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Robo de 300 vacas terminó con ocho empresarios imputados por la Justicia en Rocha

La policía desbarató la maniobra que involucró el abigeato de 300 vacas preñadas en diciembre pasado en ese departamento; la mayoría de los animales se recuperaron

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12 de enero de 2019 a las 17:31

La Justicia de Rocha resolvió la imputación de ocho empresarios que participaron de una maniobra de abigeato de 300 vacas preñadas, en un delito que ronda los US$ 180 mil. Otros cuatro ganaderos involucrados en la operación arribaron a un acuerdo de compensación con la empresa propietaria de los animales.

Según informó a El Observador el jefe de Policía de Rocha, Claudio Pereyra, en diciembre un grupo de productores -que administran ganado de una empresa- habían cedido a pastoreo 300 cabezas (vacas preñadas) o otro ganadero. Cuando los propietarios quisieron hacerse de su ganado, se encontraron que había desaparecido. Tras la denuncia, las autoridades policiales rochenses comenzaron a trabajar en conjunto con el Ministerio de Ganadería. En medio de la investigación, según informó Pereyra, el dueño del campo a pastoreo se suicidó.

La Policía logró dar con el paradero de la mayoría de las vacas (unas 270) en distintos campos del departamento de Rocha. Una vaca preñada cotiza hoy en el mercado ganadero a unos US$ 600. “Se logró establecer que hubo algunas irregularidades en esas compras, en la documentación, en las guías de propiedad y tránsito, en las marcas y caravanas (de trazabilidad)”, explicó Pereyra.

Por este motivo, la Fiscalía Letrada del Chuy dispuso este viernes la formalización de ocho empresarios, algunos de los cuales están radicados en Montevideo que tienen campos o son arrendatarios en ese departamento.

En tanto, otros cuatro empresarios llegaron a un “acuerdo de reparación” con la empresa propietaria de los animales, indicó Pereyra.

Ahora la fiscal determinará cómo prosigue la investigación.

En 2016, el Parlamento aprobó cambios cambios que endurecieron las penas para quienes cometan el delito de abigeato, en particular para aquellas personas que oculten o comercialicen los productos obtenidos del delito. El Código Rural establece de tres meses de prisión y un máximo de seis años de penitenciaria para quienes cometen abigeato.

Un negocio organizado

En octubre del año pasado, el ministro de Ganadería, Enzo Benech, declaró que detrás del abigeato en Uruguay no es que haya gente carneando o robando para comer, sino que hay “un negocio”. "Estamos convencidos que el abigeato en Uruguay no es un tema de que la gente mate una oveja porque tiene hambre o necesidad para comer. Es parte de un negocio, donde no necesariamente son chicos. Hay estructuras organizadas y en algún lugar se vende la carne. Hay que trabajar con las intendencias para el control de los puntos de venta, que de esa forma se va a poder controlar por lo menos un poco más",  afirmó.

En noviembre pasado, el MGAP elevó una denuncia penal a raíz la estafa millonaria ocurrida en Treinta y Tres a principio de octubre, por la que la Justicia le imputó a un productor rural “comisión de reiterados delitos de abigeato, especialmente y muy especialmente agravados”.

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