La responsabilidad penal de los presidentes

El acuerdo firmado entre el Estado y la empresa Katoen Natie por el que se extiende por 50 años –desde 2031 a 2081– la concesión de la terminal especializada de contenedores (Terminal Cuenca del Plata –TCP-) a la firma belga ya se judicializó. Tanto la justicia penal como la administrativa tendrán que intervenir y aunque tendremos que esperar años para conocer sus resoluciones, serán los tribunales los encargados de saldar el conflicto una vez más.

A la denuncia penal presentada por los legisladores del Frente Amplio, se sumó el viernes 8 un recurso de revocación contra la resolución del Poder Ejecutivo del 25 de febrero de 2021. Los legisladores alegaron que el Ejecutivo se entrometió en las potestades del Parlamento al resolver un tema que es legislativo y debió salir por ley. Pasados 180 días de este recurso, si el Ejecutivo no responde o si lo deniega, quedará habilitada la vía del TCA para plantear la nulidad de la resolución.

A su vez, en la denuncia presentada a finales de setiembre,el FA acusó a cuatro jerarcas -el entonces ministro de Transporte Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizaola, el presidente del Puerto, Juan Curbelo, y el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés- de cometer abuso de funciones al llevar a cabo “una serie de estratagemas y actos engañosos varios, que evidencian una clara simulación para conferir un beneficio indebido a la empresa, en perjuicio de otras empresas y del país, abusando de los poderes conferidos por el cargo que ostentan, violando una multiplicidad de leyes con conciencia y voluntad”.

En definitiva señalaron que “existió una confabulación entre autoridades del gobierno y representantes de la empresa Katoen Natie para arribar a un acuerdo ilegal”.

Horas después de que el FA presentara la denuncia en la sede de la Fiscalía, el presidente escribió en Twitter: “Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad”, escribió el mandatario.

Desde el FA fue tomado como una “presión” a la Justicia o una injerencia indebida. Desde el oficialismo dijeron que el presidente se hace cargo. El senador Charles Carrera lo calificó como “una intromisión, una presión sobre el sistema de Justicia”, de alguna forma está “dando como un mensaje” y aseguró que “alguien que se dice republicano no puede actuar de esa manera”. Mientras que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, afirmó en Twitter que la división de poderes “es sagrada” y “que un Presidente se adelante al análisis de la Justicia no es buena señal... Aunque no haya sido la intención, es una forma de presión”,dijo.

El lado más fino del hilo 

Aunque la intención del presidente hubiera sido decirle al fiscal que si llama a los ministros lo tiene que llamar a él, nada exculpa a los jerarcas de su propia responsabilidad. La responsabilidad penal no es transferible. Por más que un presidente u otro jerarca imparta una orden, el ministro o funcionario que sea no está obligado a acatarla si esa acción implica delito. No hay transmisión de la responsabilidad penal.

Por otra parte, en Uruguay los casos penales se han cortado por el hilo más fino y nunca un presidente en ejercicio fue indagado. Episodios de los últimos dos períodos de gobierno lo confirman

El más notorio fue el caso Pluna, la causa judicial más mediática del gobierno de José Mujica (2010-2015), en la que se probó que el gobierno participó en el armado de un remate ficticio para que López Mena, a través de un testaferro, se quedara con los aviones de la aerolínea. El 21 de diciembre de 2013 el fiscal Juan Gómez pidió el procesamiento sin prisión por abuso de funciones del ministro de Economía en funciones, Fernando Lorenzo (que renunció al cargo minutos antes de ser notificado en el juzgado del pedido fiscal), y del presidente del Banco República, Fernando Calloia. Finalmente, ambos fueron procesados y luego condenados.

