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La "muy mala" oferta de Alcántara por las cámaras

El consorcio que representaba no era competencia real

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13 de agosto de 2018 a las 12:00

El consorcio que representaba Walter Alcántara, el hombre que desató la crisis institucional del fútbol al grabar varias conversaciones con el expresidente de la AUF Wilmar Valdez, presentó una oferta a la AUF por el sistema de identificación facial que fue considerada como "muy mala", según surge del informe técnico de la empresa ITC, que asesoró a la AUF en el proceso, al que accedió El Observador.

Entre las empresas que se presentaron en la segunda instancia del llamado de la AUF para adquirir el sistema de identificación facial en el Estadio Centenario en 2015 estaba el Consorcio Cei-Sammi, integrado por la constructora CEI y capitales coreanos. Esos capitales coreanos eran representados por Alcántara.

Algunas de esas conversaciones están vinculadas a este proceso, y en ellas se escucha decir a Valdez que el gobierno tenía intereses en que ganara DDBA y que por eso no podía ayudar a su amigo Alcántara.

Según surge del informe técnico de la empresa ITC, el resultado de la prueba técnica del consorcio que representaba Alcántara fue considerada como "muy mala". Fue de las peores puntuadas ya que no cumplía con algunos requisitos básicos pedidos en el pliego, por lo que fue considerada entre las ofertas "descartables".

El lapidario informe

"La oferta presentada menciona una lista de componentes que deberían formar parte de la solución, pero no se brinda ninguna propuesta concreta que lo resuelva. A modo de ejemplo, no se brinda detalle de hardware, software y servicios ofertados. El mismo fue solicitado pero solo se envió un detalle del equipamiento a utilizar en la prueba piloto", expresa el informe que la consultora ITC envió a la AUF. Agrega que "la propuesta no cumple de manera satisfactoria con los requisitos técnicos del pliego".

Además, el informe de ITC enumera todo lo que le faltaba a la oferta. Dice que no se incluyeron las cámaras de las unidades móviles, ni la integración de las cámaras analógicas de los estadios, y que "no se detallan las actividades a realizar ni los servicios ofrecidos".


También dice que en la propuesta de Consorcio Cei-Sammi no se incluían los siguientes ítems: arquitectura de la solución, plan de instalación, de capacitación, de mantenimiento de soporte, cronograma estimado (solo se indicaba que se demorarían tres meses en ejecutar los trabajos) ni cartas de respaldo de fabricantes.

Respecto a la prueba técnica de identificación facial dice que "se enrolaron 40 personas y los resultados no fueron favorables", ya que solo se identificaron 19 personas.

Además de todo eso, el informe de ITC menciona que "el equipo de trabajo se compone de dos personas residentes en Uruguay y siete provenientes de Corea del Sur. En el piloto se evidenció que el conocimiento del equipo de Corea es parte fundamental para la realización del proyecto y que dichas personas no hablan español".

"Todo el piloto se desarrolló con una doble traducción entre los interlocutores: español-griego-coreano, debido a que el personal de CEI-SAMMI aparenta no poseer los mínimos conocimientos necesarios", agrega la evaluación de ITC sobre la oferta que Alcántara insistía ante Valdez, y por la cual el expresidente de la AUF argumentó que no podía favorecerlo por la influencia del Ministerio del Interior.

La alusión al griego es porque uno de los integrantes del consorcio -y socio de Alcántara- era Demetrio Kagioglou, otro lobista que trabajó en varios negocios con Alcántara. Entre ellos, el proyecto por la remodelación del Estadio Centenario, que ocupa otro de los capítulos del escándalo de los audios del AUFGate.

"Está el ministerio (del Interior) metido y adentro del ministerio va la cometa de la empresa que ganó. Tiene que ser de esa forma, ¿me entendés? Ahora, si no lo logramos, yo voy a manejar otra alternativa", dijo Valdez a Alcántara según la transcripción del audio que publicó Búsqueda del audio en el que hablaban de este tema.

Al renunciar a la reelección en una entrevista en Punto Penal el 29 de julio, Valdez confirmó haber dicho eso, pero aclaró que no era lo que pensaba. "En el fragor de la lucha uno dice cosas que no las piensa", adujo, y argumentó que lo había dicho simplemente para sacarse a Alcántara de encima, ya que insistía con la idea de que lo ayudara.

DDBA fue la ganadora del proceso a pesar de no haber sido la elegida por la AUF e ITC en un primer momento. Ambos se habían volcado por Servinfo, que era 16% más económica que DDBA (alrededor de US$ 173 mil)y por lo tanto mejor en el balance calidad-precio, según ambos. Sin embargo, el Ministerio del Interior argumentó que "la falta de experiencia" de Servinfo era "un riesgo" que ponía "en duda" el éxito del proyecto, por más que la empresa había pasado todas las pruebas técnicas realizadas entre ITC y la cartera. En cambio, dijo que DDBA era la más idónea técnicamente. Esa opinión del ministerio fue clave para que AUF e ITC se volcaran finalmente por DDBA.

Los coreanos y el proyecto de US$ 250 millones por el estadio

Alcántara y Kagioglou también representaban a esos capitales coreanos en la frustrada oferta que realizó por la remodelación del Estadio Centenario, por US$ 250 millones de dólares. Ese proyecto no avanzó cuando la comisión de remodelación -integrada por la AUF, CAFO, Intendencia y Secretaría de Deportes- le pidió al grupo un proyecto global, arquitectónico, de financiamiento, ejecución y de modelo de gestión, informaron a El Observador fuentes de gobierno.

En uno de los audios que grabó Alcántara, y que escuchó El Observador, Valdez le pide al lobista manejar el proyecto solo con él, para evitar que otros miembros de la comisión pidan "puntitas". Sin embargo, más adelante y según un audio que transcribió Búsqueda, ambos conversan que hay "tres partes" uruguayas involucradas en ese negocio: Alcántara, Valdez y Kagioglou. Valdez no recuerda haber dicho lo que surge de los audios, informaron a El Observador fuentes de su entorno, y argumenta que sus palabras fueron editadas. El martes Valdez presentó una denuncia penal ante Alcántara por lo que entiende fueron presiones del lobista.

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