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Gustavo Petro propone eliminar la Procuraduría General
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista con la emisora W Radio que tiene intenciones de eliminar la Procuraduría General de la Nación y reemplazarla por una Fiscalía anticorrupción a crearse en el ámbito de la justicia.
En la actualidad, la Procuraduría es un organismo de control que defiende los derechos ciudadanos ante el Estado. Emplea más de cuatro mil personas y su misión es controlar la actuación de los funcionarios públicos y dar cuenta de irregularidades y violaciones de normas en la administración de la cosa pública.
Petro mantiene una larga disputa con la Procuraduría desde que ésta, en 2013, lo destituyó como alcalde de Bogotá. El titular del organismo en ese momento, Alejandro Ordóñez, tomó la medida después de que Petro decidiera traspasar las tareas de recolección de basura en Bogotá de una empresa privada a una compañía pública. La medida provocó serios inconvenientes en la recolección de basura por unos días, lo que fue calificado como “grave emergencia” por el Procurador General que procedió a destituir a Petro de su puesto de alcalde.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictaminó a favor de la reposición de Petro en su puesto y ordenó que se modificara la legislación de tal manera que la Procuraduría no pudiese de ninguna forma destituir a un funcionario elegido por el voto popular. Petro hace referencia a este fallo de la CIDH para fundamentar su postura actual sobre la eliminación de la Procuraduría al sostener que la misma sigue sancionando funcionarios elegidos por el voto popular, como en mayo pasado, cuando, en plena época electoral, varios alcaldes fueron suspendidos con el argumento de que podrían interferir en las elecciones.
Según explica a DW Patricia Muñoz Yi, docente e investigadora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, la función de la Procuraduría se ha ido desdibujando y sus tareas se superponen con las de otras instituciones, además de que los miembros del organismo son elegidos por afinidades políticas, lo que pone en duda su independencia.
La actual procuradora, Margarita Cabello Blanco, exministra de Justicia y Derecho, fue designada en 2021 a petición del entonces presidente Iván Duque y según analistas políticos desde su puesto torpedea las iniciativas provenientes de los sectores progresistas.
La propuesta de Petro requiere una reforma constitucional y es seguro que la transformación del organismo no se podría llevar a cabo antes de que termine el actual mandato de Cabello Blanco.
Se estima que la iniciativa tendrá una fuerte oposición en el Congreso, donde Petro no tiene mayoría, por lo que habría que pensar en la alternativa de transformar el carácter del organismo a través de una reformulación interna en lugar de hacerlo por vía legislativa.
Para Gunther Maihold, director adjunto de la Fundación Ciencia y Política de Berlín, lo que cuenta de la propuesta de Petro no es tanto su viabilidad sino su mensaje político consistente en la señal de que las reformas de su gobierno se dirigirán a las posiciones del poder establecido.
