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Juan Gómez cree que el proyecto de ley de Cabildo Abierto que penaliza errores de fiscales "es impresentable"
El fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo que el proyecto de ley de Cabildo Abierto que pretende penalizar a los fiscales que persigan a un no culpable lo hace pensar que hay un "movimiento" en contra de los operadores judiciales, y sostuvo que "es impresentable".
"No puedo calificar a los legisladores de mi país, pero me parece que es un contrasentido enorme. Yo sé que no debería contar con voluntades para ser aprobado, pero el solo planteo lleva a pensar qué hay detrás", lamentó Gómez en diálogo con El País.
Tal como informó El Observador, el proyecto fue presentado por Cabildo en la Cámara de Senadores, con el título "Delito de prevaricato cometido por funcionarios", e impone que un fiscal que persiga a un no culpable "será castigado con la pena de 18 meses de prisión a siete años de penitenciaría, multa de 60 UR a 12.000 UR e inhabilitación especial de tres a siete años".
Para Gómez estas penas "no guardan un sentido lógico", porque "la titularidad de la acción penal la tienen los fiscales". "Yo creo que cualquier retoque que se haga en eso sería un retroceso brutal del sistema", criticó el fiscal de corte.
“Se habla de reformar la Fiscalía como si acá estuviera el poder, y acá está la responsabilidad, no el poder", continuó Gómez, y preguntó en qué aspectos se cree que debería cambiar el proceso penal acusatorio.
Entre las posibles reformas, el fiscal puntualizó que es "casi ridículo" que un fiscal presente un testigo del que no conoce su testimonio: "Es como que alguien le dijera que el DT de un cuadro de fútbol no supiera nada de los jugadores que va a poner en la cancha. La ley manda proteger víctimas y testigos y hay personas que van con profundo temor" a testificar, expresó.
La Asociación de Magistrados del Uruguay también fue crítica con el proyecto de ley cabildante, el cual consideran que "amenaza con criminalizar el trabajo cotidiano" de jueces y fiscales, según expresaron en un comunicado publicado el 7 de abril.
La gremial recordó que los jueces ya están sometidos a responsabilidad. El artículo 23 de la Constitución los hace responsables "de la más pequeña agresión" contra los derechos de las personas y ante eventuales apartamientos del correcto proceder legal. Además, remarcaron que las decisiones que puedan ser consideradas injustas por algunas de las partes en un juicio pueden ser apeladas o impugnadas.
"La Asociación de Magistrados del Uruguay seguirá de cerca el trámite parlamentario del proyecto de ley mencionado, en tanto podría significar un nuevo intento de incidir en decisiones judiciales y en una afectación fundamental de la separación de poderes", indicó el comunicado. Los fiscales, por su parte, también cuestionaron el texto presentado por Cabildo Abierto.
El presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, dijo que se contactó con varios colegas de la región, que dijeron estar "sorprendidos" por las tipificaciones que la iniciativa prevé y que "atentan contra todo el sistema de justicia".