A pesar de que José Mujica asumió la responsabilidad de la operación por la que fueron procesados, el entonces presidente nunca fue citado a declarar. El fiscal del caso Juan Gómez explicó a El Observador el por qué de su decisión: “Acá apelo a un viejo axioma: lo que no está en el expediente, no está en el mundo. Y la referencia concreta a la persona que usted menciona, que me hiciera útil su declaración, no está en el expediente. Y yo no acostumbro a situaciones espectaculares, a citar a un presidente de la República por el solo hecho de decir "yo lo hago". Si tuviera que hacerlo, si tuviera elementos, estamos en un estado de derecho, lo haría sin vacilar, con mucho respeto. Pero graciosamente, no”, dijo en aquel momento el ahora fiscal de Corte.

Pese a que el empresario de Buquebus Juan Carlos López Mena mencionó al presidente y admitió en el expediente que el primer mandatario lo llamó varias veces con el interés de que comprara los aviones y habló de reuniones que mantuvo con él, nunca se lo citó.

El otro caso emblemático fue el de José Nino Gavazzo. Ante el Tribunal de Honor que lo juzgaba por su actuación en la dictadura, Gavazzo confesó en 2018 haber sido el responsable de arrojar al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, militante tupamaro desaparecido antes del golpe de junio de 1973. La confesión de ese crimen llegó recién a la Justicia cuando el periodista Leonardo Haberkorn lo publicó en El Observador a fines de marzo de 2019. Y pese a que el gobierno había tenido esa bomba en sus manos durante más de un mes no lo denunció a la Justicia como debía.

Por esos hechos, el entonces presidente Tabaré Vázquez cesó al entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez, que murió pocos días después, al subsecretario, Daniel Montiel, y a los seis generales que habían actuado en el tribunal, entre ellos uno designado apenas un mes antes como comandante en Jefe del Ejército por el propio Vázquez.

Pese a que el mandatario y otros jerarcas del gobierno incurrieron en notorias contradicciones que al menos podían ser investigadas, el fiscal del caso Rodrigo Morosoli concluyó que la única persona responsable penalmente era el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos. Las demoras de la causa hicieron coincidir la citación con la asunción de Manini como senador como líder de Cabildo Abierto y le dieron el beneficio de los fueros, que no fueron levantados por el oficialismo, por lo que la imputación quedó por el camino.

En ese caso Vázquez sí fue citado a declarar. El fiscal se trasladó a la Torre Ejecutiva para tomarle declaración. En esta nota podés recordar el audio de ese interrogatorio. Pero muchos puntos flojos o contradictorios se mantuvieron en la nebulosa.

El 3 de abril, pocos días después de conocidas públicamente las declaraciones de Gavazzo, Vázquez dijo en entrevista con Gabriel Pereyra en VTV que se enteró de las confesiones del represor por El Observador. Sin embargo, el 4 de junio le dijo al fiscal Morosoli que en realidad sí estaba al tanto de los dichos de Gavazzo. Cuando el fiscal le pidió al presidente que recordara su reunión con Menéndez del 19 de febrero de 2019 y le preguntó directamente si en esa oportunidad, el ministro había ahondado “en las confesiones” de militar, Vázquez respondió: “Sí, efectivamente”. “No sé si ahondó, pero sé que efectivamente me lo comentó”, añadió en otro momento. El caso se cerró por ahí y las contradicciones en las que incurrió el mandatario relatadas en esta nota persisten hasta hoy.

Volviendo a Katoen Natie, no se sabe qué camino tomará el fiscal Ricardo Lackner -el mismo que indaga desde hace más de dos años la fuga de Rocco Morabito de Cárcel Central y aún no inculpó a nadie-. Tampoco se sabe si se sintió presionado por el tuit del mandatario. Lo que sí se puede afirmar es que restan meses o años de indagatoria penal, pero si considerara que el presidente o los ministros son responsables mientras estén en su mandato el único camino posible para juzgarlos sería el del juicio político.

El artículo 93 de la Constitución establece que “compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los
miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por
violación de la Constitución u otros delitos graves”.

Difícil, por no decir imposible, que en Uruguay se llegue a eso.