La foto que ilustra este capítulo, tomada el 1º de mayo de 1992, muestra a una parte de la dirección del Frente Amplio de entonces: de izquierda a derecha, al general Víctor Licandro; el renunciante secretario general del Partido Comunista, Jaime Pérez; el intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez; el senador Danilo Astori; y el general Líber Seregni. Detrás pueden apreciarse, entre otros, al colorado Víctor Vaillant, quien se había sumado a la campaña pro referéndum contra la "ley de empresas públicas"; Wilfredo Penco, entonces jerarca municipal; y Reinaldo Gargano, senador del Partido Socialista.
Miguel Arregui

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La renegociación de la deuda en 2003 y los dilemas de la izquierda

Una historia del dinero en Uruguay (XLIX)
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12 de septiembre de 2018 a las 05:00

Entre 2002 y 2003, un tiempo de desastres, el Estado uruguayo caminó bordeando la cesación de pagos de la deuda pública (default); en parte por su elevado monto, que rondaba el 100% del PBI; en parte por la baja recaudación y la sequía de reservas; y en parte porque los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones de crédito querían obligar al gobierno de Jorge Batlle a reprogramar los desembolsos y hacer grandes quitas a los acreedores, al estilo argentino. El terrible fracaso del gobierno de Fernando de la Rúa pesaba en el ánimo de todos; y Uruguay no era sino un apéndice.

La tozudez del gobierno de Jorge Batlle por respetar los contratos originales fue otro punto de inicio de una andadura singular y diferenciada.

El debate en la izquierda: Vázquez y Astori

Hubo “lealtad institucional” de casi todos los sectores, salvo en los extremos. Pero el debate en el seno del Frente Amplio fue agudo, pues muchos temían que un arreglo muy oneroso de la deuda comprometiera el casi seguro futuro gobierno de la coalición, que ya era mayoría relativa en 1999. 

Una parte de la dirigencia frenteamplista proponía declarar el default e imponer a los acreedores un nuevo arreglo con grandes quitas, al modo argentino, aunque el país quedara sin crédito y sin inversión. La suspensión del pago de la deuda argentina, anunciada en diciembre de 2001, entre aplausos, vítores y al son de la “Marcha peronista”, por el presidente Adolfo Rodríguez Saá, quien duró una semana, aún cosechaba simpatías por estos lares (ver el capítulo XLVI de esta serie).

Entre los partidarios de ir al default y no pagar las deudas, sino solo en parte, se contaban el socialista Reinaldo Gargano, cuyo partido tenía la bancada parlamentaria más numerosa del Frente Amplio; y también, aunque más ambiguo, el líder de la coalición, Tabaré Vázquez.

La alta deuda pública uruguaya, entonces equivalente a más del 100% del PBI anual, tenía algo de espejismo. La devaluación del peso uruguayo el 20 de junio de 2002 hizo que el precio del dólar trepara 70% en menos de dos meses, por lo que la producción uruguaya o PBI, medido en dólares, cayó significativamente. La recuperación de la producción y del valor de la moneda uruguaya a partir de 2004 hizo que la ratio deuda/PBI bajara rápidamente. Pero, de todos modos, la deuda era grande y pesada.

El 25 de marzo de 2003, cuando las reservas del BCU estaban casi agotadas, Tabaré Vázquez dijo en el programa radial En Perspectiva, que entonces emitía El Espectador: “Uruguay no está en condiciones de enfrentar la deuda externa”, y agregó que ya “estamos viviendo un default”.

Vázquez se oponía entonces en forma radical a la reprogramación de la deuda uruguaya, pues creía que sólo se estaba difiriendo la cesación de pagos hasta que él gobernara.

La casi solitaria posición contraria del frenteamplista Danilo Astori, cercana a la del gobierno y enfrentado al grueso de la izquierda, fue decisiva. Con gran valentía personal, que le valió incluso tolerar el grito de “traidor” de algunos militantes fanáticos, Astori respaldó una reprogramación voluntaria de los bonos, cuyos vencimientos se extenderían cinco años, aunque respetando sus montos y la moneda pactada originalmente. Era una forma de honrar los compromisos y mantener el crédito internacional; pero también la opción más sabia de largo plazo para un Estado que procurara diferenciarse del realismo mágico latinoamericano.

Entre los interesados en el cumplimiento de la deuda uruguaya también se contaban los más de 600.000 trabajadores afiliados por entonces a las Afaps (ahorro previsional), obligadas por ley a invertir en bonos locales.

Ya a principios de agosto de 2002 Danilo Astori había estado en desacuerdo con la mayoría del Frente Amplio, cuya bancada no votó la ley de “estabilización del sector financiero”, destinada a sostener la banca pública nacional y los bancos intervenidos. Dijo en sala que votaría en contra por disciplina partidaria; pero unos días después, tras ser regañado por Tabaré Vázquez, advirtió que si la aprobación de la ley hubiera dependido de su voto, ese voto “hubiera estado”.

