Aumentó la cantidad de adolescentes presos por narcotráfico en el Inisa; hay cuatro brasileños que fueron detenidos en la frontera

En 2018 había siete menores recluidos por "comercialización o suministro de drogas". El 2% del total. Hoy son 30, y suponen el 11% de todos los ingresados en la institución. 

Así lo indica el "Censo de población adolescente privada de libertad", desarrollado por el organismo en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El estudio, al que accedió El Observador y que fue presentado el martes 6 en el Parlamento, se desarrolló entre el 22 de noviembre y el 9 de diciembre del año pasado en forma presencial a los internos alojados en los 15 centros del Inisa. 

"Esto es exponencial", señaló en el Parlamento la presidenta de la institución, Rossana De Olivera, a la vez que dejaba una advertencia a los legisladores: "El crimen trasnacional organizado también atraviesa al Inisa". 

Las autoridades del organismo comparecieron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas. Allí De Olivera señaló que Uruguay no está excluido de lo que sucede en el resto del mundo.  "No podemos desconocer cómo se benefician los grupos criminales en el reclutamiento de los adolescentes, siendo usados como mano de obra barata, voluntaria o involuntaria, a través de coerción o manipulación", dijo. 

Leé también

Con déficit de $ 60 millones, Inisa pide dinero al Parlamento porque no llega a fin de año

En ese marco, De Olivera informó a El Observador que cuatro de los internos hoy alojados en la institución son de origen brasileño. Tres de ellos tienen 17 años y el otro ya cumplió los 18 en reclusión. Por los centros del Inisa ya pasaron nueve menores brasileños. Todos ellos fueron apresados por narcotráfico en la frontera y por otros delitos "gravísimos" según la presidenta, por los que deberán cumplir largas penas de encierro. Algunos por hasta diez años, el máximo legal permitido en Uruguay para menores. 

De Olivera habló sobre una característica común a estos jóvenes, que en general no sucede con el resto: al ingresar contaban con un abogado particular que terminó desapareciendo y dejándolos solos tiempo después. 

De Olivera habló de las "labores" que estos chicos desarrollan dentro de la "cadena de valor" de este tipo de organizaciones: traslado de narcóticos, secuestro, espionaje, sicariato. Actividades todas que, remarcó, infringen la ley y transforman a estos menores en víctimas y victimarios. 

Según la presidenta del Inisa lo que favorece la vinculación a estos grupos criminales es el fuerte sentido de pertenencia que generan en jóvenes que no han podido satisfacer sus necesidades básicas, que no tuvieron oportunidades de educación o empleo, que provienen de familias pobres y quebrantadas y que tienen naturalizadas las lógicas violentas para la resolución de conflictos. 

"Son más vulnerables cuanto más abandonados hayan quedado en su niñez", dijo De Olivera. "Son sujetos dóciles y que no cuestionan, muchas veces desechables y reemplazables fácilmente".

Otro de los delitos cuya incidencia aumentó entre los menores recluidos fue la violación. En 2018, no había internos por esta causa, pero ahora son cuatro los jóvenes presos por esta causa. También aumentaron los casos de homicidio, que pasaron de 19% a 21%. La rapiña, en tanto, sigue siendo el delito mayoritario pero con una incidencia sensiblemente inferior a la de 2018: Pasó del 72% al 53% del total. 

Una salida distinta

El 36% de los jóvenes que cumplen pena en alguna dependencia del Inisa tienen más de 18 años de edad.  El 53%, en tanto, tienen entre 16 y 17 años y solo el 10% son menores de 15 años. Se trata de una población casi enteramente masculinzada: el 98% son varones y solo son cuatro las mujeres ingresadas. 

Por departamento, el último censo destacó la baja los adolescentes internados residentes en Montevideo. Pasó de ser más de la mitad (54%) en 2018 al 38%. En contrapartida, se incrementó el porcentaje de los que vivían en Canelones, que se elevó de 14% a 21%. 

Respecto al nivel educativo, el 85% de estos jóvenes no habían logrado completar el ciclo básico antes de ingresar. El 17% solo tenía primaria, y el 6% ni siquiera había terminado la escuela. Solo el 1% tenía bachillerato completo. 

Casi seis de cada diez (58%) declararon tener algún familiar mayor de edad en prisión, y el 68% dijo contar con algún pariente que, alguna vez, estuvo en esa situación. De los jóvenes que están hoy en dependencias del Inisa, el 54% negó haber tenido algún vínculo anterior con el Sistema Penal Adolescente.  Para la encuesta, el 20% de los jóvenes dijeron desconocer quién era su abogado defensor. Entre los que lo conocen, tres de cada cuatro considera que lo ve poco o casi nunca. 

"El Inisa es una de las últimas oportunidades que nos podemos dar desde el Estado para transformar la vida de los adolescentes en conflicto con la ley", apuntó De Olivera. "Tenemos la posibilidad de darles la alternativa de alcanzar una vida diferente, de que puedan tener otra perspectiva y encontrar una salida distinta al delito", concluyó. 

Medicación de rescate

En 2021 los intentos de suicidio entre internos del Inisa se redujeron 20%. El año pasado fueron 70 casos, frente a los 87 que se habían registrado el año anterior y los 181 que habían ocurrido en 2019. Para De Olivera, la baja responde a los esfuerzos institucionales desarrollados para reducir los tiempos de encierro de los jóvenes y facilitarles actividades deportivas y al aire libre. 

En su balance las autoridades del Inisa destacaron que durante el año pasado disminuyó significativamente el policonsumo de psicofármacos. Según explicó De Olivera la utilización de "medicación de rescate inyectable intramuscular" para momentos de crisis hoy es casi nula y solo se utiliza en casos aislados. 

El año pasado se avaló un nuevo protocolo de medicación que trajo "excelentes resultados". Se recorren los centros durante la noche, se saca al adolescente de su habilitación, se lo sienta con un educador y una enfermera y se garantiza que la pastilla se le dé y que la ingiera. "Sabemos que a veces no las toman, las cambias, se las toma otro o son utilizadas para otro tipo de estrategias", dijo. 

A pesar de esa mejora, el consumo frecuente de medicamentos alcanza a la mitad de la población del Inisa y está asociado principalmente a fármacos utilizados para dormir, como clonazepam o quetiapina. 

Además de los 273 jóvenes privados de libertad, bajo la órbita del Inisa hay 330 adolescentes con medidas no privativas.