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Derogarán un agravante de penas que resultó demasiado “abarcativo”
El próximo 1 de enero, con la entrada en vigencia de la nueva Rendición de Cuentas, cobrará vigencia un agravante específico para los casos de hurto del cableado, los equipos técnicos o la infraestructura dedicada a prestar servicios de energía eléctrica, telefonía, internet o datos móviles. Las penas irán desde los 18 meses de prisión a los ocho años de penitenciaría e incluirán los casos en que este delito sea cometido contra cualquier objeto existente en establecimientos públicos, especialmente centros de enseñanza, hospitales y policlínicas.
El artículo fue promovido y votado por la coalición de gobierno y llegará a corregir, luego de un año, una situación particular provocada por una redacción demasiado “abarcativa” incluida en el mensaje presupuestal vigente .
Todo comenzó a mediados de 2020, cuando el Ministerio del Interior fue al Parlamento a reclamar mayores penas para combatir una de sus mayores preocupaciones: el robo de cables de bronce y cobre de UTE. El problema es que los senadores optaron por reformar el numeral 6 del artículo 341 del Código Penal, que regula todos los casos de hurto que se cometan no solo sobre bienes públicos, sino “que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas”. La decisión pasó casi inadvertida, pero terminó agravando las penas al 90% de las modalidades de hurto que se cometen en el Uruguay y que, en los hechos, quedó igualado con las mínimas previstas para los casos de violación u homicidio.
Varios operadores judiciales dijeron a El Observador que, en los hechos, el agravante casi nunca se aplicó debido a un extendido convencimiento de lo “disparatado” de las penas previstas. Así, según confiaron, se optaba por “modificar el relato de los hechos” para encuadrar el hecho como “tentativa”, aplicando la condena que se dio siempre a este tipo de asuntos.
El Ministerio del Interior había reclamado mayores penas para el robo de cables para enviar una “fuerte señal política y jurídica” contra un delito que “provoca un grave daño social, afectando en forma terrible a amplios sectores de la población”, según había destacado en el Parlamento el subsecretario Guillermo Maciel. Las cifras que presentó indicaban un promedio de 32 hurtos de este tipo por día. UTE había denunciado que en 2020 sufrió el robo de 56.000 metros de cable, lo que representó un aumento de 16% con respecto a 2019. Antel, por su parte, debió invertir US$ 500 mil ese año para reparar estos inconvenientes.
Maciel recordó que Uruguay, pese a no producir ni un gramo, es el segundo “exportador” de cobre de América Latina, solo por detrás de Chile, uno de los mayores productores a nivel mundial. Datos oficiales de 2019 calculaban que salían por las fronteras casi 3.000 toneladas de este mineral, todo producto de robos. Interior terminó desligándose de la decisión del Parlamento que, según el jerarca, “en uso de su autonomía” terminó aprobado un proyecto “más abarcativo”.
Malas influencias
Otra de las innovaciones del proyecto de Rendición de Cuentas que comenzará ser votado la próxima semana en el Senado pasa por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Un aditivo presentado por el oficialismo permitirá por primera vez y en determinadas circunstancias que los jóvenes que cometieron un delito siendo menores cumplan la pena en cárceles de adultos una vez siendo mayores de edad .
Hasta hoy esta posibilidad está absolutamente prohibida, pero a partir de ahora habrá una excepción. Será cuando el involucrado, por cualquier motivo, haya permanecido ya en una cárcel de adultos cumpliendo pena por otro caso. La medida generó dudas en el Frente Amplio, que rechazó dar su voto. El senador Mario Bergara planteó, en todo caso, todo debería depender de la gravedad del delito cometido. “Si fuera por casos graves o muy graves estaríamos razonablemente de acuerdo, pero en en delitos menores no nos parece ver” puntualizó este jueves, al votarse el aditivo en comisión. Bergara insistió: sería “exagerado” enviar a a prisión de adultos a un joven por un delito que “relativamente menor” cometido cuando tenía 15 o 16 años.
Su colega Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) le pidió reflexión. De no prosperar la iniciativa se estaría reintegrando al Inisa a personas mayores con “cierta propensión” a cometer conductas delictivas en un ambiente en el que habrá menores con una diferencia muy importante de edad, sobre los que ejercerán una “infuencia que no es beneficiosa”.
Oscar Andrade (PCU) prometió una mayor discusión en el Plenario. Aún así recordó que la ley de Urgente Consideración (LUC) prevé una pena máxima de hasta diez años en el caso de los adolesentes. Por tanto, un joven que cometa un delito con 16 años podría ser liberado recien a los 26 años. También recordó que la normativa vigente prevé que - aún en el Inisa - los mayores deban cumplir pena en establecimientos separados de los menores.
“Estamos en contra", dijo Andrade. que agregó que una discusión de este tipo no debería darse dentro de una Rendición de Cuentas. El senador insistió y se preguntó “por qué un adolescente que está cumpliendo una pena por homicidio y tiene una riña en baile, al que fue durante una salida transitoria, tiene que cumplir la pena en el Comcar cuando el delito lo cometio a los 16 años”, dijo.
Domenech intentó convencerlo: no se trata de agravar la situación de los que ya son mayores, sino “proteger” a los menores que están en el Inisa. “Pensemos en los chicos de 14 y 15 años que están allí y que tienen que convivir con muchachos de 25 años con una experiencia delicitiva importante”, pidió.
El problema con las estafas
La Rendición de Cuentas incorporará otra innovación solicitada en el Senado por el Ministerio del Interior para contar con más medidas y así contener el sensible aumento en las estafas, delito que se triplicó en los últimos cinco años. Solo en 2021 hubo más de 16 mil denuncias. A los efectos se incorporará un inciso en el Código del Proceso Penal que plantea que, una vez recibida la denuncia - con prueba fehaciente de depósito, giro o transferencia - de la presunta estafa, extorsión o receptación, la Policía le comunicará con la institución financiera involucrada para que inmovilice el dinero hasta la suma objeto de la maniobra. Será por 72 horas en el caso de una cuenta local, o de 96 horas si es en el extranjero. En el mismo momento la medida será comunicada a la fiscalía y al Banco Central.
Desde 2017 a la actualidad, se trata de una actividad delictiva que “ha crecido sin parar, independientemente de la pandemia” según lo dijo el Ministerio en el Parlamento. De setiembre de 2017 a agosto de 2018 denunciaron 5.857 estafas. De setiembre de 2018 a agosto de 2019 fueron 7.402m, Mientras que a 2020 fueron 10.106 denuncias. De setiembre de 2020 a agosto de 2021, fueron 13.180.De setiembre del año pasado a agosto de este año, la Policía recibió 16.910 denuncias. Un alza de 288% en todo ese período.
