La Justicia acusada: errores y excesos de jueces y fiscales en los últimos dos años

Pero no solo han sido blanco de críticas desde el sistema político, si no que jueces y fiscales han estado en el foco de atención por errores que han cometido, o por su actuación en redes sociales que les han valido desde cuestionamientos hasta procesos administrativos. Desde la omisión de entregar pruebas relevantes en una investigación penal como la megacausa Operación Océano, el pedido de allanamiento a la casa de un periodista y de la radio Azul FM, los videos de una jueza publicados en la red social TikTok sobre machismo, son algunos de los casos que han tenido más repercusión. Pero hubo otros episodios.

Operación Océano

La megacausa Operación Océano despertó polémica desde su comienzo. En total son 32 las personas imputadas y doce las víctimas, en un proceso que no tiene precedentes en el Uruguay. 

La fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, terminó apartada del caso por problemas de salud, según explicó el fiscal de Corte, Juan Carlos Gómez, y sustituida por su colega Mariana Alfaro, luego de recibir varias denuncias por omisiones en la indagatoria. Concretamente, fue apartada del caso a los pocos días de que se conociera que la Fiscalía no había entregado 50 documentos de la carpeta investigativa a los abogados defensores de los imputados. Este hecho llevó a una suspensión del caso por diez días, en medio de la declaración de la principal víctima del caso.

"La Fiscalía no concedió acceso a toda la evidencia recolectada por ella misma, violentando de forma flagrante las garantías de nuestros defendidos y del resto de los imputados, provocándoles una indefensión total y no permitiéndonos efectuar una defensa acorde a derecho", dijeron los abogados tras conocer el hecho. Además, enviaron una carta a Fiscalía de Corte para que se investigara a la fiscal, cosa que finalmente sucedió.

Ignacio Álvarez

"¿Y si la violación grupal no fue tal? Hoy en La Pecera 101.9 FM divulgamos audios de ese acto sexual (¿consentido?), el informe forense que NO constató violación, escuchamos a un perito judicial, y la otra campana: versión de los acusados y de una conocida de la supuesta víctima", escribió en Twitter el periodista de Azul FM Ignacio Álvarez el 1° de febrero, en referencia al caso por el que fueron imputados tres hombres por abuso sexual agravado por una denuncia de violación grupal ocurrida el 23 de enero en Montevideo.

Un día después de compartir el audio, el fiscal de Corte Gómez pidió una investigación de oficio contra el periodista, por la presunta vulneración del artículo 92 de la ley Nº 19.580 (ley de Género) que prohíbe "divulgar contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas", indicó la Fiscalía en un comunicado. El caso fue designado a la fiscal Alfaro.

El 4 de febrero cuatro policías de Interpol llegaron a la radio Azul FM con una orden de allanamiento. Luego de mostrar la orden judicial, dijeron que tenían que llevarse “todo lo que tuviera que ver con el programa”. La jueza del caso, Patricia Rodríguez, también firmó una orden de allanamiento para el domicilio personal de Álvarez, pero como no se encontraba allí por ser su vieja dirección, solo fueron a la radio. Esto se debió, según explicó Juan Gómez, a que querían conocer si Álvarez había pasado el contenido que salió al aire a otras personas.

La decisión generó indignación por parte de Álvarez, quien recurrió la decisión, y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que pidió una reunión con el fiscal de Corte por entender que se quiso violentar el derecho a la reserva de las fuentes así como también la libertad de prensa.

La situación terminó con un reconocimiento del error por parte del fiscal de Corte en conferencia de prensa, quien destacó que la libertad de prensa era fundamental e iba a ser protegida. El allanamiento a la residencia del periodista fue descartado y la investigación continúa para determinar si Álvarez violó el artículo 92 en su programa.

Apoyo a Lacalle Pou

El Poder Judicial informó este martes sobre el inicio de un sumario y la separación del cargo de la jueza de Paz Departamental de Treinta y Tres Florencia Ferreyra, luego de que se hiciera público que apoyó al presidente, Luis Lacalle Pou, en sus redes sociales, informó TV Ciudad. 

Fuentes del Poder Judicial explicaron que la jueza ya había sido denunciada anteriormente por algunos compañeros. Según Subrayado, se trató de una denuncia de seis compañeros judiciales por acoso laboral, abuso de autoridad y abuso a nivel administrativo.

