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Cabildo quiere penar "mala praxis" de jueces y fiscales y prohibir el uso del "todes" en el Estado
La bancada de Cabildo Abierto presentó este lunes en el Senado un proyecto de ley que establece duras sanciones penales y económicas a los fiscales y jueces que incurran en un mal desempeño de su función.
El texto, al que accedió El Observador, plantea una ampliación del delito de prevaricato y propone que aquellos magistrados que "intencionalmente persigan penalmente a un no culpable o a una persona a la cual no le corresponda sanción penal", sean castigados con una pena de 18 meses de prisión a siete años de penitenciaria. También se propone aplicarles una inhabilitación especial de tres años para ejercer sus funciones y que deban pagar una multa de 60 a 12.000 unidades reajustables. Las mismas penas y multas están previstas en el caso de los magistrados que oculten pruebas, a la defensa o a la víctima, de su investigación preliminar.
El proyecto de Cabildo Abierto también abarca a los jueces. Así, se propone que aquellos que, a sabiendas, dicten una resolución injusta, sean castigados con una pena de entre diez meses de prisión a siete años de penitenciaría, con una multa de entre 40 a 12 mil unidades reajustables, con inhabilitación especial de diez meses a siete años.
Se trata de que jueces y fiscales asuman su responsabilidad ante una eventual "mala praxis", dijo el senador Guillermo Domenech, que aparece como uno de los firmantes del proyecto junto a sus colegas Guido Manini Ríos y Raul Lozano.
"Venimos observando lo que está pasando en la sociedad, en donde vemos un problema de raíz", sostuvo Lozano. Ese problema, apuntó, es el Código del Proceso Penal, que le otorga a los fiscales un rol primordial en el sistema de Justicia, en el que los jueces en la mayoría de los casos se limitan a referendar lo que solicita el Ministerio Público.
Allí el senador habló de repetidos casos de "creación de pruebas" , como fue denunciado en el marco de la Operación Océano. También de "preparación" o "manipulación de testigos", de lo que fue acusada la fiscal Sylvia Lovesio.
Lozano saludó la resolución judicial que tuvo el caso de los policías que habían sido imputados por la muerte de Santiago Cor, el joven que murió al estrellarse con su moto en medio de una persecución policial en Durazno. "La Justicia finalmente actuó con justicia", dijo el senador. Si bien admitió que "habría que analizar" si la situación habría sido contemplada por el proyecto que promueve su bancada, se preguntó qué hubiera pasado si los dos funcionarios terminaban condenados y cómo actuarían sus colegas.
La iniciativa presentada por Cabildo Abierto responde ante la situación de la Fiscalía General de la Nación, que enfrenta 13 juicios por más de US$ 6 millones por, entre otras cosas, casos de prisión indebida. Así lo reveló un pedido de informes al Ministerio Público efectuado en octubre del año pasado por Manini Ríos, y que fue consignado este domingo por El País.
En otras cuatro demandas, la oficina ya fue condenada a pagar un total de US$ 64 mil. Entre las causas, se destacan privación de libertad indebida, omisión de investigar supuestos delitos e, incluso, demandas laborales presentadas por fiscales que consideraron haber sido perjudicados por resoluciones de la propia Fiscalía.
Bienvenidxs
En la Cámara de Representantes, la diputada cabildante Inés Monzillo ingresó este martes otro proyecto de ley en el que promueve prohibir el uso de "alteraciones gramaticales y fonéticas" en la Administración Pública y en las instituciones de enseñanza públicas y privadas.
"Buscamos que se utilice el idioma español como corresponde", dijo la legisladora a El Observador. En particular, Monzillo procura desterrar la utilización del "todes" o el "todxs" en los ámbitos educativos, de cuyo uso dice tener pruebas.
Al respecto, señaló que le han hecho llegar, por ejemplo, imágenes de carteles colocados a la entrada de varios centros de enseñanza en el que se recibía a los alumnos con un "bienvenidxos". También testimonios sobre maestros y profesores que hacen uso de ese tipo de lenguaje al dar clase a niños y jóvenes.
El uso del lenguaje, sostuvo Monzillo, no es algo arbitrario. Debe ser según lo establecido y no "como a cada uno se le antoje".