El 5 de agosto, en una reunión con la bancada parlamentaria de la coalición, Tabaré Vázquez preguntó: “¿Soy el presidente del Frente Amplio o el hijo de la pavota?”. Y luego advirtió: “O se hace silencio, o se tienen que ir”. Vázquez se refería al sector de Astori, pero también al general Líber Seregni, líder histórico de la coalición, que había cuestionado alguna de sus afirmaciones. 

La respuesta de Astori llegó al otro día: “En cada oportunidad que tengamos necesidad de compartir con la sociedad uruguaya lo que pensamos, lo vamos a hacer”.

Pero al fin, pese a sus dudas y diferencias, la izquierda no sacudió el árbol tratando que el gobierno cayera como fruta madura. (La foto que ilustra este capítulo, tomada el 1º de mayo de 1992, muestra a una parte de la dirección del Frente Amplio de entonces: de izquierda a derecha, al general Víctor Licandro; el renunciante secretario general del Partido Comunista, Jaime Pérez; el intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez; el senador Danilo Astori; y el general Líber Seregni. Detrás pueden apreciarse, entre otros, al colorado Víctor Vaillant, quien se había sumado a la campaña pro referéndum contra la "ley de empresas públicas"; Wilfredo Penco, entonces jerarca municipal; y Reinaldo Gargano, senador del Partido Socialista).

Otra vez el sector agropecuario salvó la plata

Carlos Steneri cuenta en su libro Al borde del abismo que en enero de 2003, cuando las relaciones entre el gobierno uruguayo y el FMI eran muy frías, el presidente Jorge Batlle hizo una afirmación que resultaría profética: “Lo que realmente nos van a salvar (en el mediano plazo) son los inversores, que nos hagan crecer […]. Los que van a invertir son los finlandeses, en sumas impensables, para fabricar pulpa de papel. Y atrás vendrán otros”.

La aguda devaluación del peso uruguayo a partir del 20 de junio de 2002 hizo que el gasto estatal medido en dólares se redujera drásticamente. Bajar salarios, pasividades y costos de funcionamiento es precisamente lo que persiguen las grandes devaluaciones. Paralelamente, el sector productivo recuperó su competitividad, pues, también en dólares, cayó una parte significativa de sus costos (impuestos, salarios, tarifas públicas).

En el otoño ya había señales muy claras de que la economía se estaba recuperando. Otra vez, como en los buenos viejos tiempos, eran las agro-industrias las que sacaban el carro del pantano. Además, los precios internacionales se estaban poniendo muy atractivos, azuzados por la creciente demanda de China. Alcanzarían cotas cósmicas en los años siguientes.

“El Plan B era horrible”

En mayo de 2003 se renegoció parte de la deuda pública uruguaya, en acuerdo con el 92% de los acreedores, presumiblemente aterrados por el desastre argentino, con lo que se evitó el default. El vencimiento de los papeles se corrió cinco años. “Fue el día más perfecto de mi estadía en el Banco Central”, rememoró el contador y economista Julio de Brun.

“El plan B era horrible”, cuenta De Brun ahora, entrevistado para esta serie. “Era más o menos lo mismo que se hizo pero sin plata, lo que implicaba que la reprogramación de depósitos en el Banco República sería mucho más extensa, y que no se entregaría el dinero de las cuentas corrientes de los bancos intervenidos (Comercial, Montevideo, Caja Obrera, de Crédito), con lo que la ruptura de la cadena de pagos habría sido completa”.

El déficit fiscal, que fue de 3,7% del PBI en 2002, se achicó en los años siguientes. 

Alejandro Atchugarry renunció como ministro de Economía y Finanzas en agosto de 2003, después que se iniciara una vigorosa recuperación y un ciclo de bonanza que se extiende hasta hoy, 15 años después. “Quiero mucho a esta sociedad —le dijo a Gerardo Tagliaferro, de Montevideo Portal, en 2012—, pero la quiero mucho más después de ver con la tolerancia que asumió la crisis”. 

En 2004, un año electoral, con Isaac Alfie en el Ministerio de Economía, el gasto se redujo, en vez de crecer, por primera vez en un siglo. 

Sólo una parte menor del déficit del gobierno se cubrió con emisión de dinero, debido a las limitaciones impuestas por la ley orgánica del Banco Central aprobada en 1995.

La excelente conducta de la economía en los años siguientes hizo que la deuda pública uruguaya cayera mucho en términos de PBI, al menos hasta el período 2012-2014, cuando de nuevo comenzó a subir. La solución de 2003 no había sido, finalmente, sólo patear la lata hacia adelante.

