Gobierno flexibiliza política antitabaco y habilita la venta de cajas blandas de cigarrillos

Mediante un decreto emitido por el Ministerio de Industria –con el aval del Consejo de Ministros– Lacalle Pou modificó tres artículos de un decreto de 2019 que había reglamentado la ley de política antitabaco llevada adelante por las últimas tres administraciones frenteamplistas.

Los cambios aprobados venían siendo reclamados por la industria tabacalera, principalmente por la empresa Montepaz, bajo el argumento de que la normativa vigente fomentaba el contrabando. Estos argumentos fueron los establecidos por el gobierno en los considerandos que justifican la resolución.

En la modificación no participó la comisión asesora para el control del tabaco que lidera el Ministerio de Salud Pública (MSP), según confirmó El Observador con integrantes del grupo.

En el documento, el gobierno señala que el decreto anterior disponía la “indiferenciación de origen en el propio cigarrillo” lo que se entiende que “facilitaría la elaboración y circulación de cigarrillos falsificados”.

A su vez, menciona que al imponer como “única versión” comercializable la “cajilla dura” (de cartón con apertura ‘flip top’) se excluía la “cajilla blanda” que ha sido la que más se vende en el mercado y cuyas características le permiten “competir más efectivamente” con las que ingresan de contrabando.

Para el Ejecutivo, estas limitaciones –la indiferenciación y la caja dura– afectan a los cigarrillos que se venden de forma legal frente a la “fuerte competencia” de los cigarros de contrabando. “El ingreso de cigarrillos y contrabando o su falsificación generan y fomentan un mercado informal relevante, que afecta severamente la recaudación y que atenta contra las políticas públicas de la administración en cuanto a su erradicación”, dice el decreto.

Por último, el documento señala que “con la finalidad de interrumpir dicha irregularidad en la cadena de comercialización”, se entiende necesario “mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda” e “identificar a quienes lucran con la venta al por mayor y menor de cigarrillos falsificados y de contrabando, desalentando el acceso al producto informal, determinando sanciones aplicables”.