La cifra de informalidad que dejó "perplejo" al Mides y la discusión con comunistas por "cristalinidad"

Este lunes, varias personas se manifestaron en la puerta del Mides –que está cerrado y sin atención personalizada al público por la emergencia sanitaria- y reclamaron que se les diera una prestación, alimenticia o monetaria. La manera de acceder es a través de la línea telefónica sin costo, que multiplicó por diez la cantidad de llamadas diarias en los últimos días. Para que el sistema no colapse, se le pidió a Antel aumentar las líneas.

En el caso de las personas registradas en el Banco de Previsión Social (BPS) por alguna de sus prestaciones –como las asignaciones familiares- el registro es sencillo porque ya cuentan con sus datos. El principal desafío es confirmar la información proporcionada por los trabajadores informales, muchos de ellos inmigrantes que todavía no tienen cédula de identidad, indicaron a El Observador fuentes de la cartera.

Con la emergencia sanitaria el Mides aumentó ciertas prestaciones, como la duplicación por única vez del valor de la Tarjeta Uruguay Social, que involucra a unas 400 mil personas, de las cuales la mitad son menores de 18 años. La duplicación de su valor (que en promedio es de algo más de $ 2.000) se hará en dos cuotas, una entre este lunes y martes y otra a fines de abril.

Desde el Mides se ha insistido en las últimas semanas en que hay unos 410 mil trabajadores informales en Uruguay. Esa cifra fue ratificada por el subsecretario de la cartera, Armando Castaingdebat, durante una videconferencia con legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, de la Comisión de Población y de Desarrollo e Inclusión del Senado.

“Nos llevó unos días entender cómo podía ser que en este país, en el que la cadena de pagos no se había cortado, en el que los mecanismos previsionales como los seguros de paro de las diferentes cajas estaban funcionando, en el que la realidad social debía ser mucho más sólida, apenas seis o siete días después de declarada la pandemia hubiera reclamos permanentes y crecientes de uruguayos que no tenían para comer”, manifestó Castaingdebat.

El subsecretario aseguró que quedaron “perplejos” al ver las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) que corresponden al 2018. “Había un 24,8 %  redondeando de masa ocupada. Aclaro que masa ocupada es aquella que declara estar trabajando de alguna forma, pero no es la masa activa; o sea que hay que agregar el porcentaje de desocupación , lo que implica que prácticamente 410.000 uruguayos estaban trabajando en negro en este país. Para mí, esta era una cifra nueva”, sostuvo y aseguró  que “ya llegará el momento de tener una discusión seria, desde el sistema político, sobre por qué estaba pasando esto y cuál será la solución". “Eso nos llevó a una situación de extrema vulnerabilidad social”, agregó.

La discusión sobre la cantidad de trabajadores informales motivó un debate político más allá de las paredes (virtuales) del Parlamento. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou manifestó durante una conferencia de prensa la semana pasada que le parecía “increíble cómo en 26 días han aparecido una enorme cantidad de trabajadores que según la información oficial con la que se contaba, no existía esa cifra en el país".

El exministro de Trabajo, Ernesto Murro, difundió un texto que escribió luego de lo mencionado por Lacalle en el que aseguraba que era “injusto y peligroso que (el presidente) dudara de las cifras de informalidad”.

En la misma línea, la senadora y exministra de Turismo Liliam Kechichian también cuestionó lo dicho por el mandatario. "No contribuye un presidente desconfiando de cifras, que son serias y transparentes. Tendemos la mano como Frente Amplio, pero parecería que el gobierno ha decidido quedarse solo. De esta situación salimos todos juntos, en la lucha contra el virus y en la búsqueda de soluciones”, escribió en Twitter. “Decimos claramente en nuestros informes, que a pesar del enorme esfuerzo de formalización hecho en los últimos años, que nos llevó a tener cifras record en el BPS, todavía quedaba mucho por hacer”, agregó.

Por su parte, el economista Javier de Haedo también cuestionó los señalamientos del gobierno sobre las cifras de informalidad. 

Durante la comparecencia de las autoridades del Mides ante la comisión parlamentaria, Castaingdebat aseguró que todavía no no están identificados esos más de 400 mil uruguayos ni por parte de la cartera, ni por el BPS ni por los gobiernos departamentales “porque trabajan en negro”.  “Todos ustedes, de una u otra forma, manifestaron su preocupación por encontrar una solución a las circunstancias que hoy están viviendo estas personas. En ese camino, separamos el área metropolitana del interior de la República”, dijo y agregó que se firmó un convenio de cooperación ente los 19 departamentos.

El hotel y la investigadora

El diputado comunista Gerardo Núñez realizó un pedido de informes al Mides para conocer el contrato realizado con el hotel Urban Exprés, ubicado en el Centro de Montevideo, en el que varias personas en situación de calle pasaron a estar alojadas a raíz de la emergencia sanitaria. El desencadenante del pedido de informes fue que la familia política de la exsenadora Verónica Alonso, que está casada con el empresario Marcel Gerwer, es la dueña del establecimiento.

El subscretario le respondió la inquietud a la diputada Verónica Mato (Lista 1001) e hizo referencia a ese pedido de informes, trayendo a la sesión virtual un poco de la historia reciente del Mides.

“Se siguieron los protocolos establecidos para una situación de emergencia, tal como está previsto. Nuestra intención era comparecer hoy con la respuesta formal y escrita al pedido de informes que hizo el señor diputado Gerardo Núñez. Lamentablemente, como todavía no nos llegó en forma oficial, no lo podemos hacer”, dijo Castaingebat y “celebró la gran preocupación del diputado Núñez sea arrojar transparencia y cristalinidad en los procedimientos del Mides”.

“Ojalá el señor diputado revea la posición que tuvo en la legislatura anterior, cuando vehemente y airadamente se opuso a la creación de una comisión investigadora parlamentaria por las cosas que estaban sucediendo en el Ministerio de Desarrollo Social”, le retrucó a la distancia.

“Va a contar con nuestro apoyo, con nuestra colaboración, desde este lugar, y me animaría a decir que también contará con la colaboración de nuestros legisladores, si el señor diputado Gerardo Núñez, cuando esto pase, este no es el momento de hablar de comisiones investigadoras, decide recorrer el camino de arrojar cristalinidad y transparencia sobre los procedimientos que lleva adelante este ministerio, en la contratación de ese hotel y en todo lo que ha sucedido hasta ahora durante la existencia de esta Secretaría de Estado”, remató el jerarca.