La población en situación de calle en las ciudades de Brasil superó las 281.000 personas en 2022, lo que representa un aumento del 38% con relación a 2019, según reveló un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea, por sus siglas en portugués), fundación pública de carácter federal vinculada a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia del país.
El trabajo indica que más de un 20% de las personas que viven en las calles lo hacen en la ciudad de San Pablo, la mayor urbe del país y de Sudamérica, con 13 millones de habitantes y sede de los poderes económicos y financieros del país.
El relevamiento de Ipea, que tiene en cuenta también el aumento de la población en situación de calle producto de la pandemia de Covid-19, señala que el panorama en las principales ciudades de Brasil se modificó a partir de 2019 con el cese de las políticas públicas de vivienda orientada a los hogares de bajos ingresos decidida por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.
Según el organismo, la cancelación de los programas habitacionales, sumado a la pandemia, llevó a decenas de miles de familias a vivir en carpas improvisadas debajo de viaductos, en las plazas o en las veredas de las grandes ciudades, aumento de la cantidad de personas en situación de calle que fue superior en proporción al crecimiento poblacional del país.
El informe destaca que, entre 2012 y 2022, el crecimiento de la población fue del 11%, mientras que el segmento de las personas que viven a la intemperie se disparó un 211%.
En ese dramático contexto, la región sudeste del país, que concentra a las grandes ciudades de San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, tiene más de la mitad del total de la población en situación de calle, unas 151.000 personas, según el Ipea. En tanto, en el norte amazónico, donde viven más de 25 millones de personas, la población en situación de calle pasó en cuatro años de 8.000 a 18.000 personas.
El estudio se conoce en momentos en que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva procura relanzar el programa Mi Casa Mi Vida, creado hacia el final de su segundo mandato presidencial y continuado por su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016) para facilitar créditos para la adquisición y/o construcción de vivienda a los hogares con ingresos de hasta US$ 400. Programa al que Bolsonaro cambió su nombre por Casa Verde y Amarilla, al tiempo que lo restringió a las familias con ingresos cercanos a los US$ 1.000 dólares mensuales.
