La Corte de La Haya decidirá en la disputa entre Venezuela y Guyana por la región de Esequibo

En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución al diferendo, que se remonta a principios del siglo XIX y que ha originada permanentes tensiones entre Caracas y Georgetown. La disputa, aunque dormida durante décadas, se reavivó en 2015, cuando el gigante estadounidense Exxon Mobil encontró yacimientos de petróleo frente a las costas del Esequibo, en el océano Atlántico.

En ese contexto, Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que pidió al tribunal con sede en La Haya validar legalmente el laudo arbitral de 1899 derivado del acuerdo propuesto por Estados Unidos en representación de Venezuela y el Reino Unido, este último como “propietario” de la entonces Guyana Británica. Un laudo que le da a Georgetown el control absoluto sobre el territorio.

El dictamen fue favorable al Reino Unido al adjudicarle el territorio que se extiende al oeste del río Esequibo entonces bajo su poder, aunque no en su máxima aspiración de abarcar hasta las bocas del río Orinoco y controlar su navegación. Venezuela inmediatamente rechazó el laudo por considerar que habían existido “vicios de nulidad”. Sin embargo, no fue sino hasta 1962 cuando logró un avance tangible al denunciarlo ante Naciones Unidas (ONU), después del hallazgo de documentos que comprometieron su legalidad.

Ahora, seis años después de la presentación concretada por Guyana ante la CIJ, el tribunal rechazó las objeciones presentadas por Venezuela para que declare inadmisible el caso y se declaró competente para decidir el fondo de la cuestión por 14 votos contra 1, según comunicó el presidente de la corte, Joan Donoghue. Curiosamente, ambos países celebraron, al menos en parte y por diferentes motivos, la decisión del tribunal.

Las posiciones

En el caso de Guyana, la decisión fue recibida con beneplácito porque la CIJ se abocará al fondo de la cuestión, lo que podría derivar en la confirmación de las actuales fronteras. Caracas, por su parte, debido a que el tribunal dejó abierta la chance de revisar la “conducta ilícita” del Reino Unido en el laudo de 1899. Venezuela, inmersa por entonces de una grave crisis social y política, fue presionada por Londres y Washington. Temía perder también las bocas del río Orinoco a manos de la primera potencia colonial de la época.

Para Venezuela, la decisión de la CIJ es buena porque "en primer lugar, reconoce que puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido, y en segundo lugar porque deja claro la existencia y la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial", dijo en un comunicado la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien sostuvo que su país demostró con documentación rigurosa los mecanismos "fraudulentos" utilizados por Londres para "arrebatarle" su territorio.

Por su parte, el presidente guyanés, Irfaan Alí, afirmó que su país “confía en que la corte confirmará su límite internacional de larga data” con Venezuela. "Guyana siempre ha estado completamente comprometida con la solución pacífica de la disputa con su vecina y hermana república de acuerdo con la ley internacional", agregó el mandatario.

Por lo pronto, y aunque en junio de 2022 el gobierno del presidente Nicolás Maduro presentó ante la CIJ objeciones preliminares a la admisión de la demanda, Caracas manifestó que evaluará la implicación de la decisión del tribunal, si bien aclaró que "la República Bolivariana de Venezuela no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia por cuanto excluye la naturaleza y objeto de este acuerdo", en referencia al de 1962.

"Todos los estados miembros de las Naciones Unidas, incluidos Guyana y Venezuela, están obligados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas a cumplir con las sentencias de los tribunales", expresó el mandatario guyanés, al tiempo que recordó que es la "segunda vez" que la CIJ rechaza "objeciones jurisdiccionales" de su vecino.

Una herencia de colonialismo

El origen del reclamo de Caracas reside en un viejo mapa de la corona de España del siglo XVIII en el que el territorio en disputa integra la Capitanía General de Venezuela. Sin embargo, Esequibo en los hechos nunca estuvo bajo soberanía efectiva española ni venezolana. La región, aunque reclamada por españoles y neerlandeses, finalmente quedó integrada al Reino Unido en 1814. De allí que Venezuela califique como un “despojo territorial” el laudo de 1899.

Según Manuel Donis, un experto miembro de Academia Nacional de la Historia de Venezuela que ha dedicado 35 años al estudio de las fronteras del Esequibo, Londres reconoció en 1819, cuando la creación de la República de la Gran Colombia, el curso del río Esequibo como frontera. Y así quedó cuando en 1830 Venezuela se separó de la Gran Colombia. El límite fue reconocido durante gran parte del siglo XIX, hasta que se encontró oro en la cuenca del río Yuruar.

