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Operación Océano: a pedido de abogados, suspenden declaración de una de las víctimas
La jueza María Noel Tonarelli decidió suspender la audiencia de este jueves por la Operación Océano y postergarla para febrero a raíz de un escrito presentado por los abogados Pablo Barreiro, Carlos y Alejandro Balbi, Jorge Pereira Schurmann y Andrés Añasco. En la solicitud, argumentaban que ante la prórroga de la investigación –la jueza otorgó a la fiscalía seis meses más para investigar– y las dificultades que tuvieron para acceder a más de 50 archivos con pruebas, debían contar con más tiempo para analizar la información.
En la audiencia, que se celebraría mañana a las 9, le iban a tomar declaración anticipada a una de las víctimas del caso. La fiscal Mariana Alfaro deberá presentar una acusación antes del 13 de mayo.
"La Fiscalía no concedió acceso a toda la evidencia recolectada por ella misma, violentando de forma flagrante las garantías de nuestros defendidos y del resto de los imputados, provocándoles una indefensión total y no permitiéndonos efectuar una defensa acorde a derecho", señala un grupo de abogados defensores que, a través de otro escrito que divulgó El País y al que accedió El Observador, pidió a Fiscalía de Corte que investigue las omisiones de la exfiscal del caso, Darviña Viera. En otro pasaje, agrega: "Se violó el principio de objetividad y buena fe que rigen el deber de proceder de los fiscales durante el transcurso de la toda la investigación".
Aseguraron que, tras las violaciones demostradas, corresponde investigar a Viera y su equipo por los delitos marcados en los artículos 162 y 164 del Código Penal, que corresponden a abuso de funciones y a omisión contumacial de los deberes del cargo.
Los documentos que Viera no había entregado incluyen actas de incautación a 17 indagados, 8 declaraciones de testigos en casos de diferentes víctimas, 27 notificaciones de detención, 2 capturas de conversaciones entre indagados y víctimas, 1 carpeta con movimientos migratorios de una víctima, movimientos migratorios de una testigo, 13 constancias de inasistencia de víctimas a pericias psicológicas, 9 constancias de inasistencia de testigos a esas pericias y 4 pericias realizadas a indagados.
Además, no se habían transferido 3 carpetas que contenían relevamiento fotográfico de las conversaciones entre víctimas e indagados, informes del BPS referidos a empresas de los imputados, testimonios de partidas de nacimiento de las víctimas, y un registro de un club cannábico vinculado a uno de los indagados.
