especializadas –hay tres de Homicidios y se procura una cuarta, seis de Delitos Sexuales y se creará una séptima–, así como fiscalías de Flagrancia en otros departamentos ha sido una constante en los últimos dos años y medio.

“La rendición de cuentas la acabamos de presentar y la Fiscalía tiene una ejecución de más del 99% del presupuesto asignado”, dijo el jerarca en diálogo con el programa Así Nos Va de Radio Carve este lunes. En esa entrevista, reconoció también que la negociación presupuestal comenzó con el pie izquierdo. “Los pronósticos son bastantes desalentadores, puesto que no se está hablando de incremento sino de disminución”, lamentó el jerarca.

A esa situación, se suma el desafío presupuestal del Ministerio Público de acatar el decreto 90/020 que el Poder Ejecutivo emitió el 11 de marzo de este año, y que exhorta a los organismos descentralizados a cumplir con medidas de austeridad que rigen para la Administración Central, según señalaron a El Observador allegados al fiscal de Corte. “Es una institución muy chica, con mucha responsabilidad y una carga de trabajo creciente”, agregaron.

El decreto establece en 85% el límite máximo de la ejecución del gasto en funcionamiento e inversiones comprometido en 2019 para todos los ministerios, y determina que “los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 no podrán ser provistos y, de los que se generen durante el ejercicio 2020, sólo podrán ocuparse un tercio”, con la excepción de las carteras de seguridad y Defensa, el cuerpo de diplomáticos y personal de la salud y educación.

Aunque la Fiscalía no está obligada a cumplir con la disposición por no ser parte de la Administración Central, sí es exhortada por la norma –al ser un organismo descentralizado–, junto con “los entes autónomos, servicios descentralizados industriales y comerciales del Estados y a los gobiernos departamentales a adoptar en el ámbito de su competencia las medidas” del decreto, de modo de poder “coadyuvar con el objetivo emprendido por el Poder Ejecutivo de disminuir el déficit fiscal”.

Las fuentes consultadas aseguraron que si bien el Ministerio Público tenía “dificultades grandes” en el cumplimiento con las restricciones de la norma, tras un balance de los contadores se determinó que la institución podía hacer el esfuerzo para cumplir con las exigencias.

El fiscal de Corte, que no asistió a la primera reunión con los representantes del gobierno en la negociación por el presupuesto, sí participará del próximo encuentro con las autoridades del MEF y la OPP, en donde se continuará con un intercambio que comenzó “duro”, según dijeron las fuentes.

Otras necesidades

Cuando se apruebe la ley de urgente consideración, los fiscales ya no contarán con la suspensión condicional del proceso, un instituto por el cual los fiscales evitan el juicio oral y que actualmente constituye la forma como se resuelven el 12,6% de las denuncias penales. Por lo que luego de aprobada la ley, los fiscales –que en 2019 lograron un promedio de imputaciones mensuales 32% superior que el que tenían los jueces en 2017– tendrán todavía más trabajo. “La fiscalía necesitará, y esto lo digo con mucha calma, incrementar sus recursos humanos y materiales para hacer frente a estas modificaciones”, dijo Díaz al programa radial. 

Pero además, la Fiscalía también tiene la necesidad de realizar inversiones en seguridad, luego de una serie de ataques a sedes oficiales y la amenaza de muerte a la fiscal Mónica Ferrero el 10 de mayo. Por este tema, Díaz se reunió con el sindicato de fiscales este jueves, y les comunicó que pese a que la intención es instalar cámaras de seguridad en todas las oficinas del organismo, para eso se necesitan más recursos. 

"Nos transmitió que desde el Ministerio del Interior hay muy buena voluntad para mejorar la seguridad, pero hay cuestiones, como el circuito vigilado de cámaras de seguridad externas e internas, que dependen del presupuesto", dijo a El Observador William Rosa, secretario general del gremio de fiscales.