Argumentaron que debían tener más tiempo para analizar las pruebas que se habían omitido Dante Fernández
La jueza María Noel Tonarelli decidió suspender la audiencia de este jueves por la Operación Océano y postergarla para febrero a raíz de un escrito presentado por los abogados Pablo Barreiro, Carlos y Alejandro Balbi, Jorge Pereira Schurmann y Andrés Añasco. En la solicitud, argumentaban que ante la prórroga de la investigación –la jueza otorgó a la fiscalía seis meses más para investigar– y las dificultades que tuvieron para acceder a más de 50 archivos con pruebas, debían contar con más tiempo para analizar la información.
En la audiencia, que se celebraría mañana a las 9, le iban a tomar declaración anticipada a una de las víctimas del caso. La fiscal Mariana Alfaro deberá presentar una acusación antes del 13 de mayo.
"La Fiscalía no concedió acceso a toda la evidencia recolectada por ella misma, violentando de forma flagrante las garantías de nuestros defendidos y del resto de los imputados, provocándoles una indefensión total y no permitiéndonos efectuar una defensa acorde a derecho", señala un grupo de abogados defensores que, a través de otro escrito que divulgó El País y al que accedió El Observador, pidió a Fiscalía de Corte que investigue las omisiones de la exfiscal del caso, Darviña Viera. En otro pasaje, agrega: "Se violó el principio de objetividad y buena fe que rigen el deber de proceder de los fiscales durante el transcurso de la toda la investigación".
Aseguraron que, tras las violaciones demostradas, corresponde investigar a Viera y su equipo por los delitos marcados en los artículos 162 y 164 del Código Penal, que corresponden a abuso de funciones y a omisión contumacial de los deberes del cargo.
Los documentos que Viera no había entregado incluyen actas de incautación a 17 indagados, 8 declaraciones de testigos en casos de diferentes víctimas, 27 notificaciones de detención, 2 capturas de conversaciones entre indagados y víctimas, 1 carpeta con movimientos migratorios de una víctima, movimientos migratorios de una testigo, 13 constancias de inasistencia de víctimas a pericias psicológicas, 9 constancias de inasistencia de testigos a esas pericias y 4 pericias realizadas a indagados.
Además, no se habían transferido 3 carpetas que contenían relevamiento fotográfico de las conversaciones entre víctimas e indagados, informes del BPS referidos a empresas de los imputados, testimonios de partidas de nacimiento de las víctimas, y un registro de un club cannábico vinculado a uno de los indagados.