La devaluación de 70% llevó otra vez la inflación a dos dígitos

La abrupta devaluación del peso (o su contracara: el rápido encarecimiento del dólar) provocó un salto de precios en el invierno de 2002, año en que la inflación fue de 25,9%. Pero se trató de un fenómeno puntual: un reacomodamiento repentino, y no estrictamente inflación, que es un incremento permanente de los precios provocado por una gran emisión constante.

De hecho se arrojó mucho dinero nuevo a la plaza a principios de agosto: para estabilizar el sistema bancario, y para que el gobierno pudiera pagar salarios y pasividades. Pero fue un acto puntual, no sostenido en el tiempo. En ese salvavidas el BCU gastó todo el margen de crédito que podía darle por ley al gobierno.

El dólar estadounidense, que cotizaba a 17 pesos en mayo, saltó a 23 en julio y tocó los 29 pesos en setiembre, antes de estabilizarse.

En el programa que el gobierno de Jorge Batlle firmó con el Fondo Monetario en agosto de 2002 para obtener asistencia, los técnicos extranjeros vaticinaron una situación desastrosa de las finanzas públicas, tanto como para prever un dólar a 50 pesos a fines de 2003. Y se estimó que la inflación superaría el 20% tanto en 2002 como en 2003.

El billete de 5.000 pesos

En 2003 se pusieron en circulación los nuevos billetes de 2.000 pesos. “Pero como la denominación máxima de los pesos uruguayos suele equivaler a unos 100 dólares, entonces también se planeó un billete de 5.000 pesos”, para cuando el dólar superara los 50 pesos, recuerda ahora Julio de Brun. 

Ese billete de 5.000 pesos encabezaría una serie con la efigie de los primeros presidentes de Uruguay, pues se avecinaba el bicentenario de la revolución independentista de 1811, así que llevaría el rostro de Fructuoso Rivera. El semblante de Manuel Oribe, el segundo presidente de Uruguay, debería entonces incluirse en un futuro billete de 10.000 pesos.

La economía comenzó a recuperarse en el otoño de 2003 con un vigor mucho mayor al previsto, lo que mejoró la recaudación impositiva. La devaluación sistemática del peso no se produjo, y el billete de 5.000 tampoco. Se guardó por un tiempo en el Banco Central y llevaba la firma de Walter Cancela, el primer presidente de la autoridad monetaria del ciclo de gobiernos del Frente Amplio iniciado en 2005. 

Pero años más tarde ese proyecto de billete de 5.000 pesos con la imagen de Rivera fue destruido. Una Comisión Honoraria de Billetes y Monedas, que asesora al Banco Central del Uruguay, propuso con éxito que las nuevas series llevaran imágenes de personajes de la cultura.

De cómo el peso uruguayo se recuperó a partir de 2004

En junio de 2002 el Banco Central abandonó toda política monetaria basada en el precio del dólar —como el tipo de cambio fijo, la “tablita” de 1978-1982 o la “banda de flotación” — y pasó a actuar solo mediante la cantidad de dinero. 

No se puede controlar la cantidad y el precio a la vez: si se controla el precio, la cantidad la fija el mercado, y viceversa. Cualquier apartamiento de esa regla, mediante precios artificiales o emisión excesiva, termina en desastre.

En la segunda mitad de 2004 el precio del dólar comenzó a caer, como si se hubiera mantenido el ritmo devaluatorio del peso anterior a junio de 2002. Desde entonces el peso uruguayo se valorizó ante la moneda estadounidense, un proceso extraordinario que duró al menos 15 años y del que se hablará en próximos capítulos de esta serie.

Al hacer un balance de medio siglo de desempeño del Banco Central, su primer presidente, Enrique Iglesias, dijo el 6 de noviembre de 2017: “Cuántas décadas y crisis nos costó aceptar que la fluctuación del tipo de cambio es un elemento natural para paliar la entrada y salida de capitales”. También sostuvo que durante la crisis de 2002 el elenco del Banco Central tuvo una actuación “espectacular”. 

A partir de 2004 se retomó la inflación de un dígito, aunque en algún año puntual, como 2008 o 2015, se estuvo muy cerca de alcanzar el 10%.

Uruguay aún está entre los 20 o 25 países con la inflación más alta del mundo, en general superior al 8%, como Sierra Leona y Haití. Está mucho mejor que los campeones de América y del mundo, que son unos vergonzantes Venezuela y Argentina, pero muy lejos del promedio internacional, que es de 1,4%. Incluso Brasil tiene ahora una inflación que ronda el 3%, la más baja desde que se implantó el Plan Real en 1994.

Las economías maduras y desarrolladas suelen tener una inflación muy baja, e incluso deflación. La estabilidad facilita la convivencia social y el crecimiento. Así, por ejemplo, en 2015 la inflación fue negativa en Suiza: los precios en promedio cayeron 1%, en tanto el salario nominal aumentó 0,5%. El resultado final fue un aumento real de 1,5% en el poder adquisitivo.

Próxima nota: el ciclo frenteamplista

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