La Haya impide a Nicaragua extender su plataforma continental en una controversia con Colombia

"Por 13 votos a 4 se rechaza la petición de la República de Nicaragua", dijo la jueza Joan Donoghue, presidenta del tribunal de Naciones Unidas (ONU) con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.

"Gran victoria para Colombia. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago", reaccionó de forma rápida el presidente colombiano, Gustavo Petro, en un mensaje vía Twitter.

“Nicaragua cumplirá como siempre el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que rechazó este jueves la pretensión de Managua de extender su plataforma marítima en el Caribe, afirmó el agente del país centroamericano, Carlos Argüello.

"Ésta es una sentencia más de la Corte y no dudo que el gobierno de Nicaragua seguirá cumpliendo como siempre con los fallos del tribunal", se limitó a señalar en declaraciones al oficialista Canal 4 de Managua Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la CIJ.

"Lo que nosotros estábamos discutiendo aquí era un punto que no era claro en derecho, que era si podíamos extendernos dentro de las 200 millas de Colombia. No se había definido nunca ese punto, y la Corte determinó que teníamos que quedarnos hasta las 200 millas", agregó el funcionario del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Argüello añadió que "hay áreas todavía que no quedaron comprendidas en la sentencia" y dijo que Nicaragua estudiará la sentencia para proceder en la “recuperación” del territorio que invoca como propio y en la delimitación de las fronteras marinas.

Nicaragua presentó una demanda en 2013 ante la CIJ con el objetivo de extender su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional, extensión que supondría superponerse con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago.

Se trata de un área marítima rica en recursos naturales y con gran abundancia de peces ubicada al oeste del mar Caribe, a 775 kilómetros al noroeste del litoral Caribe continental de Colombia, y a 220 kilómetros de las costas orientales de Nicaragua.

Todo el archipiélago posee una extensión de 350.000 kilómetros cuadrados de mar y unos 44 kilómetros cuadrados de tierra firme, sin contar los numerosos cayos e islotes, lo que lo hace el departamento más pequeño de Colombia en superficie y el de mayor densidad poblacional del país con 1.603 habitantes por kilómetro cuadrado.

Ya en 2012, un fallo de la CIJ había confirmado la soberanía colombiana sobre las islas, al tiempo que otorgó a Managua una mayor extensión a sus zonas marítimas. En ese marco, Nicaragua sostiene que tanto el derecho consuetudinario como el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar ofrecen una cobertura legal a su demanda.

Colombia, sin embargo, que no ratificó dicha Convención, argumenta que el país centroamericano "no demostró científicamente que tiene una plataforma continental" que se extiende más allá de 200 millas.

El litigio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago. Managua, que desconoce la validez del acuerdo, presentó una primera demanda ante la CIJ en 2001, resuelta en 2012 cuando el tribunal le otorgó una área de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, al mismo tiempo que ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.

De esa forma, el fallo dejó a las islas colombianas rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra disputa por la presencia de navíos colombianos en la zona.

A raíz del dictamen de 2012, el gobierno colombiano se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias. Al año siguiente, Nicaragua presentó una  nueva demanda ante la CIJ para exigir que Colombia se abstuviera de violar los espacios marítimos que el tribunal le adjudicó.

Bogotá, a su vez, contrademandó a Managua por afectar la vida de la población local, que vive de la pesca artesanal en el archipiélago, territorio en el que sin embargo la mayor actividad económica está vinculada con el turismo y, en mucha menor medida, a la agricultura de subsistencia.

(Con información de la agencia de noticias AFP)