Autoridades tuvieron que ir de apuro al Parlamento

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Prescripción de hipotecas: el "daño colateral" de la LUC que reveló un "monumento a la desidia y el poco apego"

El Parlamento salvó en la hora al gobierno y desde el oficialismo reprocharon que “así no se legisla”; ANV dice que estuvieron en juego casi US$ 400 millones, cuando Vivienda había alertado que eran US$ 50 millones; investigan el misterio de un expediente archivado
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14 de julio de 2022 a las 05:01

Con carácter grave y urgente, el Senado y la Cámara de Diputados tuvieron que discutir un proyecto de ley enviado sobre la marcha que salvó in extremis al Poder Ejecutivo de un "daño colateral" derivado de dos artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC) que, en caso de no haberse atendido, habría provocado una pérdida millonaria para las arcas del Estado.

Todo estuvo relacionado con las modificaciones que esa norma implementó sobre los plazos de prescripción de las deudas hipotecarias en manos del Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), en un problema que las autoridades ministeriales habían adelantado, en reserva, a varios legisladores del Partido Nacional la semana pasada, tal como informó El Observador.

La cartera llamaba a una acción legislativa urgente para reformar, por un lado, el artículo 463 de la LUC, que estableció varias modificaciones al Código Civil y en términos generales redujo de 20 a 10 años los plazos de prescripción. A través de otro artículo, el 467 de la LUC, se estableció un plazo de dos años a partir de la vigencia de la ley para que las prescripciones que estuvieran en curso o empezaran a consumarse.  

Como la LUC se ratificó en julio  2020, ese plazo se cumple por estos días. La situación, relatada a los legisladores blancos por la ministra Irene Moreira, fue contundente: a la fecha había 5.000 hipotecas que estaban por prescribir. Lo más complejo, según las autoridades, era que el monto de esas deudas superaban los US$ 50 millones. La situación fue descrita por el mismo ministerio como un "daño colateral" de la LUC. 

Finalmente, la solución llegó este miércoles, y un jerarca de la ANV señaló que lo que estuvo en juego no fueron US$ 50 millones –como había manejado el ministerio–, sino unos US$ 400 millones.

Pero el camino, a contrarreloj, tuvo además sus contratiempos.

Las versiones

En un nuevo proyecto de artículo único, Moreira pidió extender por 48 meses los plazos de prescripción previstos en la LUC, y que vencerían entonces recién en 2024. Eso le daría aire a las autoridades y no la obligaría a salir a librar urgentemente "miles" de notificaciones para evitar la caída de las hipotecas.

El tema complicó y mucho a la bancada oficialista que, sin demasiada información, tuvo que apelar a la "buena voluntad" y a la "comprensión" de la oposición para aprobar esta extensión, que salva al gobierno de un problema de magnitud insospechada. En ese sentido, el senador nacionalista Carlos Camy reconoció y "agradeció" el gesto del Frente Amplio. 

Pero la coalición tampoco la tuvo fácil. El FA solo estaba dispuesto a votar si se le aclaraba un punto fundamental: en qué fecha concreta caerían las hipotecas, para lo cual existían varias versiones.

Una marcaba el 9 de julio, a dos años de la promulgación de la LUC. En ese caso las deudas ya habrían prescrito, el daño ya estaría hecho y la oposición no estaría dispuesta a votarlo. Otra interpretación indicaba que las hipotecas caían recién el 14 de julio, segundo aniversario de la publicación de esa norma en el Diario Oficial, lo que daba un margen de apenas algunas horas. 

La incógnita se despejó luego del primer cuarto intermedio de la jornada pese a que la presidenta interina del Senado, Graciela Bianchi, había concluido previamente que no cabían dos –ni tres– interpretaciones: la vacatio legis, el lapso que debe mediar entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, es de diez días según el ordenamiento jurídico uruguayo.

Por lo tanto, la eventual caída de las hipotecas no estaba fijada ni para el 9 ni para el 14, sino para el 24 de julio. Si bien quedó planteado un poco más de luz, las fechas eran igual de perentorias, dado que la Cámara de Diputados tenía este miércoles su última sesión y se abocará desde entonces a la discusión de la Rendición de Cuentas. La próxima sesión estaba prevista recién para el mes de agosto. 

Así, despejada ya esa duda, la oposición fue al fondo del asunto y pretendió saber cuántas eran las carteras comprometidas y, sobre todo, por qué se apeló a una solución al filo del plazo. Para eso, la senadora Liliam Kechichian, "dada la gravedad del tema", reclamó la presencia inmediata de la ministra Irene Moreira en sala. Las dudas también alcanzaban al oficialismo. El senador nacionalista Gustavo Penadés consideró legítimo el planteo de la oposición. "Así no se legisla", protestó. "El Poder Ejecutivo no puede enviar un proyecto de ley de esta manera", dijo Penadés.

