Informe de Serpaj a la ONU recomienda cerrar dos centros del Inisa por casos de torturas

La institución, que realiza informes anuales sobre la defensa de los derechos humanos en el país, sostiene que el centro de máxima seguridad destinado a Mayores de Dieciocho (MD1) y el Espacio de Tratamiento Transitorio Integral (ETTI) deben ser cerrados, según informó La Diaria y confirmó El Observador. También se registraron casos de torturas en el centro Piedras, en el que se encarga del Pre- Egreso, y el CIAM.

Desde la organización entienden que esta situación se ha "sostenido en el tiempo" a través de varias administraciones, y sostienen que en el gobierno actual "no se ha dado prioridad" al Inisa, que incluso sufrió una reducción de su presupuesto en 2021, indicó Mauricio Vázquez, parte del equipo de visitas de Serpaj, a El Observador. "La situación nunca fue buena", lamentó.

Además de las torturas, se registraron "prácticas de encierro compulsivo" de hasta 23 horas, casos de golpizas, requisas con violencia física, reducciones, amenazas, agravios y malos tratos. Serpaj denuncia que "el sistema se encuentra signado por la lógica premio-castigo", y que los establecimientos tienen "graves carencias edilicias".

A todo esto se suma un "alto número de intentos de autoeliminación" reportado en los institutos. Vázquez destacó que la salud mental es uno de los problemas más apremiantes de los centros, debido a la "lógica patologizante y medicalizante" de las clínicas de atención psiquiátrica conocidas como "API". Se trata de "lugares aislados" donde se "prioriza el castigo" y se dan "tratos inhumanos, crueles y degradantes", criticó el integrante de Serpaj.

"Las medidas socioeducativas quedan supeditadas a las medidas de seguridad" en los centros, critica el servicio, y agrega que el Inisa "continúa habilitando prácticas discrecionales en las direcciones de cada centro".

Los centros en la mira

En el caso del MD1, Serpaj recogió denuncias contra el director del establecimiento, sobre el que un adolescente afirmó que lo había golpeado junto a funcionarios del centro "cuando regresó de una salida transitoria", puntualiza el informe, que agrega que el hecho está comprobado por otros testimonios y un informe médico.

También se informa sobre otros problemas de este centro: más adolescentes que camas, ratones y ratas en el lugar, y personas con "quemaduras graves" de agua caliente producto de conflictos entre los internos que no fueron atendidos.

Según Mauricio Vázquez, en Serpaj ven al MD1 como un centro que está "peor" que varios centros de reclusión para adultos. "No es un lugar para dar una inserción social a adolescentes. Con un muro de 7 metros de alto, que no te deja ver ni los árboles, no podés tener ningún estímulo positivo", declaró el también consultor en derechos humanos.

Además, en estos centros existe una carencia de recursos humanos, que lleva a que existan más trabajadores de seguridad que personas dedicadas a atender la situación social de los privados de libertad, agregó Vázquez.

Del lado del ETTI, se recomienda su cierre por tener instalaciones con una "fuerte impronta carcelaria" que genera que no sean "adecuadas para adolescentes que cumplen con una medida socioeducativa privativa de libertad".

Desde Serpaj tampoco están de acuerdo con la reclusión por 90 días de un adolescente, debido a que la medida "implica un corte y pérdida de sus actividades educativas, laborales y/o recreativas, siendo el único sentido la imposición de un castigo", indican en el informe. El ETTI es un centro transitorio donde la mayoría de las penas son por ese tiempo. 

Cifras complicadas

Desde el Servicio no pueden dar una cifra exacta de la cantidad de denuncias que existen sobre este tipo de situaciones, debido a que la mayoría de las denuncias son realizadas dentro de los centros por la falta de "mecanismos para realizar denuncias independientes" por fuera de estos, explicó Vázquez. 

El integrante del equipo de visitas expresó que muchas veces los adolescentes se niegan a realizar denuncias por "miedo", o porque "son amenazados para no denunciar". El hecho de que no existan protocolos de abordaje a la hora de tratar estos casos empeora la situación, añadió.

Hasta el momento Serpaj logró llevar un caso reciente a la justicia: el del menor que tuvo una fractura de cráneo, según los informes iniciales del Inisa, por caerse de una cama de medio metro de altura. En la organización están seguros de que la fractura se debió a una golpiza, detalló Vázquez.

Pandemia

Para el Serpaj la pandemia del coronavirus empeoró la situación de los centros, ya que derivó en una pérdida de actividades para los reclusos, y también en una reducción en las horas de visitas, lo que el Servicio entiende que llevó a "un aumento de conflictividad" en "la mayoría de los centros".

Este contexto se agravó con la falta de profesionales en los centros debido a las licencias médicas, comunes en épocas de cuarentenas largas y protocolos de aislamiento estrictos. De todos modos, Serpaj indica que fuera de esto hay una "baja proporción de profesionales técnicos" en los Recursos Humanos del Inisa.

El Servicio calificó como "grave y preocupante" que también dentro de esta planilla continúen algunos de los trabajadores sumariados o investigados por "malos tratos" a los adolescentes privados de libertad.

LUC

La Ley de Urgente Consideración (LUC) también fue puesta en la mira por el Serpaj, porque a su entender "profundizó grandes retrocesos en la normativa de justicia penal juvenil", y piden derogar seis artículos de la LUC dedicados a la seguridad, del 75 al 80.

Para la organización el aumento de las penas mínimas y máximas de varios delitos, la quita de derechos de semilibertad, la permanencia de los antecedentes penales para los menores de edad tras cumplir 18 años y la integración del proceso abreviado llevan al análisis de que esta ley "profundiza las propuestas contrarias a los estándares y recomendaciones vigentes" por "las convenciones, tratados y estándares internacionales de derechos humanos", detalla el informe.

Vázquez opinó que los cambios de LUC cambiaron "para peor" el funcionamiento de las cárceles, con especial énfasis en la extensión de la pena máxima a diez años para los menores infractores. Para el integrante del Servicio, si se le impone una década en reclusión a un adolescente se termina "arruinando a la persona".