Gobierno abre negociación por cargos en Suprema Corte y TCA

En menos de un mes se generará una vacante en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y un mes después pasará lo mismo en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Por lo que se abre una vez más una instancia de negociación política en el Senado para designar a los jueces que ocuparán los cargos en los máximos órganos jurisidiccionales. Además, después de las elecciones, los partidos políticos también iniciarán un debate para sustituir a los presidentes de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ya conversó con la vicepresidenta Beatriz Argimón y ésta convocará a los demás partidos políticos con representación en el Senado para iniciar las negociaciones.

El primer plazo comienza a correr el 9 de setiembre, día en que se retira del TCA José Echeveste, al cumplir los 70 años de edad, y el 12 de octubre lo hará –por el mismo motivo- Eduardo Turell (SCJ), quien había ingresado a la corporación en marzo de 2017. 

Según establece la Constitución, al llegar a esa edad o cumplir diez años en el organismo, los ministros deben retirarse. Desde el momento en que se genera la vacante, se abre un espacio de 90 días para designar el sustituto y de no alcanzarse un acuerdo político ingresará el juez que tenga más años en la judicatura.

La venia para la designación exige los dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General (es decir  87 votos de 130), por lo que se requiere amplio consenso político para los nombres que se propongan. En el Parlamento el oficialismo tiene 74 de los 130 votos y el Frente Amplio tiene 55 legisladores. A ellos se suma en Diputados el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), con César Vega.

Aunque existe un orden de prelación de magistrados por antigüedad, la intención de la cúpula del Poder Ejecutivo es alcanzar un acuerdo partidario para los nuevos cargos en ambos organismos, dijeron a El Observador fuentes del gobierno.

La lista de prelación la encabezan la ministra Nilza Salvo (Tribunal de Apelaciones Civil de 1° Turno) y el ministro John Pérez (Tribunal de Apelaciones Civil de 2° Turno), por lo que en caso de no llegarse a un acuerdo político Salvo iría al TCA y Pérez a la Corte.

El nombre de Salvo ya había sido puesto a consideración de los senadores en 2017, cuando los legisladores lograron acordar un paquete de dos nombres para las vacantes que se generarían en la Suprema Corte. El paquete incluía a Nilza Salvo y Luis Simón, uno para ocupar el sillón de Felipe Hounie y el otro el de Jorge Chediak. Sin embargo, el Frente Amplio trancó a Simón. El año anterior ante la salida de Jorge Larrieux, el FA había propuesto a Rosina Rossi, sin embargo, la oposición rechazó elegirla. En esa oportunidad terminó ingresando Eduardo Turell por antigüedad. 

Nuevo invitado

La negociación que comenzará en los próximos días tendrá un aspecto novedoso y es que por primera vez Cabildo Abierto formará parte del debate. En medio de las críticas a la Justicia que ha desplegado ese partido socio de la coalición, en ámbitos políticos genera expectativa su posicionamiento sobre a qué magistrados le prestará su voto.

La última intervención del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, generó la reacción de los jueces, que rechazaron sus dichos. En la media hora previa de la sesión del Senado del 4 de agosto, volvió a cuestionar a la Justicia por las investigaciones de los crímenes ocurridos durante la dictadura (1973-1985), y dijo que hay “ciertos magistrados (que) actuaron con total impunidad alentados por un coro al que solo le interesa la venganza”.

“En este país se está atropellando el Estado de Derecho por parte de ciertos actores de la Justicia que han procesado y condenado a inocentes en base a falsos testimonios, que no respetan principios básicos del derecho como la irretroactividad de la ley, los tiempos de prescripción y no juzgar dos veces por la misma causa”, agregó.

En respuesta, los magistrados rechazaron “que exista un cuerpo organizado de jueces “genuflexos”, “prevaricadores” (términos que utilizó el senador) que abusarían de sus facultades y no brindarían garantías en las causas donde se ven llamados a intervenir”.

En tanto, la Asociación de Fiscales expresó “su más absoluto rechazo” ya que se pretende “poner un manto de suspicacia” sobre la actuación de los fiscales, con “generalizaciones sin sustento”. “Se refiere a que utilizamos el derecho a nuestro antojo y basándonos en pruebas dudosas y falsas”, afirmaron en un comunicado.

Es en ese contexto que se negociarán los nombres de jueces a los que el poder político impulsará para un ascenso.

Corte Electoral y TCR

Luego de las elecciones departamentales previstas para el 27 de setiembre, en el cronograma parlamentario del gobierno aparecen las designaciones de los presidentes de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas. Ambos organismos tienen integrantes del gobierno y de la oposición, pero el acuerdo del sistema político implica la búsqueda de un presidente de consenso para cada institución.

En la Corte Electoral la coalición estará representada por dos ministros blancos, uno del Partido Colorado y uno de Cabildo Abierto. En tanto, el Frente Amplio tendrá cuatro representantes.  

Tanto en la Corte Electoral como en el TCR, los ministros no cesan al cumplir un determinado período por lo que si no se logra acuerdo político para nombrar a nuevos integrantes siguen los que están.

Para votar las venias de los ministros de la Corte Electoral también se requieren dos tercios de los votos,  para cinco titulares y sus suplentes a los que se les pide  ser “garantía de imparcialidad”. Los restantes cuatro titulares, representantes de los partidos, serán elegidos por doble voto simultáneo.

Mientras que a los ministros del Tribunal de Cuentas se les exige las mismas condiciones que a un senador y también se designan por dos tercios de los votos de la Asamblea General.

La Constitución establece que sus miembros cesarán  en sus unciones cuando la Asamblea General que sustituya a la que los designó, efectúe los nombramientos para el nuevo período. “Podrán ser reelectos y tendrán , cada uno de ellos, tres suplentes para los casos de vacancia, impedimento temporal o licencia.

En su actual designación el TCR tiene, además de la presidenta (la contadora Susana Díaz) que es independiente, tres ministros que responden al Frente Amplio, dos del Partido Nacional y uno colorado.