Inisa se opone a aumento de penas a menores y advierte sobre pico de encierros

Entre esos libros gruesos que exhibió Lacalle durante la campaña había decenas de visiones en común, pero también discrepancias que ahora son objeto de discusión durante el estudio de la ley de urgente consideración. Un ejemplo es el referido al aumento de penas a menores infractores. 

El artículo 75 de la LUC lleva de cinco a diez años el máximo de pena previsto para los adolescentes infractores, mientras que el 76 sube de uno a dos años la pena mínima para los menores que cometan “infracciones gravísimas”, como rapiñas, homicidio intencional con agravantes especiales, lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes, violación, secuestro, entre otras. 

Pero las modificaciones propuestas por el Ejecutivo son motivo de disputa en la interna del propio Partido Nacional, así como entre los otros partidos que conforman la coalición y también con diversos actores del gobierno.

Las diferencias quedaron de manifiesto este martes, con la comparecencia de una delegación del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) ante la comisión del Senado. Rosanna De Olivera, directora del Inisa e integrante de Cabildo Abierto, se expresó en contra del aumento previsto por el proyecto original, según contaron participantes de la reunión. 

Además, la jerarca presentó un documento elaborado por el Departamento de Planeamiento y Presupuesto del organismo, en el que se advierte la “situación de extrema complejidad” en la que quedaría inmerso el instituto de aprobarse los artículos incluidos en el proyecto.

La delegación del Inisa mostró la reducción de la población privada de libertad desde 2013 –cuando hubo un pico de 633 menores recluidos– a la fecha, y planteó que los artículos del proyecto –de acuerdo a proyecciones realizadas por las autoridades– podría desembocar en un nuevo pico de 660 personas para 2024.

Los resultados de una proyección poblacional basada en “el peor escenario posible” dan cuenta de que las modificaciones exigirían un incremento presupuestal de unos 1.800 millones de pesos (US$ 40 millones) en todo el período, según el documento presentado por el Inisa.

“Tomando como referencia los valores expuestos previamente, solo en infraestructura y recursos humanos, el gasto se debería incrementar hacia el final del período aproximadamente en $ 1.150 millones millones (US$ 25,5 millones)”, señala el estudio al que accedió El Observador.

El documento señala que si bien la proyección “muestra el peor escenario posible, cualquier punto intermedio presentará escenarios preocupantes si consideramos la fragilidad presupuestal y de infraestructura”. 

Por otra parte, el documento del Inisa remarca que las modificaciones "van en sentido contrario a las observaciones realizadas por los órganos de monitoreo de los sistemas penales juveniles tanto nacionales como internacionales" y además "entran en conflicto con la ratificación de los tratados internacionales suscritos por el país, tanto en materia de Derechos Humanos como la Convención de los Derechos del Niño, Reglas de Mandela, Reglas de Beijing, Reglas de Tokio, Directrices de Riad y Reglas de La Habana para la protección de los menores privados de libertad".

Negociaciones en el oficialismo

Además de contar con objeciones por parte de Cabildo Abierto –partido que está a cargo del Inisa–, el aumento de penas es objeto de discusión en la interna del Partido Nacional, que trabaja en una redacción alternativa. 

“La redacción tal como vino del Poder Ejecutivo no cuenta con los votos suficientes”, dijo a El Observador el senador Jorge Gandini. 

En la sesión de este martes, Gandini defendió que estas disposiciones se cambiaran del capítulo de seguridad al de políticas sociales para que “la referencia no sea el Ministerio del Interior sino el Inisa”. 

Gandini, líder del sector Por la Patria, fue electo senador por la lista 2004, del ministro del Interior Jorge Larrañaga, pero en los últimos meses se ha distanciado del jerarca por diferencias en la asignación de cargos en el gobierno. 

Tanto Gandini como el diputado nacionalista Álvaro Viviano (exdirector del Inisa) y la vicepresidenta Beatriz Argimón son partidarios de dotar al articulado de una mirada más enfocada a la rehabilitación que a lo punitivo, más allá de que se mantenga algún tipo de aumento de penas a los delitos más graves. "El criterio tiene que ser diferente al del Ministerio del Interior. No se arregla con más encarcelamiento", remarcó Gandini. 

El pasado 4 de mayo, Larrañaga pidió que las modificaciones se aprobaran tal cual se enviaron del Poder Ejecutivo. “Creemos que en el marco de una política criminal es importante ser sabedores de que hay adolescentes que no tienen ninguna empatía con las víctimas y se transforman en victimarios, en una suerte de carrera delictual que culmina con homicidios”, dijo el jerarca. 

Carlos Camy, coordinador del capítulo de seguridad en el Partido Nacional y representante del sector del ministro del Interior, resaltó que el aumento de las penas máximas y mínimas está incluido en el programa de gobierno de los blancos. 

Los puntos 74 y 75 de ese programa que exhibió Lacalle Pou en campaña prometía “duplicar el lapso máximo de privación de libertad para los menores autores de infracciones gravísimas a la ley penal, llevándolo a diez años” y “duplicar el lapso mínimo de privación de libertad para los menores autores de infracciones gravísimas a la ley penal, llevándolo a dos años”. 

Si bien el proyecto de ley de urgente consideración eleva a dos años el mínimo para infracciones gravísimas, en el caso del tope máximo la ampliación a diez años es para cualquier delito. De ahí que algunos legisladores del oficialismo estén negociando que ese aumento se restrinja a los delitos más graves, acotando a su vez ese tipo de infracciones.

Gandini, por ejemplo, es partidario de incluir el homicidio especialmente agravado pero dejar por fuera a la rapiña, ya que implica el 60% de los casos y llevaría además a “problemas operativos” para el Inisa, por el aumento de la población carcelaria. 

Camy, en tanto, planteó sus dudas respecto a que un aumento del piso de las penas impacte directamente en el aumento de la población recluida. Para ello puso como ejemplo que en 2013 se votó un alza en el mínimo y a partir de allí se redujo el número de adolescentes infractores. 

Mayores de 18

Tanto la oposición frenteamplista como algunos integrantes del oficialismo hicieron hincapié en la necesidad de abordar en algún momento el problema de los adolescentes que pasan a ser mayores de edad mientras cumplen su pena. Si bien la idea no es incluirlo en la discusión de la LUC, Gandini dijo que "la falta de espacios diferenciados" para esa población es un "asunto a atender". "Más de 100 de los cerca de 280 privados de libertad son mayores de 18 años. Hay que pensar en diferentes establecimientos", señaló.

Charles Carrera, senador del Frente Amplio, también dijo que "hay que separar" a los que cumplen 18 años y señaló que las autoridades del Inisa comparten esa preocupación. "Eso hay que analizarlo en una ley aparte, recibir a todos los involucrados y estudiarlo a fondo", dijo Carrera a El Observador.

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