Pese a penas más duras robo de ganado no frena y aumenta

Este último caso derivó en un detenido que fue sentenciado a un año de prisión más seis meses de libertad asistida debido a que contaba con antecedentes penales, en algunos casos también por abigeato. 

A mediados de febrero, dos vacas adultas también de la raza Holando fueron degolladas por delincuentes que huyeron con la carne. Eran varias veces campeonas en exposición ganaderas de todo el país, con excelente genética y alto valor por sus niveles de producción lechera, lo que implica una pérdida potencial mucho mayor. 

En agosto de 2016, con la ley 19.418 (llamada del Delito de Abigeato) se modificaron algunos artículos del Código Rural (258 y 259) con el fin de introducir penas más ejemplarizantes a este delito, que pasó a establecerse como castigo de tres meses a seis años de prisión. 

El robo de ganado siempre estuvo presente en el campo uruguayo, pero a pesar de los avances tecnológicos y georeferenciales en el medio rural, el abigeato sigue siendo un problema que inquieta tanto a productores rurales como al gobierno, al punto que el tema vuelve a estar sobre la mesa cuando aparece algún caso con notoriedad. 

Según datos proporcionados por la Comisión Nacional de Seguridad Rural, durante 2018 se registraron 1.785 denuncias por abigeato, 152 más que en el año anterior. Esto implicó un aumento del 9,3% en los caso denunciados por robo de ganado. 

De ese número de casos denunciados el año pasado 1.614 fueron vacunos, 2.860 ovinos, 132 equinos y 230 chanchos, lo que representa casi tres animales por denuncia efectuada. 
En departamento más afectado es Canelones, dada la particular estructura demográfica que presenta en el ámbito rural.  

De todas formas, tanto las gremiales vinculadas al agro como el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, han reconocido en varias circunstancias que muchos de los casos de abigeato no terminan siendo denunciados. De hecho, los productores ganaderos entienden que son los menos. 

El jefe de Policía de Paysandú y representante del Ministerio del Interior en la Comisión de Seguridad Rural, Luis Mendoza, dijo a El Observador que “la denuncia es fundamental porque si no hay denuncia no hay delito”. 

Mendoza mencionó que a diferencia de lo que ocurría años atrás donde había destacamentos con efectivos en el medio rural, ahora la Policía apuesta a una estrategia de patrullaje “Gavilán”, que consiste en controles sorpresivos y dinámicos en rutas y caminos. 

“Al haber cambiado los medios de comunicación a diferencia de lo que ocurría hace unos años atrás, se optó por una estrategia que apunta a lo preventivo y lo disuasivo”, explicó Mendoza. 

Sin embargo y ante la reconocida imposibilidad de detectar a un ladrón de ganado al momento de carnear, Mendoza reconoció que tras la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal en noviembre de 2017 una vez que se detecta el delito se trabaja con Fiscalía para generar las pruebas. 

El jerarca manifestó que se empezó a apostar a lo tecnológico, ya que para este tipo de delitos por sus características también vecinales resulta muy dificil conseguir testigos, por lo que se apuesta a la información. Tras la presencia de un caso de abigeato Policía Científica se hace presente para sacar una muestra del animal carneado. Esta prueba después es contrastada con la muestra que la Policía recupera tras un operativo, en un estudios que son efectuados por el Instituto Nacional de Carne (Inac). 

Con respecto a la forma de trabajar, para Mendoza es fundamental que la gente afectada por abigeato haga la denuncia, ya que debido al nuevo procedimiento utilizado para detectar casos de robo de ganado se utiliza un sistema de georeferenciación que mapea los sitios donde más casos hay. “Cuanto más localizados los casos de abigeato, mayor va a ser a la intensificación de los patrullajes de esa zona”, explicó el oficial. 

Cambios en el sistema 

Los casos con mayor resonancia mediática del último año en relación al robo de ganado, sin embargo, fueron si se quiere de “guante blanco”. A principio de este año el robo de 300 vacas terminó con la formalización de 13 personas, 10 hombres y tres mujeres. Además de empresarios y consignatarios ganaderos, estuvieron involucrados operadores del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG).

Todos los imputados llegaron a un acuerdo “reparatorio” con la víctima, tras devolver el ganado y abonar una cifra similar al 15% del precio de mercado por daños y prejuicios, que significó la extinción del delito. 

Unos meses antes, tras denuncias de varios productores ganaderos por el hurto de novillos en Treinta y Tres, efectivos policiales de ese departamento detuvieron un camión que trasladaba ganado, entre los cuales había animales con caravanas de trazabilidad cambiadas. 

Finalmente en este caso, la Fiscalía de Treinta y Tres solicitó la formalización de un hombre por la presunta “comisión de reiterados delitos de abigeato, especialmente y muy especialmente agravados en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de falsificación ideológica de documento público por particular y expedición de certificado de guía falsos”. 

En el campo del acusado se encontraron cientos de caravanas de ganado y se concluyó que el imputado vendió ganado ajeno, sin autorización, utilizando una identificación y registro de animales de terceros, firmando de puño y letra la transacción de venta de animales, sin consentimiento ni conocimiento de sus propietarios. La estafa fue por varios millones de dólares. 

Ante estos casos, desde el SNIG y las gremiales trabajan en un cambio en el sistema de identificación animal, particularmente en una adecuación de la guía electrónica con el fin de agregarle mayor información. 

Según comentó la directora del SNIG, Maria Nela González, se le va a agregar al sistema la identificación por sexo, edad y marca. Para González, esto implica un impacto “bastante grande a nivel del sistema”.