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Llega el empaquetado plano de cigarros: ¿caja dura o blanda?

El gobierno recibe reclamos para que habilite cajillas de papel y deberá decidir si sigue norma de OMS o aspectos comerciales

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11 de febrero de 2019 a las 05:02

En diciembre de 2018 fue aprobada la ley que obliga el “empaquetado, etiquetado y diseño neutro o genérico de todos los productos de tabaco y la uniformidad de los envases”. Esta medida, en teoría, restará atractivo para los consumidores, eliminará la promoción del tabaco y las posibilidades de inducir a error o engaño a los compradores. 

El gobierno está obligado a definir antes del 11 de abril de 2019 qué modificaciones tendrán que hacer las tabacaleras a las cajas de cigarrillos. Sin embargo, pese a que el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió en agosto del año pasado que el empaquetado genérico sería de cartón, marrón, que llevaría el título de la marca impreso en un mismo tipo de letra y color, y que al frente podrían leerse las advertencias sanitarias, estas condiciones están sujetas a revisión.

El motivo de la falta de resolución de las autoridades es uno: los reclamos empresariales de la industria tabacalera. Así lo reconoció Enrique Soto, responsable del Programa Nacional para el Control del Tabaco del MSP, en diálogo con El Observador. “Se están analizando los planteos realizados, para ver si puede existir alguna modificación razonable que no afecte la razón de ser de la normativa”, aseguró. 

En noviembre de 2018, la gerenta de asuntos legales y corporativos de la sucursal uruguaya de British American Tobacco, Tania Peña, planteó ante Diputados que el etiquetado plano de las cajas supondría una “pérdida de identidad” y una “commoditización” de las marcas que representa la tabacalera en Uruguay, Lucky Strike y Pall Mall.  

Uno de los aspectos más discutidos de la resolución ministerial es que la caja deba ser de cartón. Las multinacionales solo ofrecen este empaquetado, mientras que las tabacaleras uruguayas envasan aproximadamente la mitad de sus productos en cajas de papel, explicó Soto. 

Cuando el proyecto de ley estaba siendo discutido, el entonces diputado nacionalista José Quintín Olano manifestó que “el Poder Ejecutivo debería igualar las cajillas para que todas fueran blandas y no todas duras”. De este modo, agregó, “se estaría beneficiando a la industria nacional que, aunque sea una industria de humo y produzca el daño que todos sabemos, trabaja legalmente, aporta, ocupa mano de obra”. 

La legisladora colorada Nibia Reisch aseguró que “la medida tomada por el gobierno discrimina a la industria nacional, aumentando sus costos en más de US$ 1 millón por año, más todo lo que tiene que invertir para modificar la nueva cadena de producción”. 

Cuatro de los cinco países que implementaron el empaquetado genérico —Australia, Reino Unido, Francia, Irlanda y Hungría—, permiten la venta de cajas rígidas y blandas a la vez. Sin embargo, la ley uruguaya “no da lugar a que haya dos tipos de cajillas”, explicó Soto: el gobierno tendrá que inclinarse por uno de los dos materiales. 

Para hacerlo se formó una comisión asesora integrada por técnicos del MSP, de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, del Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo (CIET) y de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. 

El presidente del CIET, Miguel Asqueta, dijo ante la comisión de Salud y Asistencia Social de Diputados que “la demora en la producción de las leyes es una estrategia documentada” de las tabacaleras. “Ellos mismos han dicho que es una de sus tácticas: cuanto más demore una ley, el tiempo pasa, cambia la legislatura y después hay que esperar a que venga la otra”, aseguró. 

A sabiendas de esto, en la comisión dijeron a El Observador que están analizando posibles cambios y estiman que las modificaciones sean “mínimas”, pero que “no hay nada resuelto aún”. 

Un estudio de 2017 encabezado por investigadores de la Universidad de la República (UdelaR) reveló que el empaquetado plano incrementa el “riesgo percibido” asociado a este tipo de productos. Sin embargo, no hay evidencia sobre cómo influye el material de la caja en esta percepción, indicó Soto. 

¿Qué tendrá más peso en la resolución del gobierno, el derecho a la salud o el derecho comercial? Según el técnico del MSP, que Uruguay esté adherido desde 2015 al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, obliga a que se valore más el derecho a la salud. “No se va a tener mucho en cuenta lo comercial”, agregó. 

En 2016, el Estado uruguayo le ganó un juicio millonario a la tabacalera Phillip Morris, que denunciaba que las políticas antitabaco encabezadas por el primer gobierno de Tabaré Vázquez suponían una “expropiación” de la inversión. 

El mandatario dijo entonces que “cuando las tabacaleras intenten moderar las regulaciones del convenio marco con la amenaza de un litigio, se encontrarán con nuestro precedente”. 

El Observador intentó sin éxito comunicarse con el ministro de Salud Pública, Jorge Basso. 
 

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