En agosto de 2020, en medio de la pandemia y apenas seis meses después de asumir, el gobierno daba el primer paso. El proyecto de ley de presupuesto que mandaba al Parlamento incluía un artículo, el número 27, que buscaba equiparar lo máximo posible el régimen de licencias por enfermedad del sector público con el del privado.
“El objetivo, entonces, de la norma que presentamos es limitar el uso abusivo de certificaciones médicas, la adecuación de un régimen similar –no idéntico– al previsto para el sector privado”, decía en setiembre de ese año el entonces director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, al defender el proyecto ante los legisladores.
Ese apartado generó uno de los primeros conflictos internos de la entonces novel coalición gobernante. Varios legisladores oficialistas, de todos los partidos, decían que el sistema de los privados era injusto y que si bien había que ajustar lo que sucedía en la administración pública no estaban dispuestos a llevar esa propuesta inicial. Las negociaciones por aquel entonces eran con el entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, uno de los principales impulsores de los cambios.
A grandes rasgos, el gobierno quería que los funcionarios públicos que faltaran a trabajar por estar certificados tuvieran un descuento salarial a partir del quinto día de ausencia aunque permitía acumular días de licencia hasta un máximo de 15. Actualmente cuando los trabajadores faltan por este motivo no tienen ningún tipo de afectación salarial.
Las diferencias en la interna del oficialismo fueron tales que no lograron llegar a un acuerdo y el proyecto que se transformó en ley tenía casi que una contradicción: aprobaba el nuevo régimen y al mismo tiempo creaba una comisión para evaluar ese sistema y sugerir una alternativa. Ese texto, además, establecía algunos plazos que, según los pronósticos iniciales, permitirían que antes de que entre a regir el nuevo sistema hubiera una nueva propuesta de dicha comisión.
Pero, los plazos se cumplieron, la comisión nunca se reunió y el nuevo sistema no se aplicó. Al filo del plazo, en marzo de 2021, tres legisladores oficialistas (un blanco, un colorado y otro cabildante) presentaron un proyecto para postergar los plazos iniciales. Ese proyecto nunca se llegó a tratar pero, incumpliendo la ley, el sistema no comenzó a regir.
D. Battiste
Archivo. Movilización de COFE
En medio de toda esa discusión, en junio de 2021, El Observador publicó el primer relevamiento detallado sobre licencias por enfermedad en el Estado. Ese informe llegó para confirmar algo que en el gobierno ya sabían: existe un "abuso" de las certificaciones médicas en la administración pública. Cuatro de cada diez funcionarios certificados en 2019 y por casi 38 días en promedio.
Ese informe ahora se repite todos los años y se envía al Parlamento junto con la Rendición de Cuentas. Y si bien es un tema que afecta a toda la administración, se siente más en algunos lugares.
“Mucha gente se aprovecha del sistema de seguridad social que tiene la Caja Policial. Hay 4.000 (certificados) por mes. En mayo hubo 4.555. Y a eso hay que sumarle 890 personas que tenemos en el Seguro Transitorio de Incapacidad Parcial. Es dramático cuando en total tenemos 33.000 policías, de los cuales 10.000 son administrativos. Esta situación me irrita. Hay muchos que se certifican en la policía, pero al mismo tiempo trabajan en otras actividades. Hay policías que llevan dos años certificados”, decía meses atrás el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
Los sindicatos policiales, en cambio, llevan señalando desde hace años los problemas de salud mental que, según dicen, son los que explican ese elevado número de ausentismo y reclaman más apoyo.
Sin embargo, y pese al “drama” el gobierno seguía sin poder aplicar cambios al sistema. En la Rendición de Cuentas tratada en 2022, y luego del trabajo de la mencionada –y retrasada– comisión, los legisladores oficialistas llegaron a un acuerdo para el nuevo régimen.
La negociación estableció nueve días de licencia por enfermedad sin descuento por año y un subsidio del 75% del salario a partir del décimo día, con algunas excepciones. Con ese acuerdo sellado faltaba la reglamentación de la ley para que el nuevo régimen comenzara a aplicarse en enero de 2023, cuando entran en vigencia los cambios que plantean las rendiciones de cuentas.
Sin embargo, llegó enero y la reglamentación no. Fue recién en julio de 2023 que el Poder Ejecutivo publicó el decreto reglamentario con los detalles del sistema. Esa norma establecía algunos criterios e incluso detallaba como aplicarlo ese mismo año, del que ya habían transcurrido más de seis meses.
Captura Telemundo
El presidente Luis Lacalle Pou y el secretario general de COFE José Lorenzo López
Pero, antes de empezar con su aplicación, el gobierno tenía que redactar un instructivo que estableciera el método de trabajo interno para, entre otras cosas, procesar los certificados médicos. Ese instructivo no se terminó de redactar hasta este enero de 2024 y ni siquiera se distribuyó entre los funcionarios cuando se fijó el 1° de febrero como la fecha para comenzar la implementación del nuevo sistema.
Y, como ese instructivo no había sido repartido y el sindicato de funcionarios públicos no había sido notificado, los trabajadores reclamaron y el gobierno, una vez más, postergó la implementación, esta vez por 60 días.
Ahora, el sistema comenzará a regir, según los planes del gobierno, el 1° de abril en medio de la campaña electoral y con el sindicato en contra.
¿Qué pasa con la ANEP?
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es otro de los organismos más afectados. Se trata de una de las dependencias con más funcionarios y en 2022 casi seis de cada diez (57%) se certificó al menos un día. Pero, el promedio de días certificados de los funcionarios que lo hicieron fue de 29.
La aplicación del nuevo sistema de licencia por enfermedad fue, incluso, una de las formas que manejó el Ministerio de Economía para conseguir más recursos para la educación. Durante la última Rendición de Cuentas, consultada por los reclamos de más dinero para la educación la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, se refirió al tema.
“Hay un tema que tenemos pendiente, que está por ley pero tenemos que reglamentar, que es el uso de las certificaciones médicas (…) Es mucho dinero. Estoy hablando de más de US$ 100 millones en la ANEP por año”, decía en julio de 2023 en radio Carve cuando le preguntaron por el presupuesto educativo. En 2022 fueron US$ 177 millones, según informó El País.
Foto: Leonardo Carreño.
Archivo. Arbeleche en rueda de prensa
La ministra aclaraba en la entrevista una salvedad. El sistema que el gobierno quiere implementar no abarca a la ANEP, por ser un ente autónomo. Ese organismo puede adoptar el sistema si reforma su estatuto y lo aprueba el Consejo Directivo Central (Codicen). Sin embargo, ese tema no está en el horizonte cercano.
El Codicen está analizando una reforma del estatuto docente desde finales del año pasado cuando recibió la propuesta de los técnicos. Esa reforma tiene diversas variables para modificar pero no tiene nada sobre certificaciones médicas, según dijo a El Observador la presidenta del Codicen, Virginia Cáceres.
“Más allá de que el tema se instaló ahora, venimos trabajando desde hace tiempo, creamos la división de salud ocupacional y estamos trabajando en cambios informáticos para tener información en tiempo real”, explicó Cáceres.
El Codicen pretende aprobar la reforma del estatuto en 2024 y tendrá que decidir si en esa instancia agrega algún cambio al sistema de certificaciones médicas.
