El 15 de febrero, cuando asuma el nuevo Parlamento y los partidos integrantes de la coalición pasen a tener mayoría en ambas cámaras, uno de los primeros asuntos que los nuevos legisladores tendrán para analizar será un voluminoso expediente enviado por la Suprema Corte de Justicia que implica a Guido Manini Ríos, el general retirado que lidera Cabildo Abierto y en octubre de 2019 se ganó con votos una banca en el Senado.
Esa cámara será quien estudie el pedido de desafuero de quien fuera comandante en jefe del Ejército entre 2015 y 2019 y que está siendo juzgado por no haber denunciado a la justicia la confesión de José Nino Gavazzo cuando admitió ante el Tribunal de Honor de la fuerzas de tierra en abril de 2018 que había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973.
Manini Ríos ha manifestado públicamente desde el inicio del proceso que está dispuesto a someterse a la Justicia, por lo que pretende solicitarle a sus socios que levanten la mano una vez que el asunto sea sometido a discusión. En conversaciones informales, desde que Lacalle Pou accedió al gobierno, el general retirado ha vuelto a manifestar su intención, ya que pretende demostrar su inocencia en todo el proceso, según dirigentes de la coalición consultados por El Observador.
El senador electo por Alianza Nacional, Jorge Gandini, dijo a El Observador que aún no han tenido reuniones de bancada pero que su opinión particular es que los desafueros deben votarse si hay “causa suficiente”. “Si no hay causa no se hace lugar, es algo objetivo más que subjetivo”, consideró. Fuentes del sector Todos se manifestaron en forma similar y señalaron que la disposición de Manini Ríos hacía más sencillo el asunto.
En el Partido Colorado, el senador electo de Ciudadanos Adrián Peña también está dispuesto a levantar su mano una vez que se someta a votación el tema. Entrevistado por el programa Quién es Quién de TNU, el coordinador político del sector dijo que no advertía que tuvieran problemas y que inicialmente pensaba votarlo aunque iba a revisar todo el expediente.
“En principio el tema está resuelto porque él ha dicho que está dispuesto a declarar en la Justicia y le interesa que se vote su desafuero, así que operará como otros que ha habido”, dijo en referencia a los casos de Daniel Bianchi y Wilson Ezquerra, votados en la última legislatura. “Los fueros son de la cámara y no del legislador, por lo que no advierto problemas”. Fuentes de Batllistas también transmitieron que votarán el pedido.
Los informantes señalaron que el problema que podía surgir era si Manini Ríos cambiaba de opinión y consideraron que en ese caso el tema pasaría a discutirse en la interna de la coalición. En la entrevista con TNU, Peña dijo que en ese caso su partido tendría una discusión interna y que acataría lo que se resuelva.
Para aprobarse el desafuero se requieren 20 de los 30 votos del Senado por lo que deberá ser votado por integrantes de la coalición. El FA tiene 13 legisladores en esa cámara, mientras que los restantes 17 son de la oposición. El único que se ha expresado en contra de votarlo es el expresidente José Mujica, quien considera que será como “darle una medalla” al líder de Cabildo Abierto.
En caso de aprobarse, los constitucionalistas Martín Risso y Ruben Correa Freitas coinciden en que la consecuencia es la suspensión y por lo tanto, no podrá ejercer sus funciones como legislador, aunque será reintegrado si es declarado inocente. Si es condenado a una pena mínima excarcelable, puede ser reintegrado una vez que la cumpla y si es procesado con prisión cesa como legislador.
El artículo 114 de la Constitución establece que “ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”.
Esta redacción es la que permitió al fiscal Rodrigo Morosoli el 1° de noviembre, apenas 4 días después de las elecciones, interpretar que Manini Ríos ya gozaba de la protección de los fueros parlamentarios por haber sido electo senador el 27 de octubre, aunque Gandini no está de acuerdo. “No comparto que antes de jurar se tengan los fueros, me parece que remitirle al nuevo Senado los fueros de alguien que todavía no ha sido proclamado, ni siquiera lo había sido por la Corte Electoral, es por lo menos discutible”, señaló el dirigente blanco.
Morosoli argumenta que optó por la opción “más garantista” con el imputado y asegura que si la jueza Marcela Vargas aceptaba el inicio de un proceso penal, corría el riesgo de que la causa fuera anulada luego por el Parlamento, si entendía que había un legislador que había sido sujeto a proceso cuando tiene protección constitucional. “Implica el respeto absoluto a la separación de poderes y no trascender, no transgredir esferas de actuación que le corresponden solamente al Legislativo y optar por otro lado por preservar la investigación”, dijo.
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