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Separaron del cargo a jueza de Rivera investigada por complicidad con su esposo, imputado con prisión

La magistrada, separada por seis meses con la retención de la mitad de su salario, ya declaró en Fiscalía este lunes, en calidad de indagada

Fachada de la Suprema Corte de Justicia

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20 de abril de 2021 a las 16:31

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió sumariar con separación del cargo y retención de la mitad del sueldo a la jueza letrada de 6° Turno de Rivera, investigada por la Fiscalía del departamento por estar presuntamente implicada en los delitos cometidos por su esposo, imputado con prisión el viernes pasado por hurtos y realizar daños en un juzgado.

Un comunicado del Poder Judicial indicó además que se tomó la resolución luego de recibir un informe del Colegio de Abogados de Rivera "respecto al funcionamiento del juzgado a cargo de la mencionada magistrada". "En la denuncia, se señaló la suspensión intempestiva de las audiencias, la existencia de atrasos en el despacho y omisiones en el dictado de sentencias", dice el texto de la SCJ.

"(Se) consideró que existen elementos suficientes para afirmar que 'la Sra. Magistrada habría incurrido en injustificadas dilaciones u omisiones' y que surgen pruebas que 'aparentan ser verosímiles respecto al incumplimiento de parte de la Dra. S. de sus obligaciones como magistrada', en particular 'suspensiones excesivas de audiencias y dilaciones indebidas en el dictado de sentencias'", dice el comunicado a continuación.

El máximo órgano de la Justicia también hizo mención a la investigación penal que lleva adelante la fiscal Stella Alciaturi, quien interrogó a la magistrada este lunes, en calidad de indagada. La fiscal ya recogió evidencias que apuntan a que la jueza intimidó a algunas de las personas a las que el marido les robó el celular, para que no hicieran la denuncia penal, valiéndose de su cargo de magistrada. La complicidad de la profesional llegaba además al punto de entregarle a su esposo la llave del juzgado, lo que facilitó para que el hombre entrara a la sede judicial en los últimos días, y dañara algunas computadoras.

"La División Informática del Poder Judicial dio cuenta de diversos equipos informáticos de los juzgados letrado de Rivera que fueron vandalizados, verificándose la falta de memorias y/o discos. Este hecho pudo vincularse con el resultado de las actuaciones de la Fiscalía Departamental de Rivera", agrega el comunicado. Detalla que entre las evidencias de la fiscal se encuentran "imágenes de cámaras del Ministerio del Interior" que muestran a la pareja de la magistrada "ingresando por la puerta principal (del juzgado) mediante el uso de llave, en dos oportunidades durante un domingo y en una tercera ocasión durante un lunes, antes de la llegada del personal administrativo". 

Además, en los allanamientos que se efectuaron en la casa de la mujer, que vivía con el imputado, se encontraron e incautaron "tres placas madre de mini PC y algunos teléfonos celulares, entre los que se hallaba el teléfono personal de la magistrada", añadió la SCJ.

Esas elementos informáticos pertenecían al Poder Judicial, evidencia que sostiene la hipótesis de que fueron robadas del juzgado en cuestión, por lo que se estima que el hombre sea también imputado por este robo en los próximos días, como ya informó El Observador.

El Poder Judicial ya designó como instructora del sumario a la doctora Adriana de los Santos, exjueza del caso de explotación Operación Océano –entre muchos otros a lo largo de su carrera–, hasta que fue ascendida en diciembre del año pasado a ministra del Tribunal de Apelaciones, informaron a El Observador fuentes del Poder Judicial.

Los informantes también indicaron que el procedimiento administrativo de la SCJ había sido dispuesto hace unos días, y también se estaba al tanto de la indagatoria fiscal. La decisión de hacer pública la situación, pese a que los sumarios son reservados, se debió al estado público que tomaron los hechos. El mismo comunicado refiere al "perjuicio para el interés público o descrédito en la Administración de Justicia" que pueden generar "conductas irregulares que comprometieran el decoro de su ministerio” por parte de los funcionarios judiciales.

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