Nacional > La Paz Canelones
Jardines de Viale: las casas ocupadas hace 30 años en La Paz y un problema que la ANV no logra destrabar
Del baldío al costado de la ruta vieja se alzan dos viviendas que levantaron las propias familias que se asentaron. Era un predio pelado que en los planos originales –de los años '80– aún figura como diez locales comerciales. Antes de la ocupación de agosto de 1992, dicen, no había más que pastizales y esqueletos de casas inacabadas, un perfecto cobijo para la delincuencia.
Treinta y dos familias tomaron ese día la obra inconclusa que las constructoras Edificadora SA y Vetyl SA dejaron al costado de la vieja ruta de La Paz (Canelones) y el fenómeno no pasó desapercibido para el periódico local "Hoy".
"Hace doce años que están abandonadas. Somos todos gente de trabajo, gente bien. Los alquileres que piden no se pueden pagar. Los sueldos nuestros son bajos", decía un vecino.
Las estructuras pasaron con los años del Banco Hipotecario al Ministerio de Vivienda, y de ahí para el fideicomiso de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Ese block de casas inacabadas que fueron tomando forma, junto a otro block contiguo de 35 viviendas más que las constructoras sí dejaron "habitables", componen el llamado complejo Jardines de Viale, que tiene una delicada problemática que recorre la agenda política hace al menos dos décadas y hoy sienta la discusión en el directorio de la ANV.
Que el Block H003 tenga la puerta trancada con cadena y candado, todas sus ventanas cerradas, la reja del frente recostada hacia adelante y un pequeño basural en la entrada es uno de los motivos centrales para el tironeo entre vecinos, oficialismo y oposición de la ANV, y hasta el municipio (del Frente Amplio). En esa casa vivió Fabiana Domínguez por casi 30 años, por más que estuviera a nombre de un tal Vicente Nelson Sosa, a quien le llegó dirigido un telegrama el 13 de junio de 2019.
A ese nombre había una deuda millonaria por hipoteca, una situación en la que están al menos otras diez unidades de Jardines de Viale con remate pendiente y con informes sociales que solicitan "la defensa del remate por parte de la ANV para después regularizar a los ocupantes", informó a El Observador la representante del Frente Amplio en el directorio, Verónica Dodera.
La situación responde a viviendas que en los '80 las constructoras adjudicaron de antemano y que, al no culminarse la obra, realojaron a quienes tenían contrato de compraventa en el otro block más acabado.
"Yo entré el 12 marzo de 1983, porque habían prometido la vivienda para el 1º. Ya tenía el desalojo, así que tenía que entrar o entrar. Entonces hablé con el señor García Rebuffo, titular de Edificadora SA, quien me dio permiso y me mudé para ahí", contó, por ejemplo, José Gaetán, uno de los primeros ocupantes que fue a narrar sus peripecias a la comisión de Vivienda del Senado 23 años atrás. Ahí debió poner ventanas, puertas, hacer un pozo negro y abastecerse de la luz de la obra.
Mientras tanto, las casas inconclusas, pero ya adjudicadas, que serían ocupadas una década después, continuaron acumulando hipoteca a nombre de titulares que no necesariamente vivían allí. Así fue el caso de Fabiana Domínguez, del Block H003, que se remataría el 30 de octubre de 2020 como única manera de cortar la deuda del inmueble.
A sugerencia del rematador Walter Imbert –según contó la misma Domínguez en comisión de Vivienda del Senado semanas atrás– pidió $ 100 mil a un prestamista, pero la casa se fue a más de $ 1 millón. El precio base era de $ 63 mil –según está disponible online–, pero lo compró un particular que ofertó por encima de eso.
"Me dijo que la precisaba para una hermana que tenía un esposo discapacitado. Nunca llegamos a un acuerdo ni nada. Me tuve que ir a vivir con mi hija de agregada. Esto no puede ser para toda la vida, pero soy jubilada y no puedo sostener un alquiler de $ 15 mil. La vivienda sigue desocupada", relató ante los senadores.
Dodera, la directora del FA en la ANV, planteó el dilema a comienzos de mes en el directorio: "Mi interés en particular era si había alguna definición o estudio de la situación como para que no pasaran estos casos, porque en todo caso la mayoría de las familias tienen informes sociales (de la ANV) que ameritan la defensa del crédito, con situaciones de vulnerabilidad y hasta 27 años de ocupación", señaló.
