Ganar paz sindical y desactivar la urgencia en seguridad: los objetivos del gobierno con la Rendición de Cuentas

El ingreso llega cuando la administración de Luis Lacalle Pou comienza a jugar su segundo tiempo, ya con las elecciones empezando a aparecer en el retrovisor, y sintetiza en tres prioridades la búsqueda de la armonía entre los tiempos de concreción política y los electorales.

El proyecto –dice el gobierno en la exposición de motivos– permite poner en marcha un “nuevo período”, dejando atrás la pandemia y mirando “hacia el futuro” superando las “situaciones heredadas”. 

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, la definió como una Rendición de Cuentas “para el desarrollo” que permitirá empezar a “derramar” en la población. “Tiene una impronta muy fuerte en seguridad pública y educación, y hay un componente muy importante de aporte a ciencia y tecnología, que no es un tema común y se quiso innovar para dar un apoyo especial”, expresó en diálogo con El Observador.

Palabras similares tuvo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, que lo consideró un “proyecto realista” con una “gran apuesta” a la educación y a la innovación en ciencia y tecnología.  

La felicidad en el rostro de la ministra de Economía y Finanzas traía implícitas arduas negociaciones hasta último momento, con marchas y contramarchas y tensiones con la Oficina de Servicio Civil por una reforma del Estado que debió quedar por fuera para firmar un acuerdo de paz hasta el final del período: la recuperación salarial de los funcionarios públicos, para la que se destinarán US$ 70 millones en 2023 y US$ 140 millones en 2024. 

La búsqueda de la “paz por los salarios” –tal como fue definida por el secretario general de COFE, José Lorenzo López– era perseguida como un objetivo clave en el afán por reducir una cada vez mayor conflictividad, en un escenario en el que se espera que varios temas, entre ellos la reforma de la seguridad social –cuyo proyecto ingresará al Parlamento a la brevedad– vuelva ubicar en distintas trincheras al oficialismo y a la oposición. 

El PIT-CNT tiene un paro general parcial previsto para el jueves en “defensa del trabajo y del salario, contra la carestía y la reforma jubilatoria”, y algunos dirigentes del Frente Amplio –como Alejandro Sánchez y Carolina Cosse– ya expresaron su disposición a impulsar una reforma constitucional para revertir la decisión de habilitar a los cables a ofrecer internet compitiendo con Antel.

“Es frecuente que cuando se discute la Rendición de Cuentas la conflictividad aumente por la realización de paros en el sector público en reclamo de mayor presupuesto. Este año no será la excepción”, dice el índice que elabora la Universidad Católica, que agrega que las “medidas anunciadas” hacen suponer que “la conflictividad aumentará en los próximos meses”. 

La “paz por los salarios” tuvo para el Poder Ejecutivo el costo de dejar por fuera casi 40 artículos que configuraban la reforma del Estado, que ahora será discutida con los sindicatos en el marco de la negociación colectiva. 

Seguridad

Con US$ 27 millones, la mayoría para el Ministerio del Interior, el gobierno busca atender un problema urgente que se ha venido agravando, principalmente a partir del aumento de los homicidios en algunos barrios, y que las autoridades entienden se soluciona con plata, respaldo y plan.

Luego de dos años a la baja, la explosión del problema se registró en mayo con una serie de homicidios a partir de enfrentamientos entre narcotraficantes, y llevó a que el ministro Luis Alberto Heber fuera interpelado, aunque quedó en el ojo de la tormenta y con Cabildo Abierto condicionando su apoyo a cambio de resultados. 

La última encuesta de Opción, presentada a mitad de junio, señaló que la seguridad volvía a estar en el “primer lugar” de las preocupaciones ciudadanas. 

“Se observa un incremento de 11 puntos en el porcentaje de uruguayos que declara a la inseguridad como principal problema del país, pasando de 18% a 29%”, expresa el análisis del sociólogo Rafael Porzecanski, que destaca que de todas formas el tema aún está por debajo del protagonismo que tuviera en 2018 y 2019. Los datos de Factum, en tanto, agregan que el 62% de la población tiene una percepción negativa de la situación sobre la seguridad, mientras que Cifra menciona que casi “dos tercios” de la población registra un aumento de la inseguridad.

Educación

El gobierno también tradujo en un incremento presupuestal de US$ 30 millones la apuesta por el “futuro”: la “transformación educativa”, el buque insignia de los colorados que tiene al frente a Robert Silva, cada vez más posible precandidato presidencial. La reforma, con el objetivo de poner al país “a la vanguardia” –principalmente en Secundaria– incluye el desarrollo de 60 liceos y UTU de tiempo completo que trabajan en base a proyectos y son lo más similar a lo que prometía Ernesto Talvi en la campaña electoral.

El proyecto incluye un cambio para los docentes, que ahora podrán comenzar a ascender por capacidad y no únicamente por antigüedad.

La capitalización de estos cambios –muchos de ellos intangibles aún al final del período– será uno de los desafíos.

Los rubros vinculados a educación incluyen US$ 7 millones al MEC, US$ 6 millones al Plan Ceibal  y US$ 1 millón para el Ineed y otro para la UTEC. La Universidad de la República no recibió nada de aumento, pese a que solicitó US$ 35,4 millones.

La apuesta suma US$ 14 millones para innovación y US$ 12 millones a la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual (ANUA), que sustituirá al Instituto Nacional del Cine y Audiovisual (ICAU).

Una de las áreas que no recibió aumento significativo, pero que tiene una ponderación especial en el gobierno cuando se mira con ojos electorales es la infraestructura, porque muestra resultados tangibles pero también atiende el problema del empleo en todo el país.

El proyecto destaca que hay un “impulso” y que se invertirán unos US$ 7.175 millones hasta 2024 en obras de infraestructura y vivienda, entre fondos públicos que ya estaban presupuestados y privados. La cifra será de US$ 10.800 millones en todo el período, lo que representa a un 3,3% del PBI.