Política > dura respuesta
La CGT rechazó la multa que pretende imponer Patricia Bullrich por las últimas protestas
Tras la notificación del Gobierno intimando a a diversas entidades sindicales a pagar multas por las protestas del 22 y 27 de diciembre en oposición al decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación económica, la Confederación General del Trabajo (CGT) calificó a la medida como un intento de "acallar toda manifestación de protesta de los trabajadores organizados". No obstante, se subraya que esta acción de ninguna manera afectará la unidad del movimiento obrero.
Por su parte, el líder de la seccional Capital Federal de ATE, Daniel Catalano, criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien trató de "megalómana".
La CGT enfatizó en un comunicado que la entidad "no representa los intereses de una ‘casta’ sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga”
Este posicionamiento surge como respuesta a la determinación de la administración de Javier Milei de instar a más de 20 gremios y organizaciones sociales a abonar multas de hasta $56 millones por los gastos asociados al despliegue operativo durante las protestas del 22 y 27 de diciembre en Plaza de Mayo y Tribunales, según lo indicado por el Ministerio de Seguridad.
La entidad, liderada por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, considera que esta acción, emanada de la dirección de Patricia Bullrich, constituye una "afrenta ilegítima y contraria a la Constitución", que "expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical y el derecho a huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento". No obstante, se asegura que este tipo de disposiciones no implicarán una limitación para el movimiento obrero organizado.
En esa línea, la CGT definió a esta situación como una “nueva provocación” del Gobierno y un “nuevo intento” de “acallar toda manifestación de protesta de los trabajadores organizados en expresión de sus legítimos reclamos ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”.