"Como institución que debería estar atendiendo la vivienda social, de qué manera podemos quedarnos con esas unidades y que no pasen a un tercero que, desde la especulación inmobiliaria, seguramente lo hace como inversión", indicó Dodera.
En esos días se aproximaba un nuevo remate previsto para el 31 de marzo, que un recurso de amparo en la Justicia por parte de la familia terminó postergando por 90 días el remate. La prórroga ocurrió el mismo día de la ejecución tras una reunión de los vecinos con el presidente de la ANV, Klaus Mill Von Metzen (Cabildo Abierto) y el vicepresidente Gustavo Borsari (Partido Nacional).
"La única forma que la ANV tiene para cortar una hipoteca es el remate, que la Agencia defiende para quedarse con la vivienda y regularizar con la persona ofreciendo el alquiler y la posibilidad de que la mantenga la vivienda", dijo el jerarca cabildante a El Observador. Mill Von Metzen afirmó que tras la rendición de cuentas del 2021 el organismo puede "defender los remates más allá del valor de la tasación", lo que a su entender "es una herramienta mucho más poderosa" para que la familia no quede en la calle si oferta un tercer interesado.
"En este caso (de Jardines de Viale) se va a hacer el esfuerzo para defender el remate", anticipó el presidente de la ANV.
Las ejecuciones extrajudiciales no son algo nuevo, reconocen los propios vecinos, aunque reclaman que desde la extensión del plazo para la prescripción de hipotecas –a la que paradójicamente la LUC forzó luego a votar de urgencia ante unos US$ 400 millones que estaban en juego– comenzó a acelerarse la llegada de los cedulones.
El temor a estos movimientos llevó desde fines del año pasado a tender contactos con Dodera, los senadores Sebastián Sabini y Óscar Andrade (ambos de Canelones), el consultorio jurídico de la Universidad de la República que conduce Juan Ceretta y los asesores de Fucvam, entre los que se distingue la abogada Valeria España.
Los desalojos
La ANV enfrenta mientras tanto otra problemática asociada a los desalojos, con una familia colombiana a la que se le aproxima el lanzamiento. Los vecinos denuncian que por desconocer la ley uruguaya no respetaron los plazos y que ahora se enfrenta a la etapa final del desalojo. "La familia se queda en la calle porque no le encontraron una solución", denuncia Maira Lamadrid, una de las vecinas.
Jennifer Presa tiene a sus dos hijos pequeños y sabe que recorrerá el mismo camino. Sus padres estuvieron entre los primeros ocupantes y ella se crio en Jardines de Viale. La vecina asegura que pese a un acuerdo de palabra establecido con la ANV en 2012 en que se comprometían a dos años de arrendamiento con opción a compra si eran buenos pagadores, los cambios de administración cambiaron las reglas de juego.
"Debido a lo que ha pasado con otras familias y al miedo, muchos vecinos firmaron el arrendamiento, pero otros no lo hemos hecho porque creemos que se puede buscar otra solución. Hace treinta años que vivimos ahí", contó la mujer en el Senado. "Ahora estoy criando a mis hijos y verme en la calle me parece ilógico. El de once años constantemente me pregunta a dónde nos vamos si tenemos que irnos. Él va a la escuela y tiene en la mente que nos tenemos que ir y que, literalmente, nos quedamos en la calle, como todos los vecinos que viven en el complejo", relató.
La desconfianza con la administración marca décadas de idas y vueltas, y las quejas por las respuestas de escritorio son una constante entre los vecinos. La directora del FA insiste ante estos casos que "se arrimen porque pueden regularizar, incluso hay alquileres muy bajos".
Contrario al caso de las hipotecas que desembocan en remates, el desalojo es el camino más drástico que recorren los vecinos que no están en regla.
"Se le ha pedido a todos los vecinos que se acerquen a la Agencia para regularizar la situación, es lo que estamos haciendo con todos los complejos administrados por ANV", afirmó al respecto el presidente del organismo.
"Acá hay una serie de comunicaciones y, como no hay una respuesta, se sigue agravando la situación. En ese momento es cuando realmente se acercan las familias. No quiero decir que nunca se ha gestionado, lo que siempre se llega es al último momento, al del desalojo, ahí es cuando se acerca la familia", explicó el jerarca, y advirtió: "Se llega a un extremo al que no se debería llegar. Se tensa la piola y se va al desalojo, y ahí es cuando arregla la mayoría".
