La Justicia argentina enfría causas contra los K y empieza a investigar a Macri

Es así que la dureza con la que se había actuado contra exfuncionarios de la gestión kirchneristas –muchos de ellos presos de manera preventiva y sin sentencia– ahora está en revisión, mientras se aceleran investigaciones y procesos contra funcionarios del gobierno macrista.

Por caso, el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, serán investigados por el juez Rodolfo Canicoba Corral, para determinar si les cabe responsabilidad penal en su actuación durante la última devaluación.

El juez pidió registros de reuniones y viajes de ambos funcionarios, en especial en lo que atañe al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta investigación tomó forma luego de acusaciones desde la oposición, en el sentido de que el gobierno había adoptado la decisión de incumplir el acuerdo con el FMI, que implicaba la venta de reservas para defender el valor del peso. La acusación es que hubo una decisión política de no intervenir, como forma de crear temor en el mercado sobre un caos financiero si Alberto Fernández ganaba la presidencia.

En definitiva, es un típico caso de intento de judicializar las decisiones de política económica. Algo que, por cierto, no sabe de colores políticos. Hace cuatro años, había ocurrido una situación similar pero contra los funcionarios kirchneristas, a los que se llevó a juicio por la forma en que gestionaron el mercado del dólar futuro.

Mientras tanto, todas las miradas están sobre una larga lista de causas que podrían afectar al presidente Mauricio Macri o a familiares directos.

Cambio de criterio

De las 74 personas que habían sido detenidas de manera preventiva por causas ligadas a la corrupción –tanto exfuncionarios como empresarios– hoy solamente permanecen en prisión 19, y corren cada vez con más fuerza las versiones sobre la liberación de figuras emblemáticas del kirchnerismo, como el exvicepresidente Amado Boudou o el ex “superministro” Julio de Vido.

En algunos casos, las liberaciones se produjeron como consecuencia de la aplicación de la “ley del arrepentido”, que permite atenuar las penas de aquellos que confiesen y aporten pruebas que permitan investigar a las cúpulas de organizaciones criminales.

Así ocurrió, por ejemplo, con empresarios alcanzados por la causa conocida como “de los cuadernos de la corrupción K”, en la que queda al descubierto un mecanismo de pago de sobornos por parte de empresarios a funcionarios ligados con la exmandataria Cristina Fernández.

De hecho, hubo pedidos de detención contra la expresidenta, quien está protegida por sus fueros como senadora.

Pero el fenómeno más notorio en este cambio en la situación de los investigados por corrupción es la revisión judicial de un criterio que en los últimos años generó mucha polémica: las prisiones preventivas.

Fue una práctica que se había extendido a tal punto que se empezó a hablar de una “caza de brujas” y hasta desde el gobierno de Macri se criticó la forma en que se estaba desvirtuando el sentido de una detención preventiva.

AFP

Como saben todos los estudiantes de derecho, hay tres motivos para dictar una prisión preventiva: peligrosidad del detenido para la sociedad, sospecha cierta de voluntad de fuga o capacidad de obstrucción de la justicia –sea mediante destrucción de pruebas o amenaza a testigos–.

En los casos más resonantes, como el de De Vido y Boudou, se apeló a la tercera de estas posibilidades. El argumento era que, como se trataba de exfuncionarios que tenían acceso a la documentación que está siendo investigada, podrían interferir con el accionar judicial.

Por caso, en la detención de De Vido, el fiscal Carlos Stornelli justificó el pedido de prisión en “los graves episodios en trámite” y para “evitar que se conforme una trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de estrategias entre los sindicados”.

Fue algo que generó críticas hasta en los antikirchneristas más recalcitrantes. Primero, se señaló la incoherencia de ese argumento, porque estos procesados tenían más probabilidades de alterar documentación antes, cuando eran funcionarios, que luego en su condición de ex.

Y segundo, por lo vago y discrecional de la acusación: ¿cómo se determina objetivamente si un exfuncionario tiene voluntad de obstruir el accionar de la justicia?

Muchos recordaron que, exactamente con esos mismos argumentos, se podría haber dictado la prisión preventiva de Mauricio Macri, quien durante su gestión como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires había estado procesado en una causa por escuchas telefónicas ilegales. O, incluso, ya siendo presidente, cuando se lo investigó en el marco de los Panamá Papers.

Hoy, aquel criterio de prisión preventiva está en revisión y ya se especula con liberaciones de muchos de quienes habían sido detenidos bajo ese criterio.

Puede ser que ese cambio de postura haya sido producto del debate interno de la justicia. O puede ser que lo que haya primado haya sido la presión de la política.

Por ejemplo, en el mensaje de Alberto Fernández, el candidato con más chances de ganar la presidencia, quien alertó que los jueces “deberán dar explicaciones por sus fallos”.

“En la Argentina la regla siempre fue que todos tiene que estar en libertad hasta que no se compruebe su culpabilidad. La prisión preventiva debe ser la excepción. La verdad es que hay una sensación de que los jueces federales van acomodándose al calor del poder de turno, y eso es malo definitivamente”, dijo Fernández, que es abogado penalista y profesor en la Facultad de Derecho.

Advertencias de Alberto y “panquequismo” judicial

El hecho de que está a punto de cambiar el color del poder político y que Alberto Fernández haga este tipo de advertencias –por no mencionar el hecho de que Cristina Fernández está cercana a convertirse en vicepresidente– han desatado un terremoto en el poder judicial.

Durante el auge de las prisiones preventivas, el análisis que hacían los expertos en la interna de la justicias era que muchos magistrados hacían “fallos en defensa propia”. Es decir que sobreactuaban la dureza contra los funcionarios macristas precisamente porque antes habían sido acusados de “cajonear” causas, o porque ellos mismos estaban sospechados de connivencia con corruptos.

Muchos ostentan patrimonios difíciles de explicar y se exponen a ser investigados.

Por otra parte, hay prácticas que se han revelado en los últimos meses que también podrían ser objeto de sanción. El caso más notorio es el del fiscal Stornelli –uno de los más activos en las causas contra Cristina Fernández–, que está sospechado de vínculos con espías y de recurrir a prácticas extorsivas hacia testigos.

efe 20190809

Se perciben aires de cambio en la justicia argentina, en sintonía con el cambio político. Hay jueces que hoy justifican el criterio de las prisiones preventivas por la “presión mediática” para actuar. Una presión que ahora, con el nuevo contexto político, empieza a soplar en sentido contrario.

Tanto que el ministro de Justicia, Germán Garavano, no dudó en criticar el “panquequismo” de los magistrados que actúan en los juzgados federales.

A propósito, uno de los que mostró más irritado en los últimos días fue Mauricio Macri. En el acto de presentación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, tuvo palabras duras para los jueces.

"Así como decimos que si la Justicia es lenta no es Justicia; si no es independiente, tampoco es Justicia. Y estos años hemos trabajado mucho para que la política no intervenga", sostuvo Macri en un acto en la Casa de Gobierno.

Acaso mientras hacía su discurso le haya venido a la mente la larga lista de causas que impulsaron en los últimos años los parlamentarios kirchneristas y que en estos días están recobrando impulso. Son causas que lo involucran a él directamente o a sus familiares por actos de su gobierno y que se activan a una velocidad inversamente proporcional a la que se están desarrollando las investigaciones contra el kirchnerismo.