La crisis del gas en Bolivia reacomoda la estrategia energética en el Cono sur del continente

Por más de una década, en las presidencias de Evo Morales (2006-2019), período en el que su delfín Arce fue ministro de Economía, el gas fue la mayor riqueza del país. Generó unos US$ 38.000 millones, lo que ayudó a salir de la pobreza a cientos de miles de personas y financió un impactante salto en la calidad y cantidad de la infraestructura del país. Forjó una clase media y las comunidades andinas cobraron un rol central en la vida política y social.

Sin embargo, la falta de inversión privada y la insuficiente concreción de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en exploración hizo que las reservas se fueran agotando. Los críticos del gobernante partido del Movimiento al Socialismo (MAS) afirman que el Estado “dilapidó los ingresos” y que la “legislación inadecuada” ahuyentó las inversiones. Críticas que tienen, como efecto colateral, profundizar las disputas dentro del oficialismo entre Arce y Morales.

“Esta disminución se debe fundamentalmente a que no hubo reposición de las reservas de gas”, afirmó el mandatario en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Desde 2014, la producción de gas cayó un 37%, pasando de 59 millones de metros cúbicos diarios a los 37 de este año, según datos oficiales de la petrolera estatal YPFB. “Todo este tiempo no hubo exploración y recién a partir de nuestro gobierno empezamos a mostrar inversión en el sector”, se defendió Arce en una crítica velada a su mentor Evo Morales.

En su descargo, el expresidente argumenta que antes de que nacionalizara el gas en 2006, la renta petrolera apenas llegaba al fisco. “Gracias a la nacionalización, Bolivia recibió US$ 38.000 millones entre 2006 y 2019. Así redujimos la pobreza. Los neoliberales no tienen moral para criticar”, dijo el exmandatario. Según Arce, los planes de Evo no dieron resultado y los nuevos proyectos exploratorios recién empezarán a rendir frutos en 2026.

“La nacionalización elevó los impuestos a las petroleras. La estatal no tiene dinero para invertir y el capital internacional no ve atractivo el mercado boliviano con las reglas actuales”, sostiene el ex ministro de Hidrocarburos (2003-2004) y socio director de Gas Energy Latin América, Álvaro Ríos.

Al influjo de los gobiernos neoliberales, Bolivia privatizó la industria petrolera en la década de 1990 y atrajo a grandes empresas del sector, como Repsol y Total, entre otras. Con la nacionalización decretada por Evo en 2006, que no confiscó bienes, las petroleras se abocaron a acelerar la extracción y sólo reinvirtieron en los pozos ya activos.

Bolivia tampoco produce suficiente gasolina y diésel, y debe importar a precio internacional para vender a mitad del costo en el mercado local. El subsidio, que el año pasado alcanzó los US$ 2.120 millones, es una fuente importante de pérdidas de divisas, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. En 2010, cuando Evo resolvió un fuerte aumento para reducir el subsidio, debió revertir la medida cuatro días después ante multitudinarias protestas que pedían su renuncia.

Recalculando

Hoy, la producción ronda los 36 millones de metros cúbicos diarios. El 70% abastece a las provincias del norte de la Argentina y los estados del sur de Brasil, en especial a la megalópolis industrial de San Pablo.

Hacia Brasil, el gas corre por el gasoducto Bolivia-Brasil, también llamado Gasbol, un ducto de 3.150 kilómetros y una capacidad de transporte de 30 MMm3/d. Hacia la Argentina, lo hace por un ducto inaugurado en 1971, que el país quiere ahora alquilar para cubrir un tramo de la operación de llevar su gas a Brasil.

Por lo pronto, el contrato de YPFB con la brasileña Petrobras venció en 2019 y ahora las ventas se hacen a clientes privados en volúmenes menores. La Argentina ya anunció que prescindirá del gas boliviano en el año próximo, para cuando el sector espera que esté plenamente operativo el flamante gasoducto Néstor Kirchner.

El ducto recientemente inaugurado lleva al litoral del país el gas natural proveniente del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en la cuenca de la provincia patagónica de Neuquén, uno de los reservorios más importantes del mundo en su tipo y que con su plena puesta en marcha augura una reversión de la balanza energética del país, que asoma como un exportador neto.

Modelo para armar

En ese contexto, Buenos Aires y Brasilia vienen analizando la posibilidad de establecer una estrategia común para combinar la falta de un proveedor, la demanda brasileña y los esperables saldos exportables con los que debería contar la Argentina de concretarse el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que permitiría llevar la producción de Vaca Muerta hasta la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil.