Dudas y certezas

"Que venga la ministra y comenzará el debate", insistió Kechichian: "Queremos escucharlo de su boca".

La senadora frenteamplista introdujo un elemento clave, que disparó la discusión política. Según señaló, el FA "había advertido" que esto podía pasar al momento de aprobarse la LUC.

Así, Kechichian recordó que la oposición había propuesto sin éxito desglosar los artículos referidos al Código Civil para analizarlos de forma particular, y también cuestionó la actitud de Moreira, que la semana pasada le había advertido a varios legisladores blancos del problema que se venía. Sin embargo, ese mismo día compareció ante la Comisión de Vivienda del Senado y nada dijo a los allí presentes. 

El debate fue subiendo de tono, al punto que Bianchi tuvo que advertir: "estoy a un segundo de suspender la sesión". Un nuevo cuarto intermedio y una reunión de coordinadores de bancada buscó ordenar una discusión sin rumbo.

El FA seguía reclamando la presencia de las autoridades, pero allí mismo se les informó que la ministra Moreira y el subsecretario, Tabaré Hackembruch, estaban de visita en Treinta y Tres. Al final, se concretó la presencia en el Parlamento del director general del ministerio, Gabriel Albornoz, el director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, y la asesora Margarita González Bocage. Por la ANV concurrió su vicepresidente, Gustavo Borsari, ya que el titular de ese organismo, Klaus Mill von Metzen, está de vacaciones. 

La información aportada dejó algunas certezas pero también nuevas dudas. En primer lugar porque la delegación del ministerio, en el "apuro" por concurrir a la reunión, olvidó llevar el informe correspondiente. Los representantes de la cartera, que la semana pasada habían mencionado 5.000 hipotecas, hablaron ahora de entre 2.500 y 2.600 "carpetas". Albornoz, además, sostuvo que "no podía ratificar" la cifra de US$ 50 millones que Moreira había aportado la semana pasada y que estarían en riesgo.

Borsari, en tanto, presentó otro tipo de datos. El vicepresidente de la ANV habló allí de deudas que implicaban 11.800.000 unidades reajustables que, al cambio actual, equivaldrían a cerca de US$ 400 millones.

En diálogo con El Observador, Borsari apuntó además que en las 2.600 "carpetas" puede haber varias hipotecas, al tratarse de complejos habitacionales. El 85% de las deudas, dijo, corresponden a cooperativas de vivienda y la mitad de ellas a través de fideicomisos administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas. "Son los números que tengo", señaló. 

"Es imposible legislar en esta incertidumbre", señaló el frenteamplista Mario Bergara, que describió el accionar de las autoridades como un "monumento a la desidia y el poco apego". El senador desató una catarata de críticas. "Tuvieron dos años para no llegar hasta este punto pero, a dos días, nos desayunamos en que no se avanzó nada en resolver el tema. Quedamos al borde del abismo por la falta de diligencia del ministerio", lamentó. 

Kechichian, en tanto, señaló que el presidente de la ANV debería "renunciar"

Un expediente archivado

Durante la reunión la bancada frenteamplista obtuvo una serie de documentos. En uno de ellos, se indica que el 30 de julio de 2020, poco después de la aprobación de la LUC, comenzó a circular en la ANV un informe del Área Jurídica de ese organismo, que ya advertía sobre la necesidad de que todas las unidades administrativas tomaran conocimiento del tema y, además, alertaba por sus seguros impactos. Ese expediente, según el acta al que accedió El Observador, fue archivado el 19 de enero de 2021, sin tratarse en el directorio. El 4 de mayo de este año fue que, finalmente, se habló de la necesidad de elaborar un proyecto de ley que subsanara el problema. "Estaban enterados hace dos años y no hicieron absolutamente nada" apuntó el senador Alejandro Sánchez al cuestionar que, además, la elaboración de esa solución haya demorado dos meses. 
En diálogo con El Observador, Borsari dijo que pedirá una investigación administrativa para conocer quién tomó la decisión de archivar ese informe jurídico. El vicepresidente de la ANV valoró la solución que se alcanzó este miércoles en el Parlamento, que evita tener salir a "intimar a miles de familias" para poder evitar la prescripción. La voluntad, expresó, es que sigan desarrollando su vida, mientras con tiempo se busca una solución a su situación.

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