Por el vínculo de una fiscal de Colonia con el Partido Nacional, la Fiscalía de Corte investigó en 2020 a Natalia Charquero, una de las fiscales de Carmelo que absolvió al exintendente blanco de Colonia Carlos Moreira y que se supo que había integrado la comisión de seguridad de la candidatura de Luis Lacalle Pou para el Partido Nacional en la campaña electoral de 2014.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que no "surgieron elementos" para responsabilizar a la funcionaria, ya que no se probó ninguna falta grave, irregularidades o desviación a las normas que mereciera una sanción u observación. 

TikTok

La jueza de 6° turno especializada en Violencia de Género de Pando, Ada Siré, publicó un video en la red social TikTok en el que habla de posibles comentarios que ocurren en reuniones entre hombres cuando se habla de un caso de violación. 

“Del título ‘las hijas de los otros porque la mía es una santa’ llega ‘uh, la violaron, debe ser la culpa de ella’. Pero existen otros títulos también como, por ejemplo, ‘esa mina está histérica, debe estar menstruando’ o ‘qué mal cogida está esa mina, por Dios’ o ‘¿qué se le va a hacer? Es varón’”, afirma la jueza.

El video se hizo viral el fin de semana del 12 y 13 de febrero, y el día 14 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le dio a Siré un plazo de 72 horas para que informara sobre el video, con el fin de conocer con profundidad el asunto y decidir si investigar a la jueza. Sin embargo, Siré se certificó y el plazo continúa en suspenso.

Audiencia sin jueza

El jueves 3 de febrero el militar retirado José Walter Bassani Sacías tuvo una audiencia en el marco de un investigación por el secuestro de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Universindo Rodríguez Díaz y Lilián Celiberti, ocurrido en Porto Alegre en 1978.

Sin embargo, la jueza Isaura Tórtora confirmó que no iba a asistir por haber dado positivo en coronavirus. Un funcionario del Poder Judicial le confirmó esto al abogado de Bassani, y luego le realizó las preguntas de rigor, hecho que el abogado denunció a la Suprema Corte de Justicia, informó El País y confirmó El Observador con fuentes del Poder Judicial.

El Poder Judicial tiene una investigación en curso y desde el organismos confirmaron que la jueza estaba certificada por enfermedad desde antes del juicio. 

Esposa de un delincuente

En abril la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió sumariar con separación del cargo y retención de la mitad del sueldo a la jueza letrada de 6° Turno de Rivera, por estar implicada en delitos que cometió su esposo. "En la denuncia, se señaló la suspensión intempestiva de las audiencias, la existencia de atrasos en el despacho y omisiones en el dictado de sentencias", señala el texto de la SCJ.

"(Se) consideró que existen elementos suficientes para afirmar que 'la Sra. Magistrada habría incurrido en injustificadas dilaciones u omisiones' y que surgen pruebas que 'aparentan ser verosímiles respecto al incumplimiento de parte de la Dra. S. de sus obligaciones como magistrada', en particular 'suspensiones excesivas de audiencias y dilaciones indebidas en el dictado de sentencias'", continúa el comunicado.

En la investigación a la jueza realizada por Fiscalía, se constató que la jueza intimidó a algunas personas a las que el marido les robó el celular para que no realizaran la denuncia, y hasta le entregó la llave del juzgado, con la que pudo ingresar y dañar computadoras con información, según la investigación. 

Fiscal que se negó a indagar tráfico de drogas

No se conoce aún el pronunciamiento de la Fiscalía de Corte sobre la actuación de la fiscal de Río Branco (Cerro Largo), Bettina Ramos, denunciada por un subcomisario por omitir indagar tráfico de drogas y contrabando. La fiscal anunció una contradenuncia por difamación al oficial.

Luego de eso el fiscal de Corte, Juan Gómez, decidió dar curso a la investigación penal que Ramos se negó a cursar y pidió al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Denuncias (DPA) que se asignara el caso a un fiscal. Gómez también le pidió en aquel momento a la fiscal que en un plazo de 48 horas le presentara un informe haciendo sus descargos sobre la denuncia.

En julio de 2020, el subcomisario presentó una denuncia contra Ramos alegando que la fiscal había desechado investigar un caso que involucraba también a varios oficiales policiales del departamento, a políticos y a familiares de la propia fiscal, según informó radio Sarandí meses atrás.

Tacuarembó