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Indagaron a los dos detenidos por la masacre de La Matanza
Este miércoles, se llevaron a cabo las indagatorias de los dos individuos detenidos por la balacera ocurrida el pasado domingo en las tosqueras del barrio 8 de Diciembre de González Catán, relacionada con la venta de terrenos tomados, la cual resultó en cinco víctimas fatales.
El fiscal Adrián Arribas lideró el contacto con los acusados, uno de los cuales permanece hospitalizado debido a una herida de bala en una pierna. Según fuentes de la investigación, los acusados no brindaron mucha información durante sus declaraciones, afirmando que "declararon, pero sin muchos datos".
Walter Javier Escobar, quien está internado en el Hospital Paroissien y fingía ser una víctima hasta su detención el martes, apenas proporcionó información, argumentando problemas físicos: "no habló casi nada porque arrancó con tos y dijo que no podía seguir declarando". Escobar enfrenta acusaciones de disparar con una escopeta durante el incidente, con cargos que incluyen homicidio agravado y uso de arma de fuego.
En otro desarrollo, el otro detenido, conocido como "El Chino", compareció ante la fiscalía y, según una testigo, habría admitido haber pasado armas a los tiradores, alegación que negó durante su indagatoria.
El balance de las investigaciones sugiere que ambas declaraciones aportaron poco, pero se confía en avanzar rápidamente para identificar a los responsables de las cinco muertes. Otros dos sospechosos, acusados de disparar y identificados por nombre, están prófugos, y se solicitará la intervención de Interpol en su búsqueda.
En un giro adicional, un hombre oriundo de Paraguay, herido de bala y en grave estado, fue señalado por su pareja como el autor de disparos con un fusil FAL en la tosquera. Aunque se espera su evolución médica, se ha solicitado la captura internacional de Juana Correa Villalba, presunta responsable del negocio inmobiliario clandestino, y se emitió una alerta roja de Interpol para ella. Su esposo, Emmanuel Lugo, alias "Juanito", también tiene una orden de captura en su contra.
La investigación señala que la toma en cuestión ya había sido desalojada en dos ocasiones anteriores y estaba bajo investigación por usurpación de inmueble. Los sospechosos, según la Policía Bonaerense, utilizarían tácticas intimidatorias para facilitar pagos en transacciones de tierras, despojando a los compradores mediante amenazas y, además, exigiendo pagos ilegales por conexiones de luz.
