La centroderecha suma voces en favor del rechazo

Según la última encuesta de Cadem, el 51% de los consultados optaría por el rechazo y solo el 33% por la aprobación. Una situación que contrasta con el casi 80% de adhesión que logró la convocatoria a una Convención Constituyente en el plebiscito de 2020, que nació para canalizar institucionalmente la crisis generada a partir del estallido social de octubre de 2019.

Con este telón de fondo, el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle y referente de la Democracia Cristiana anunció que votará en contra del proyecto de nueva Constitución por lo que definió como “discrepancias insalvables” con el texto propuesto, aunque admitió que la iniciativa tiene “elementos que son valiosos”.

“Al adoptar mi decisión he tenido presente que hay elementos en el trabajo de la Convención que son valiosos. Me refiero al tránsito hacia un Estado social y democrático de derechos, a la ampliación de los derechos sociales, al reconocimiento de los pueblos originarios y la multiculturalidad, a los derechos de las minorías sexuales y a la definición de nuevas formas de participación”, señaló Frei Ruiz-Tagle.

El exmandatario valoró también “el fin del Estado subsidiario” y celebró “el fortalecimiento de los derechos de la mujer, la preocupación más profunda por el cambio climático, y la aparición de otros derechos, particularmente aquellos asociados a las nuevas tecnologías”. Sin embargo, destacó que su voto por la negativa responde a que, según su criterio, el texto propuesto “compromete la paz, el desarrollo y la prosperidad” de Chile.

La decisión de Frei Ruiz-Tagle, quien ocupó la primera magistratura entre 1994 y 2000, fue ampliamente difundida por los medios periodísticos chilenos y generó polémica hacia el interior del partido que formalmente llamó a votar por la aprobación, aunque varios de sus principales dirigentes adelantaron que irán por el rechazo.

Según los analistas locales, la postura de Frei Ruiz-Tagle sintetiza la lectura de los sectores liberales de la centro-derecha, que no se oponen a la ampliación de derechos sociales, pero recelan de la nueva Constitución. En palabras del expresidente: “Porque el sistema político propuesto no establece un adecuado equilibrio y división de poderes”.

En declaraciones al diario La Tercera, sostuvo que “una mayoría ocasional que controle la presidencia y el Congreso podría avanzar hacia un régimen dictatorial”. También evaluó que “la plurinacionalidad en la forma que está propuesta puede ser una amenaza al Estado unitario y a la igualdad de derechos de los habitantes del país”.

“El poder que se entrega a los pueblos originarios para vetar iniciativas administrativas o legislativas, constituye un privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía”, dijo Frei Ruiz-Tagle. Además cuestionó el control político de los jueces a través de la integración de un Consejo de la Justicia con facultades para nombrar y remover a los magistrados.

Menos tajante, y en declaraciones que los medios chilenos interpretaron como un rechazo al nuevo texto constitucional, el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), quien fuera ministro de Educación y de Obras Públicas durante las presidencias de Patricio Aylwin y Frei Ruiz-Tagle, afirmó que “Chile merece una Constitución que logre consenso” y opinó que “la carta magna vigente ni el nuevo texto producen ese efecto”.

Lagos, que en 2005 le puso su firma a una ligera reforma constitucional, aseguró que “el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar un texto que interprete a la mayoría”. Aunque el presidente Gabriel Boric reaccionó respetuosamente ante la postura de Lagos, desde sectores del oficialismo consideran que sus palabras son un “golpe” a la campaña del Apruebo.

Mientras tanto, el Servicio Electoral (Servel) detalló las agrupaciones políticas y sociales que se inscribieron para recibir financiamiento oficial para hacer campaña. Según los datos oficiales publicados por el sitio Emol, se registraron 708 solicitudes, 299 son por el Apruebo y 409 por el Rechazo. Por el Apruebo se inscribieron 10 partidos políticos, 12 parlamentarios independientes y 277 organizaciones de la sociedad civil, y a favor del Rechazo 5 partidos, 5 parlamentarios independientes y 399 organizaciones de la sociedad civil.

Hasta la fecha se ha visto en redes sociales y medios "mucha desinformación sobre lo que es la Constitución y por lo tanto lo que se requiere es explicar el texto", indicó a la agencia de noticias AFP el politólogo y académico de la Universidad Diego Portales Claudio Fuentes sobre el periodo que se abrió de cara al plebiscito. "Seguramente será una campaña muy polarizada y un poco más centrada en los contenidos", sostiene Fuentes.

Algunos sectores de la derecha promueven el eslogan “rechazar para reformar”, mientras que desde la izquierda responden “aprobar para reformar” y agregan que "votar Rechazo es lo mismo que votar por Augusto Pinochet". Esto último en referencia a la actual constitución, impuesta en 1980 por la dictadura cívico-militar (1973-1990) y que hizo de Chile, bajo el dictado de Consenso de Washington y la Escuela de Chicago, el primer laboratorio neoliberal de América Latina.

El cambio de la actual Constitución es uno de los reclamos ciudadanos nacidos del estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo entre la mayoría de los partidos del oficialismo y la oposición para redactar una nueva carta magna. Fue luego que las multitudes tomaron las calles y señalaran a la actual Constitución como el origen de la desigualdad social y reivindicaran un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad y una mejora de las pensiones.

Poco después, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, casi ocho de cada diez chilenos aprobaron el llamado a la Convención Constituyente, que el martes pasado concluyó su tarea al entregar al presidente Boric un ejemplar del texto que declara a Chile un Estado social de derecho y propone, entre sus principales iniciativas, las creación de un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, proteger el medio ambiente y engrosar los derechos de los pueblos indígenas.