Multinacionales y terratenientes se apoderan de territorios indígenas en Brasil

Las once mil hectáreas de la propiedad están en disputa sobre su propiedad ya que, según una de las partes, parte de las tierras que la otra parte busca inscribir, se superponen con las suyas.

En realidad, el tema de fondo es que sobre esas tierras ni siquiera deberían existir pedidos de inscripción ya que el total de las once mil hectáreas pertenecen al territorio indígena Porquinhos, hogar del pueblo Apanjekra Canela, que está en proceso de reconocimiento por la Agencia Federal de Asuntos indígenas (FUNAI) desde hace veintidós años.

Antes de que Bolsonaro llegara a la presidencia, los pedidos de registros en esas tierras habrían sido automáticamente rechazados por superponerse a tierras indígenas.

Pero el 16 de abril de 2020, ya bajo la presidencia de Bolsonaro, el FUNAI emitió una nueva norma, conocida como Instrucción 9 que permite a grandes propietarios de tierras registrar a su nombre áreas indígenas que aún no hubieran sido oficialmente reconocidas o demarcadas.

La nueva norma emitida por e FUNAI impactó no solamente sobre las tierras de la comunidad Apanjekra Canela sino sobre otras cuarenta y ocho comunidades indígenas, cuyas tierras fueron registradas a nombre de propietarios privados, según el sitio web Mongabay, especializado en temas ambientales, deforestación y selvas tropicales.

En el informe de Mongabay, compilado por la consultora GeoPrecisa, se puede observar que, cruzando los datos del FUNAI y el INCRA, la pérdida de territorio indígena a manos de propietarios privados en los dos últimos años equivale al doble del tamaño de la ciudad de San Pablo.

La administración Bolsonaro ha aprobado la inscripción privada de más de doscientos cincuenta mil hectáreas de tierra mientras que las pertenecientes a reservas indígenas esperan que se concrete el proceso de demarcación.

El proceso iniciado en Porquinhos, en Maranhao, es ilustrativo de cómo funciona el mecanismo de despojo y apropiación de tierras indígenas.

Los trabajos de demarcación en el territorio fueron diferidos por las presentaciones judiciales hechas por las municipalidades que abarcan las doscientos veinte mil hectáreas de la reserva.

A raíz de las presentaciones municipales, la Suprema Corte Federal suspendió el proceso de demarcación y reconocimiento de las tierras indígenas con una argucia legal que impidió a la comunidad perjudicada continuar con la demarcación, pese a la apelación hecha ante el alto tribunal.

Al mismo tiempo, al calor de la Instrucción 9, decenas de nuevos ocupantes privados continuaron solicitando y obteniendo del gobierno certificaciones sobre casi setenta mil hectáreas del territorio.

Las otras reservas que sufrieron un impacto similar fueron las del territorio de los Kanela/Memortumré, con cincuenta y tres mil hectáreas registradas por particulares y las del territorio Bacurizinho, con veintitrés mil hectáreas.

De acuerdo con los informes de GeoPrecisa, diez de las más grandes haciendas de Brasil beneficiados por la Norma 9 están localizados en Maranho, que se asienta sobre los ecosistemas de Cerrado y Amazonia.

En Maranhao se expande en forma vertiginosa el cultivo de la soja, donde el agronegocio en manos de acaparadores de tierra y empresas multinacionales expulsa de sus tierras a comunidades ancestrales y poblaciones indígenas.