Gran Bretaña había adquirido el territorio de Esequibo en 1814 mediante un tratado con Países Bajos, pero el pacto no definía su frontera occidental y por eso los británicos designaron en 1840 al explorador Robert Schomburgk para que la trazara. Poco después se dio a conocer la llamada "Línea Schomburgk", un polémico trazado que incluía la totalidad de los 160.000 kilómetros cuadrados hoy en disputa.

Según la postura de Venezuela, esta segunda línea fronteriza ya avanzaba hacia el occidente del río Esequibo, y a esas líneas le siguieron otras. Schomburgk murió y Gran Bretaña modificó los mapas hasta una cuarta línea, llegando a la actual población venezolana de Upata.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, país que arbitró el polémica laudo de 1898, la disputa se inició oficialmente en 1841, cuando el gobierno venezolano del general José Antonio Páez denunció una presunta incursión en su país por parte del imperio británico, del que Guyana formaba parte.

Venezuela sabía que no podía enfrentarse sola al imperio más poderoso mundo y buscó el respaldo de Washington, que comenzaba a perfilarse como una potencia emergente y esgrimía ya la Doctrina Monroe, sintetizada en la frase “América para los americanos”.

En 1895, Estados Unidos decidió intervenir. Tras la insistencia venezolana y la presión del entonces presidente estadounidense Grover Cleveland, la Cámara de Representantes recomendó que la disputa fuera resuelta en un arbitraje. Al principio, el Reino Unido rechazó la intromisión, pero Londres sabía que no podía darse el lujo de colisionar con el país que emergía ya como una potencia y terminó por aceptar una propuesta que finalmente la favoreció.

Las riquezas del Esequibo

Se trata de una extensa región selvática de enorme biodiversidad, también conocida como Sur del Orinoco, no solo rica en oro, recursos forestales y yacimientos hidrocarburíferos. En la zona también existente importantes reservas de diamantes, mica, bauxita, manganeso y uranio; además de recursos como hierro y coltán, este último de valor imprescindible en la fabricación de componentes electrónicos avanzados.

Su hidrografía es amplia y abundante, con ríos que pueden llegar a medir hasta 1.000 kilómetros de longitud, como el propio Esequibo. Casi todos desembocan en océano Atlántico formando deltas de gran productividad pesquera. Algunos de los cursos fluviales, incluso, tienen potencial navegable e hidroeléctrico, lo que confiere al área un valor estratégico adicional.

La disputa, además, se explica por el llamado “bloque de Stabroek”, un yacimiento offshore de alta productividad localizado en el actual límite oceánico de Venezuela y Guyana, zona marítima también en disputa, en donde desarrolla tareas de exploración y extracción ExxonMobil.

Según la consultora Rystad Energy, Guyana obtendrá 1.7 millones de barriles diarios en 2035, lo que la convertirá en el cuarto productor mundial de petróleo en alta mar. Algunas estimaciones, incluso, señalan que la producción podría superar los volúmenes previstos en menos de una década debido a que Exxon está acelerando la explotación del bloque por su enorme potencial en términos de  ganancias.

“Zonas de defensa integral”

Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, "resulta sorprendente que Guyana acuse falsamente a Venezuela de socavar el Acuerdo de Ginebra y, en cambio, aventuradamente afirme que este no le impide actos de disposición, explotación y degradación activa y arbitraria del territorio.

La posición agrega que esos actos "exceden abusivamente cualquier fórmula de administración respetuosa con la realidad de un territorio contencioso", al tiempo que denuncia "la deplorable y protestada entrega de vastos espacios de selva, reservas hídricas, forestales y de oxígeno planetario a la voracidad del extractivismo del oro" por parte de Georgetown.

Guyana, en tanto, que rechazó la mediación de la ONU, insiste en que la controversia quedó planteada con la aprobación de la comunidad internacional en la CIJ, “en cuya defensa imparcial e independiente del estado de derecho Guyana tiene absoluta confianza", afirma Georgetown, que acusa a Venezuela de querer “frustrar la resolución de la controversia por vía judicial aun cuando está obligada a participar".

La postura de Georgetown agrega que el Acuerdo de Ginebra no le impone ninguna obligación de abstenerse de realizar actividades de desarrollo económico en cualquier parte de su territorio o áreas marítimas anexas, según recogió el diario local Guyana Chronicle.

Ahora, todo dependerá de la decisión que adopte el tribunal de La Haya, que de ser favorable a Georgetown sería rechazada por Caracas, que ya objetó las concesión petroleras otorgadas por Guyana, país que decretó la creación de cuatro "zonas de defensa integral marítima e insular", una de las cuales abarca la zona marítima en disputa.