La reciente terminación del primer tramo alienta las conversaciones. La construcción, no obstante, encuentra obstáculos. La Argentina, inmersa en una grave crisis inflacionaria y de balanza comercial, carece de capacidad financiera. De allí que las negociaciones apunten a que sea el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil el que solvente parte fundamental de la obra.

Con la mira puesta en el proyecto, pero también en la integración energética regional, la secretaria de Energía de la Argentina, Flavia Royon, se reunió con el gobernador del Estado brasileño de Río Grande do Sul, Eduardo Leite.

“Nuestra línea de trabajo desde el sector de la energía es profundizar la integración con Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, tanto en materia de energía eléctrica como también de gasoductos”, explicó Royon sobre la reunión bilateral de trabajo.

Por su parte, Leite confirmó que el diálogo incluyó “la licitación del nuevo tramo del gasoducto, con la perspectiva de que la licitación salga en septiembre”. El gobernador detalló el especial interés de su país de que el ducto pueda completarse con un ramal desde la ciudad de Uruguayana, en la frontera entre ambos países, a Porto Alegre, en el litoral brasileño.

Las obras de infraestructura de transporte en curso y proyectadas se traducirían para Brasil en un suministro constante, en especial para su fuerte industria siderúrgica localizada en San Pablo y Porto Alegre. Para la Argentina, en un cambio en su balanza energética, ya que permitirán el abastecimiento interno a precios competitivos y contar con un horizonte de saldos exportables, que además consolidan la seguridad energética de la región sur del continente.

Reversión e integración

Por cuerda separada, pero que a nivel regional es una pieza clave en el proceso de integración, el gobierno argentino lanzó la reversión del Gasoducto Norte. La obra, clave para abastecer el noroeste del país y reemplazar las importaciones desde los yacimientos de YPFB, permitiría también que la Argentina provea al complejo industrial paulista mediante el gasoducto Gasbol que une Bolivia y Brasil.

El Gasoducto Norte tiene 1.454 kilómetros y cuenta con 12 plantas compresoras. Está operativo desde 1960 y tiene una capacidad de transporte de 28 millones de metros cúbicos diarios. Las obras de reversión requieren completar un tramo de alrededor de 120 kilómetros de ductos y cambiarle el sentido del fluido de norte-sur que tiene en la actualidad por sur-norte para que el gas pueda fluir hacia Bolivia y Brasil.

Hoy, Buenos Aires trabaja contrarreloj para encontrar un mecanismo regulatorio que viabilice la participación de empresas privadas productores de gas en la ingeniería financiera de la obra. En caso de no poder avanzar por esa vía, la reversión, que demandará un presupuesto total de unos US$ 750 millones y cuenta con un crédito aprobado de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 540 millones, se solventará con dinero de Cammesa, la empresa estatal argentina que administra el Mercado Eléctrico Mayorista del país.

El presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, espera que la Argentina y Bolivia, en este caso si las inversiones aumentan las reservas, puedan satisfacer la demanda de Brasil. Una opción que no anula la firma de contratos de largo plazo con proveedores de los Estados Unidos.

“Si observamos el sur y sureste de Brasil, donde la mayor parte de la actividad industrial y del consumo vienen de San Pablo, Belo Horizonte y Porto Alegre, más la agroindustria en el centro oeste, el desafío es conectar esos mercados con las reservas de nuestros vecinos”, analizó en una conferencia en Houston, la capital petrolera de los Estados Unidos.

“Somos un gran mercado rodeado de reservas de gas”, dijo Prates, quien ocupó el cargo tras la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aliado de los gobiernos de la Argentina y Bolivia.

“Las oportunidades estarán siempre activas. Eso no quiere decir que estemos tratando de hacer cosas inviables o, simplemente, por razones políticas”, expresó el titular de la petrolera, que en 2021 debió triplicar sus compras del mucho más caro gas natural licuado (GNL) importado para contrarrestar la peor sequía que atravesó el país en 20 años y que hizo escasear la mucho más barata energía hidráulica.

Por lo pronto, el anuncio del presidente Arce pone en el muy corto plazo un punto final a las exportaciones de gas natural del país hacia la Argentina y Brasil, unos 16 y 14 millones de metros cúbicos al día, respectivamente. Una noticia esperada, que no sólo reacomoda la estrategia de los países del Cono Sur. También, aunque no sea buenas razones, promete acelerar la integración energética de la región.

(Con información de agencias)