Golpe y contragolpe

La situación no es nada auspiciosa. Carente de apoyos visibles, Añez se mueve entre los partidarios de Evo que han tomado la ciudad y los líderes que encabezaron las protestas contra el fraude, como el santacruceño Fernando Camacho, muy capaz de incendiar la pradera si las cosas no salen como el prefiere. Carlos Mesa, el contendiente de Evo, derrotado por fraude electoral, aguarda la convocatoria electoral. Las fuerzas armadas, hasta ahora un firme sostén para Evo, miran con atención luego de sugerirle el pasado domingo al presidente que era mejor renunciar. Ciertamente no estaban dispuestas a reprimir manifestaciones que entendían legitimas luego de que la OEA ratificara en forma concluyente que hubo un fraude mayúsculo en las elecciones del 20 de octubre pasado.

Entre tanto, en el exterior se dividen los aplausos a Evo y las críticas a su fraude y a su inconstitucional intento de reelección. En general, las críticas provienen de gobiernos de centro o de derecha y los aplausos de gobiernos de izquierda. Baste recordar como el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, considera que hubo un golpe mientras que Macri sostiene que hubo una renuncia de Evo. En Brasil, Bolsonaro sostiene que no hubo golpe y reconoce a la senadora Añez.

En nuestro país, además de felicitar a Evo por las elecciones del 20 de octubre, el gobierno no reconoce a la nueva presidente bajo el principio de que solo se reconocen “presidentes surgidos de elecciones”.

El problema, en el fondo, es que más allá de la perspectiva ideológica con la que se analiza la situación –en algunos casos, hasta se ha llegado a considerar que las protestas contra Piñera en Chile son legítimas en tanto que las protestas contra Evo en Bolivia no lo son– se mira solo una foto pero no se contempla toda la película. A Evo se le “sugirió” renunciar el pasado domingo y posiblemente él mismo lo hizo para evitar derramamiento de sangre, y la valoración de ese hecho como golpe de estado o como mera renuncia sea difícil de realizar.

Lo que sí es muy claro y no ofrece duda alguna es que quien dio un golpe (es decir, un quebrantamiento del orden constitucional) fue el propio Evo. Y lo dio por dos veces: primero, cuando desconoció el resultado del referéndum que le impedía acceder a un tercer mandato bajo la nueva Constitución por el mismo impulsada (el cuarto mandato si se tiene en cuenta la primera elección antes de la reforma constitucional). Y, luego, el 20 de octubre, cuando realizó el fraude electoral constatado por la OEA. Tan constatado estuvo, que el propio Evo decidió –tardíamente– llamar nuevas elecciones.

Porque ¿cómo debe llamarse a quien realiza un fraude electoral? Golpista de tomo y lomo. Y ¿que debe hacerse con un presidente golpista? En cualquier país donde funcionen las instituciones, se deberá realizar un juicio político al presidente, si es que el presidente no tiene la mínima dignidad de renunciar y apartarse del poder y de las eventuales próximas elecciones.

¿O acaso un presidente puede hacer fraude y decir, “bueno, me descubrieron, por tanto voy a llamar a nuevas elecciones en las cuales voy a participar”? De ninguna manera: quien comete fraude electoral, comete un grave delito. Comete una fractura del orden constitucional. Comete, pues, un golpe de estado tan claro como el agua.

Evo, al ser desenmascarado, debió renunciar y abrir paso a nuevas elecciones sin su presencia.

Por eso llama la atención que la cancillería uruguaya, tan respetuosa del estado de derecho, haya dicho que  “El Uruguay considera que no existe argumento que pueda justificar estos actos, en particular habiendo anunciado pocas horas antes el presidente (Evo) Morales su intención de convocar a nuevas elecciones, a partir del informe emitido por la misión electoral de la Organización de Estados Americanos”.

Es claro que no se justifican actos de violencia, aunque sí las protestas pacíficas. Así como Uruguay fue muy claro en su condena de los hechos que llevaron a la renuncia de Evo también lo debió ser con los dos intentos de fraude del mandatario boliviano. Lamentablemente no lo hizo porque es políticamente correcto callarse la boca cuando quien viola la Constitución es un amigo, un aliado, o un colega.

De ello deberán dar cuenta la nuestra y muchas otras cancillerías latinoamericanas. Con los fraudes electorales no se puede jugar por pequeños que parezcan y por amigos que sean quienes los realizan. Se pone en riesgo todo el edificio democrático, propio y ajeno. Un juego muy peligroso, que ha costado mucha sangre y dolor en las ultimas décadas.