El TCR decidió no observar el gasto de US$ 5.200 mensuales por un año pese a un dictamen en contra del departamento jurídico
El exministro de Salud Pública, Jorge Venegas, cobrará, a lo largo de un año, unos US$62.500 dólares que serán restados a las arcas del Estado.
En principio no parece un caso extraño ya que ese dinero lo perciben todos los secretarios de Estado una vez que dejan su puesto y corresponde al 85% de su salario.
Pero Venegas llega a ese beneficio por caminos poco transitados. Por lo pronto, lo hace contra la opinión del departamento jurídico y de los integrantes blancos y colorados del Tribunal de Cuentas (TCR) quienes, igualmente, no pudieron impedir que el miércoles 24 la mayoría del organismo votara para no observar el subsidio al dirigente del Partido Comunista (PCU).
El domingo 21, El Observador había informado acerca de la opinión del departamento jurídico del TCR que se basó en una resolución anterior de la Corte Electoral que determinó que Venegas estaba incapacitado para ejercer el cargo debido a que no tiene la ciudadanía legal uruguaya.
La difusión del informe causó cierto descontento entre los integrantes del TCR que representan al oficialismo frenteamplista.
Es así que el lunes 22 durante una reunión del organismo, León Lev dijo que no parecía bueno que el asunto fuera manejado en la prensa ya que se podía “politizar la discusión”.
El miércoles, tras una larga discusión, el presidente del TCR, Siegbert Rippe Kaiser, decidió levantar la mano para inclinar la balanza a favor de Venegas. La votación resultó entonces cuatro a tres.
“Hubo un informe jurídico que se manifestó en contra de otorgar el subsidio pero yo me basé en otro que dice que es posible otorgárselo. Pero no puedo decirle qué dice ese informe”, dijo Rippe a El Observador.
Cuando se le preguntó porqué había votado a favor del subsidio, Ripe respondió: “Eso no se lo puedo decir. Hubo un debate larguísimo en la noche del miércoles”. Entonces se le consultó acerca de por qué creía que Venegas debía cobrar el subsidio. “No le puedo responder eso”, volvió a excusarse Rippe.
El funcionario preside el Tribunal de Cuentas desde julio de 2010 cuando accedió gracias a un acuerdo entre la oposición y el oficialismo para elegir en ese cargo a una persona sin filiación partidaria.
Rippe es un abogado con una maestría en administración pública y un diploma en finanzas, y es docente de dilatada trayectoria.
El subsidio que le corresponde a los ministros una vez que dejan su cargo es del 85% de su sueldo (unos $ 111 mil pesos) y lo cobran durante un año.
Antecedentes
Venegas se vio obligado a abandonar su cargo en marzo de 2013 luego de que el senador colorado José Amorín (Batllistas de Ley) advirtiera que no tenía la ciudadanía legal uruguaya (nació en Chile en 1948), requisito que se exige para ser elegido senador o nombrado ministro.
Electo senador suplente por el Partido Comunista en las elecciones de 2009, Venegas fue designado subsecretario de Salud Pública por parte del entonces presidente Tabaré Vázquez y luego fue ascendido por José Mujica a ministro en 2011.
Venegas tenía la ciudadanía legal desde abril de 2004, pero para ser electo senador o para ser ministro debió esperar 10 años de ejercicio de ese estado civil, según marca la Constitución.
Pero, además, Venegas nunca había registrado su ciudadanía y por tanto no había empezado a correr el plazo establecido.
En aquel entonces, Venegas defendió su derecho a ejercer como ministro: “Soy ciudadano legal, estoy ejerciendo mi cargo de ministro porque el presidente me dio la potestad y el honor. Soy ciudadano legal, además tengo familia. Y grito por la selección uruguaya y grito los goles de Suarez. Qué más le puedo decir”, dijo el exjerarca durante una conferencia de prensa.
La Constitución señala en sus artículos 98 y 176 que para ser ministro o senador, los extranjeros deben tener un plazo de siete años de ejercicio de la ciudadanía. Pero, además, el artículo 75 de la Constitución establece que los derechos “inherentes” a la ciudadanía legal no podrán ser ejercidos por extranjeros “hasta tres años después del otorgamiento de la respectiva carta”.
Aun antes del fallo de la Corte Electoral, el presidente Mujica resolvió sacar a Venegas de Salud Pública y designó a Susana Muñiz en su lugar. Muñiz fue propuesta por el Partido Comunista y aceptada por el presidente.